Autor: Moya Moreno, Arturo. 
   La libertad de información     
 
 El País.    26/04/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

TRIBUNA LIBRE

La libertad de información

ARTURO MOYA MORENO Diputado de UCD por (ira/latía

Alguna vez he escrito que la educación y la información son dos de las grandes piedras de toque para

detectar el grado de respeto y de reconocimiento de las libertades públicas en un Estado. Allí donde el

Poder determina cuál es la educación o la información que han de recibir los ciudadanos puede decirse sin

temor a errar que no existe la libertad. La libertad de información, junto con la libertad educativa, es uno

de los mejores termómetros de la salud democrática de una colectividad. En España, por desgracia, no

puede decirse que esta exigencia del espíritu humano que es el disfrute de la libertad de expresión haya

florecido en vida de los que hoy somos sus pobladores. En los últimos 39 años la presión del Estado sobre

la información ha sido una de las constantes de nuestra vida pública. La normativa legal, la práctica

autoritaria o arbitrista de los Gobiernos y las iniciativas del Poder por controlar directamente los medios

de difusión de ideas han sido factores determinantes del amordazamiento de la opinión pública. Sobre

esto creo que no es necesario insistir, porque la experiencia es demasiado próxima.

Órganos de expresión controlados

U no de ios expedientes de que el Poder se ha valido para controlar ia información y la opinión ha sido la

creación de órganos de expresión controlados por él. Durante el franquismo el Estado como tal era sólo el

titular del Boletín Oficial, y de ia cadena de Radio Nacional y Televisión Española, además de la red de

emisoras comerciales de Radio Nacional, que explota con el nombre de Radio Peninsular. Pero, junio a

éstos, el Poder controlaba también, por procedimientos más o menos indirectos, una amplísima gama de

medios que van desde la agencia Efe-Cifra-AIfil a la agencia del Movimiento Pyresa; desde la cadena de

diarios del Movimiento al periódico de la Organización Sindical Pueblo; desde la agencia sindical SIS a

la red de emisoras sindicales CES: desde la Red de Emisoras del Movimiento (REM) a la significativa

Cadena Azul de Radiodifusión (CAR), hoy fundidas en un solo ente, la Radio Cadena Española. De un

modo y otro, todo este complejo mundo bajo control tenía por objeto la propaganda del régimen, y el

contrapeso — e incluso la neutralización absoluta, como en el caso de la información televisada o radiada

de la expresión normal de la opinión pública entre nosotros. Con el advenimiento de la democracia era

razonable suponer que desde todos los sectores políticos, especialmente desde aquellos más castigados

por el franquismo. se apoyaría la urgente sustracción al control oficial de toda esta telaraña de medios de

expresión. Pues bien, lo que ha ocurrido ha sido, aunque parezca asombroso, todo lo contrario, y a la

desaparición del Movimiento o de la Organización Sindical no ha seguido lu correlativa desvinculación

pública de sus periódicos o emisoras, sino que se los ha puesto bajo !a titularidad directa y formal del

Estado. Es decir, se ha dado un paso regresivo muy difícil de explicar desde cualquier óptica democrática.

Naturalmente, nadie entre los defensores de esta situación^ todas luces anómala ha tratado de invocar

principios ideológicos o doctrinales en su apoyo, entre otras razones porque cualquier justificación de la

propiedad estatal o pública de medios de comunicación no puede hacerse más que desde presupuestos

totalitarios más o menos enmascarados. Alguna tímida alusión al carácter de «servicio público» de los

mass-media ha naufragado sola, porque es demasiado burda la suplantación de significados de lo que es

un «servicio público» en sentido genérico y lo que es un «servicio público» como concepto técnico-

administrativo. Las razones que se exponen son otras, de naturaleza laboral. Se alude a los millares de

Familias que hoy ganan el sustento en estos medios de comunicación, cuyo cierre equivaldría a dejarlas

poco menos que en la miseria. Y hay que decir que esta razón tiene el peso suficiente para que no se

adopten al respecto medidas drásticas con ligereza. Pero eso no equivale de ninguna manera a consagrar

la aberración que supone el mantenimiento de un Estado propietario de periódicos y emisoras. Ante la

consideración de esos millares de familias, lo único claro es que hay que buscarla solución más favorable

para ellas, pero evidentemente eso no tiene nada que ver con la consagración de una titularidad estala que

hoy es legal, aunque a todas luces ilegítima en buena lógica democrática. Los presupuestos del Estado

para el año en curso habilitan unos créditos para el sostenimiento de esta nómina de periódicos y

emisoras, entendiendo que se trata de una medida provisional hasta que se decida definitivamente la

solución de este tema. No era esto lo óptimo, pero al menos concedía un margen para normalizar la

situación. Lo que me parece grave, en cambio, es que e! proyecto constitucional sancione expresis verbis

la posibilidad de que el Estado sea propietario de cualesquiera medios de comunicación. Y me parece más

grave todavía si esto se ha plasmado en el proyecto con base en la situación .anormal y transitoria de

ahora mismo.

