Autor: Ferrando Badía, Juan. 
 Ante proyecto de estatuto valenciano. 
 Reino de Valencia no es anticonstitucional     
 
 Ya.    04/03/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Ante el proyecto de estatuto valenciano

Reino de Valencia no es anticonstitucional

AFIRMAR que reino sólo es el Estado español —como algún periodista dogmatizó—, por una parte, y por otra que la denominación «reino» es rigurosamente anticonstitucional —como en su día dijo rotundamente en Valencia Semanal un profesor universitario y algún que otro pedante político valenciano catalanizante ha afirmado recientemente—, implica, a mi modo de entender, un desconocimiento de la historia de las monarquías y de los últimos títulos que adornaban a sus reyes, sin que por ello se estuviera en el marco de un Estado federal. Se trata, sí, «de meras denominaciones legales», pero también estas denominaciones son un trasunto de antigaos reinos que tuvieron su existencia soberana. Y así, en el reinado de la reina gobernadora María Cristiana, madre de Isabel II, Javier de Burgos, mediante un real decreto de la reina (20-11-1833), llevó a cabo la división territorial de España en provincias, consumando así la centralización que se iniciara con Felipe V —el primer rey Borbón— y con el decreto de Nueva Planta de 1814. En el citado real decreto de 1833, en su artículo segundo, se dice literalmente:

«Art. 2. La Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería. Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de Aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en las cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; Castilla la Vieja se divide en ocho provincias, a saber": Burgos, Valladolid, Palencia, Avila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en cuatro provincias, a saber: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Extremadura se divide en las de Badajoz y Cáceres. Galicia, en las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El reino de León, en las de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia, en las de Murcia y Albacete. El de Valencia, en las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa; Palma, la de las islas Baleares; Santa Cruz de Tenerife, la de las islas Cañaras.»

Como fácilmente se puede colegir de una atenta lectura del artículo segundo transcrito, la reina de España ostentaba los títulos de reina gobernadora de Córdoba..., de Aragón, Valencia, etc. Y no creo que por ello se debiera afirmar que España tuviera una Constitución federal. En ninguno de estos momentos histórico-políticos España no estuvo en presencia más que de un Estado unitario.

Y como prueba de que el título de reino de Valencia es susceptible de ser asumido por un rey de un Estado unitario centralizado, como fue el español desde 1814 hasta la actualidad, o bien de un Estado autonómico como el creado por la actual Constitución, basta observar, con Francesc de Paula Momblanch, que, a pesar de la abolición del reino por Felipe V, tanto éste como sus sucesores, hasta Alfonso XIII inclusive, unánimemente se vinieron titulando «Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jesuralén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina», etc.

¿Es que seguían existiendo tales estados como entidades políticas soberanas? ¿Es que se trataba de un territorio o país con sus habitantes sometidos o sujetos a un rey efectivo y soberano?

El hecho de que el Rey de España asumiera —y asuma— en su persona tantos títulos (correspondientes a ex reinos anteriormente independientes), ello no quería, ni quiere, implicar que existieran o existen, en la actualidad, tales estados como entidades políticas soberanas. Evidentemente, no; como tampoco existen en tal sentido, el Principado de Asturias y el Condado de Barcelona, pero sí sus titulares, el hijo y el padre del actual Rey de España. Pues, en el mismo sentido, con carácter puramente honorífico, de mera «denominación legal», existe el reino de Valencia, puesto que rey de Valencia se ha titulado, como hemos dicho, cada uno de los soberanos que desde Felipe V vinieron ocupando el trono de España, y, concretamente, don Juan Carlos I, el 9 de julio de 1977, en el solemne acto de clausura del octavo centenario de la muerte de su ascendiente Jaime I el Conquistador, ante la representación oficial del reino y ante el pueblo de Valencia, se manifestó muy claramente ser de hecho y de derecha Rey de España y Rey de Valencia, palabras que fueron acogidas por la multitud con una impresionante ovación. (Cfr. Francesc de Paula Momblanch, en La bandera del reino de Valencia, Valencia, 1978, página 3.)

Ya hemos visto con anterioridad que no obstante los decretos de Felipe V anulando la personalidad independiente del reino de Valencia, sin embargo, los reyes continuaron ostentando, aparte de otros títulos, el de rey del reino de Valencia. Pues bien, en los momentos actuales en que la nacionalidad o región de Valencia (Vid. art. 2 de la Constitución) vive su proceso autonómico, que deberá cristalizar en un estatuto «valenciano» —ajustado, pues, a la realidad económica, social y cultural diferenciada de nuestro cuadrante—, Valencia debe exigir que, en su futuro estatuto, figure «la denominación... que mejor corresponda a su identidad histórica» (Vid. art. 147,2,a de la Constitución), es decir, la del título milenario de reino de Valencia. La historia está ahí y la Constitución ha venido a expresar en términos legales las exigencias de un pueblo milenario como reino. Y hubiera sido un grave error por parte de los constituyentes aceptar la enmienda de Noguera de Roig (que quería introducir en nuestra Constitución la viabilidad constitucional de la expresión «país valenciano»), pues, parafraseando a Mao-Tse-Tung, podríamos afirmar que toda Constitución que no tenga «en cuenta las tradiciones de un pueblo está condenada al fracaso».

Juan FERRANDO BADIA

(Catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional)

 

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