Las monografías de Informaciones. 
 Urbanismo y vivienda social     
 
 Informaciones.    23/12/1977.  Página: 1,3. Páginas: 2. Párrafos: 43. 

LAS MONOGRAFÍAS DE INFORMACIONES

VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 1977

Urbanismo y vivienda social

LA inmigración a las zonas de preferente desarrollo por parte de amplios sectores de la población rural

española se inició con la década de los años cincuenta, dando origen a la creación de grandes cinturones

suburbiales en el entorno de las ciudades, ampliándose luego en el despegue de los años sesenta hacia los

pueblos inmediatos. En principio, para las poblaciones migratorias la urgencia estaba centrada en la

necesidad de encontrar un medio válido de alcanzar unos ingresos salariales mínimos, así como de

esperar un futuro «diferente» para los hijos.

El habitat tenia una consideración secundaria, de tal forma que proliferaron las construcciones

chabolistas, conocidas popularmente como las «casas de la noche», porque había que centrar el esfuerzo

en levantar las rudimentarias paredes y cubrir precariamente el tejado para alcanzar el derecho a ser titular

de ese cobijo, contra el que ya nada podía hacer la autoridad.

Sin embargo, a medida que en años sucesivos se fue incrementando el nivel medio de vida y las familias

se encuentran inmersas en una ciudad en la que descubren termas de vida muy diferentes a las de estos

«ghettos suburbiales, hace su aparición la insatisfacción familiar y son muchas. las ciudades en las que los

conflictos del hombre ´con su inadecuada vivienda y su precario entorno vecinal, han dado origen a graves

tensionnes sociales canalizadas, a través de las reiteradas Quejas, ;que comienzan a canalizarse —ya en

los años sesenta— a través de las organizaciones ciudadanas.

La vivienda ya no se concibe solamente como «un tejado de la noche». Las familias reclaman su derecho

a disponer de un auténtico hogar que reúna las mínimas condiciones para hacer posible la convivencia.

Chabolas, «cuasi chabolas», alquileres con derecho a cocina, hacinamiento de padres e hijos en espacios

insuficientes, se convierten en uno de los primeros conflictos sociales y en el principal argumento

reivindicativo del movimiento ciudadano.

La demanda de vivienda comienza a manifestarse angustiosamente en las ciudades y pueblos que

alcanzan cierto grado de desarrollo, y hace su aparición un revuelto mercado de oferta, del que no pocos

oportunistas obtuvieron pingües beneficios. La escasez del bien primario que es la vivienda, y el ansia

familiar por «1 acceso a la misma en régimen de propiedad, dan pie a la proliferación de ese turbio

mercado en el que no faltan las grandes estafas, que arrancan desde el propio soporte de la vivienda, que

es el suelo, bien igualmente escaso en España por estos años del despegue económico.

Asuntos como el de la Nueva Esperanza se repiten, desgraciadamente, a lo largo de la década de los

sesenta, y alcanzan incluso al mundo cooperativo, que, al menos en teoría, carente de fines lucrativos,

debería garantizar las condiciones óptimas de acceso a la propiedad de la vivienda en las mejores

condiciones económicas. De esa demanda creciente se aprovechan no pocos oportunistas, que por ser

propietarios de suelo en alguna medida, se lanzan al mundo inmobiliario en detrimento de un sector

profesional cuya imagen desvirtúan ante la opinión pública.

Ni siquiera las actuaciones de la Administración escapan a esta incontrolada política especulativa.

Actuaciones oficiales promovidas directamente por la Administración y tendentes a dar viviendas a las

clases peor dotadas económicamente, padecen, por un lado, defectos tremendos en la edificación que se

van a traducir a no muy largo plazo en situaciones claramente ruinosas, por un lado, y en masificaciones

poblacionales por otro, y acompañado todo ello de una alegre —más aún, delictiva política, de

adjudicaciones arbitrarias que no siempre destinan las viviendas a esas clases más necesitadas para

quienes las construcciones de promoción. oficial fueron concebidas. La «dedocracia», el abuso de la

amistad y él pagó de favores se •manifiestan en las concesiones de las Viviendas oficiales, llegándose a

duplicar y triplicar en muchos casos la propiedad de vivienda >le carácter oficial, .viviendas que sirven

para negocios particulares de alquiler o incluso venta, y todo ello con bienes .que han sido posibles

gracias a la aplicación de fondos públicos.