Intromisión del Poder

Porque si tenia una cierta explicación la consignación presupuestaria para 1978 a este capítulo extraño a

toda democracia, lo que debe hacerse en la Constitución es exactamente lo contrario de lo que se ha

comenzado a hacer, es decir, evitar consagrar la intromisión del Poder en una esfera típica, rotundamente

propia de las fuerzas sociales, como es la propiedad y el control de los medios de expresión de la opinión

pública. Es claro que los fundamentos de la situación presente, llena de ambigúedad, cuando no de

contradicciones manifiestas, no son de naturaleza ideológica o doctrinal, sino que obedecen a la necesidad

coyuntural de mitigar en lo posible las consecuencias negativas que para esas familias mencionadas mas

arriba tenga la normalización de este tema. Pero para mi sorpresa, y para la sorpresa de muchos, son los

partidos de la izquierda los que tratan la cuestión con mayor dosis de paternalismo. como si dieran por

supuesto que la desestatalización de los llamados «medios de comunicación social del Estado» les

conduciría a la ruina o a la desaparición inexorable. Como si dieran por supuesto que las personas que en

ellos trabajan fuesen incapaces de desarrollar su función de manera satisfactoria y con posibilidades de

éxito. No es de recibo la argumentación que desde la izquierda se hace a veces, alegando que la

privatización de todos esos medios desplazaría su propiedad a los «sectores oligárquicos». ¿Va a resultar

ahora que se plantean escrúpulos morales o éticos por trabajar para los «sectores oligárquicos» cuando

durante tantos años no parecía haberlos por trabajar directa e inmediatamente al servicio del «fascismo»,

y no el del Estado, sino nada menos que del Movimiento y la Organización Sindical vertical? ¡Por favor!

Pública subasta

¿Qué hacer, pues? ¿Cómo regularizar democráticamente la situación de los medios de comunicación hoy

en manos del Estado, con el menor coste social posible? En mi opinión, y puesto que el cierre puro y

simple queda descartado en función de que este Estado es legalmente heredero del anterior, lo que hay

que hacer es lo que cualquier Estado normal realiza cuando debe enajenar un bien de su propiedad sin

destruirlo: ponerlo a pública subasta. Si estas subastas se cubren habrá desaparecido el problema social de

las tantas veces mencionadas familias de trabajadores. También pueden arbitrarse fórmulas de

financiación razonablemente baratas a los propios trabajadores, si éstos quieren constituirse en

empresarios cooperativos y acudir a la subasta. Y si resultase que pese a todo no se cubriera, es que seria

meridianamente ciara la inviabilidad objetiva de los periódicos o emisoras rechazados. En una situación

así, ¿cómo puede defenderse la teoría de que sea el dinero público, el dinero de todos los contribuyentes,

el que cubra sistemáticamente el déficit de unas empresas inviables que, además, deben estar fuera del

control del Poder? Esto sería, sencillamente, un puro disparate. El Estado los poderes públicos, deben

garantizar la libertad de expresión en toda democracia, lo que conlleva una doble responsabilidad: de un

lado, la abstención de ser propietario o de controlar los medios de expresión de la opinión pública; de

otro, la obligación de ofrecer una información transparente de su actividad, situación de la cual, por

desgracia, estamos todavía muy lejos. No hay razón alguna por ia que el Estado sea propietario de medios

de comunicación, y menos aún en régimen de monopolio, como es el caso de la televisión, y no existe

motivo para que el Estado, en consecuencia, ejerza una competencia desleal con las iniciativas sociales.

La libertad de información pasa por el respeto del Poder a la expresión natural de la opinión pública y por

la transparencia de lo que el Poder hace, respondiendo de ello ante la sociedad, de la que no es más que

un mandatario.

 

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