Con el empuje del movimiento ciudadano comienzan a manifestarse a lo largo de todo el país quejas y

denuncias vecinales sobre el polémico y conflictivo tema de la vivienda. El deterioro progresivo de

barriadas enteras encona aún más la situación. Y coincidiendo Con todo ello se manifiestan los síntomas

claros del debilitamiento económico de la Administración. Paralelamente, una política demagógica y

paternalista ha congelado persistentemente los alquileres de viviendas de renta antigua cuyos propietarios

denuncian sistemáticamente ante la Administración la situación-que califican de insostenible, sin que por

parte oficial se dé respuesta adecuada a la actualización de los alquileres. Todo ello provoca el paulatino

deterioro ¿e estas viviendas de renta antigua, que van cayendo en una agonía peligrosa por falta de

medios económicos para emprender, por parte de la propiedad, las adecuadas obras de reparación. En la

obtención del solar ven los propietarios la única posibilidad que la Administración les deja libre para

liberarse de una carga económica que se deja exclusivamente a sus expensas. La lenta desaparición de

este viejo parque inmobiliario en los cascos urbanos es otro de los factores que habrán de influir

decisivamente en el incremento del déficit de viviendas con que España entra en la llamada «era

democrática».

NACE LA VIVIENDA SOCIAL

El régimen de viviendas de protección oficial llevado a cabo por los sucesivos Ministerios llegó a su

agotamiento en la década de los 70, y esto, unido a la crisis general de la economía española, que se

manifiesta con caracteres graves a partir de 1973, crea situaciones realmente graves por la constante

demanda de alojamiento que parte de las clases más modestas.

A nivel oficial se ensayan nuevas fórmulas para hacer frente a la demanda de alojamiento para las clases

de rentas modestas, pero lo cierto es que, con excepción de las viviendas de construcción directa, la

demanda no fue satisfecha óptimamente por ninguno de los tipos de viviendas de protección oficial que se

establecieron.

El primer Gobierno de la Monarquía, a través del ministro Lozano, realiza un intento de ensayo con el

que pretende superar la crisis del sector, y todo ello queda plasmado en la normativa reguladora de la

vivienda social, que sé produce en septiembre de 1976. Los dos principios fundamentares sobre los que el

Ministerio pretendía construir el nuevo sistema de viviendas se basaba: en los siguientes puntos:

1) Centrar la protección en el apoyo financiero al adquirente, y no en la promoción y construcción de

viviendas, como era norma hasta entonces.

2) Movilizar para la «vivienda social» recursos financieros de la Banca privada y de las Cajas de

Ahorro, recursos que hasta ahora eran absorbidos por promociones libres o protegidas destinadas a

sectores de renta media o

URBANISMO Y VIVIENDA SOCIAL

El préstamo máximo a que se tiene derecho para una vivienda social es el 85 por 100 del precio de la

misma elevada, es decir, viviendas libres o grupo primero.

Los objetivos básicos del lluevo sistema eran los siguientes :

a) Cubrir el déficit de viviendas sociales, que se estimaban en 450.000, en un período de cuatro años.

b) Mejorar y garantizar la calidad de las viviendas de este tipo.

c) Facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas a aquellas familias con menores niveles de renta,

estableciéndose para ello un sistema de financiación que dotase de capacidad económica a los

adquirentes de una de estas viviendas.

d) Hacer frente también al nivel de desempleo en la construcción en los años inmediatos.

SIMPLIFICAR LOS REQUISITOS

Básicamente, el plan de viviendas sociales se instrumentaba mediante el apoyo financiero del I.N.V. a los

adquirentes de las viviendas a los que se les concedía un préstamo de la Banca privada o de las Cajas de

Ahorro, estableciéndose una tipología de ayudas en función de los niveles de ingresos y de los programas

familiares de los adquirentes.

Desde el primer momento, el plan de viviendas sociales ha contado con numerosas y, a veces, insalvables

dificultades, tanto por el lado de los promotores como por el de las entidades financieras. Y ello, unido a

la complejidad administrativa que el Plan imponía, hizo que un año después de su implantación, el

programa de viviendas sociales se encontrase en un «impasse».

El «impasse» ´de esta política se trató de paliar con el real decreto de 5 de agosto ultimo, que al mismo

tiempo que unificaba el tipo de ayuda a los adquirentes, simplificaba en alguna medida la complejidad

administrativa anterior.

Tras las modificaciones introducidas, el sistema de la vivienda social se configura de la siguiente forma:

a) Los requisitos para poder acceder a una vivienda social son los siguientes:

— Tener unos ingresos familiares anuales comprendidos entre un límite inferior igual al 11 por 100 del

precio de la venta de la vivienda, y un límite superior igual al salario mínimo interprofesional

multiplicado por 2,5. Los casos de ingresos menores al límite inferior son atendidos por la construcción

directa.

— Carecer de vivienda, o no reunir la que se posee las condiciones de habitabilidad exigidas a este tipo

de viviendas, o que ésta sea insuficiente para las necesidades familiares.

b) El régimen de vivienda social establece como óptimo el que el máximo que se dedique al pago anual

por la vivienda no supere el 25 por 100 de los ingresos anuales familiares.

c) La cantidad máxima de entrega inicial por la vivienda no puede superar el 22 por 100 del precio de la

misma.

d) El préstamo máximo a que se tiene derecho para adquirir una vivienda social es

el 85 por 100 del precio de la misma.

e) La devolución de este préstamo por los adquirentes se efectúa en veinte años, con un sistema de

cuotas constantes.

f) El I.N.V. prestará su apoyo financiero al adquirente durante los primeros quince años,

contribuyendo con el 26 por 100 de la cuota de amortización a pagar a la entidad financiera que otorga el

préstamo. Durante los cinco años siguientes, el Instituto se resarcirá del apoyo mediante una cuota

constante y sin interés.

g) Los precios de la vivienda social establecidos paralas tres diferentes zonas en que se han clasificado

las provincias, en función de su categoría, se revisan trimestralmente mediante una fórmula polinómica.

EL PACTO DE LA MONCLOA

Si, como hemos señalado, es la vivienda uno de los principales problemas sociales que la población

española más modesta tiene planteado en el momento presente, y el Gobierno ha de destinar importantes

cifras de su presupuesto en la resolución del problema cara a los niveles ciudadanos más necesitados, el

tema de la vivienda no podía quedar fuera del llamado pacto de la Moncloa suscrito entre el Gobierno y

los partidos políticos con representación parlamentaria.

Este tema queda contemplado dentro de los acuerdos económicos, y concretamente en el apartado V, con

el epígrafe de «Política de Urbanismo, Suelo y Vivienda», ya que, como veremos más adelante, son los

dos primeros conceptos indivisibles y básicos para cualquier política coheren

te de vivienda que pretenda plantearse.

«En lo referente a vivienda —dice el acuerdo de la Moncloa—, la actuación del Gobierno se orientará en

una" doble vertiente: de una parte, hacia el establecimiento de mecanismos que garanticen la financiación

de la vivienda dentro de plazos adecuados, y de otra, hacia el aumento de la construcción de viviendas

para los sectores más necesitados de la población.»

El pacto asienta la política de la vivienda de acuerdo con los siguientes principios:

1." Promoción de las adquisiciones de suelo urbano o urbanízatele por las Corporaciones locales y otras

instituciones públicas, para su cesión temporal con destino a la construcción de viviendas destinadas a las

clases de rentas más bajas. A tales efectos, se facilitará la creación de empresas mixtas con participación

mayoritaria municipal.

2.» Prioridad absoluta a la construcción de viviendas con destino a la población de menor renta durante

1978 y 1979, elevando el número de las programadas en 1977 y favoreciendo el disfrute dé parte de las

mismas en régimen de alquiler.

3.° Instrumentación de los mecanismos democráticos pertinentes para adjudicación de viviendas de

promoción directa y el control general de éstos y de las viviendas sociales, asi como de sus acotaciones y

equipamientos urbanísticos´.

4.» Adopción de medidas eficaces para la utilización de viviendas desocupadas.

5.° Investigación urgente sobre la ocupación actual de las viviendas promovidas directamente por el

Estado, con el fin de acabar con las distorsiones existentes en este sector.

6.° Iniciación de las gestiones para descentralizar de inmediato la aplicación de la política de vivienda y,

muy especialmente, de viviendas sociales y de construcción directa.

7.o Realización de los estudios pertinentes para conocer el mercado de la vivienda de alquiler en España,

de tal forma que, a partir de los resultados obtenidos, se posibilite una actualización de la ley de

Arrendamientos Urbanos u otras medidas pertinentes.

8.° Instrumentación de apoyo financiero a través del crédito oficial —y dentro de sus posibilidades— para

la creación de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal destinadas a la adquisición de

suelo y promoción de viviendas sociales. Se establecerá, además, un marco institucional que promueva la

formación y desarrollo de entes promotores colectivos de viviendas, tales como patronatos municipales,

cooperativas de usuarios y otros similares.

9.° Remoción de los obstáculos jurídicos y administrativos que se oponen a la creación de un mercado

amplio de hipotecas, revisando para ello el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales en el

ámbito de los bienes inmuebles y proponiendo la regulación de fondos de inversión inmobiliaria, que

tomen como activo las hipotecas sobre inmuebles.

 

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