Consejo de Ministros extraordinario. 
 Movilización militar de todo el personal del «Metro» madrileño  :   
 La medida entrará en vigor inmediatamente, si el trabajo no se reanuda hoy. 
 ABC.    30/07/1970.  Página: 1. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO

MOVILIZACIÓN MILITAR DE TODO EL PERSONAL DEL «METRO» MADRILEÑO

La medida entrará en vigor inmediatamente, si el trabajo no se reanuda hoy

A las cuatro y media de la tarde de ayer, y bajo la presidencia del Jefe de] Estado, se ha reunido en el

Palacio de El Pardo el Consejo de Ministros, a fin de estudiar la situación planteada por el personal de la

Compañía del Metropolitano de Madrid, S. A., que cuando se estaba negociando la renovación de!

convenio colectivo ha abandonado repentinamente el trabajo, paralizando un servicio de utilidad pública.

El Consejo ha escuchado los informes de los ministros competentes sobre la gestión de estos hechos, las

graves repercusiones cíe los mismos en la vida ciudadana y consecuencias que se derivarían a los

empleados en caso de que persistieran en su actitud claramente al margen de los cauces normales

previstos por las Leyes.

En aplicación de la ley de 26 de abril de 1969, el Consejo ha acordado promulgar un decreto de

movilización militar en todo el personal de la Compañía del Metropolitano de Madrid, que, de no

reanudarse el trabajo hoy, día 30, entrará inmediatamente en vigor, habiéndose facultado a los ministros

del Ejército, Gobernación y Obras Públicas para que dicten las normas de desarrollo de tal decreto de

movilización en las materias de su respectiva competencia.

CONTENIDO DE LA LEY »E MOVILIZACIÓN

La ley de 26 de abril de 1969—en aplicación de la cual el Consejo de Ministros ha acordado promulgar

un decreto de movilización militar de todo el personal de la Compañía Metropolitano de Madrid, en el

caso de que no se reanude hoy el trabajo— titulada ley Básica. de Movilización Nacional, dispone en su

artículo primero que "todos los recursos nacionales, cualesquiera que sea su naturaleza podrán ser

movilizados para su empleo en las necesidades de la defensa nacional o cuando situaciones excepcionales

lo exijan". Al tratar a continuación de los aspectos de la movilización nacional, incluye la "movilización

humana" para añadir en su artículo segundo, que pueden ser objeto de movilización las personas y toda

clase de bienes que puedan contribuir a las finalidades indicadas en el artículo primero.

En el artículo tercero se establecen los grados de movilización, que podrá ser total o parcial. "La

movilización parcial podrá serlo en razón a la limitación de las personas o bienes que se movilicen o por

la extensión territorial que abarque", añadiendo en el articule cuarto, como autoridad que decreta la

movilización, el Consejo de Ministros, mediante decreto, que ordenará el alcance de dicha movilización.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL MOVILIZADO

El artículo octavo de la ley se refiere a la "movilización de personas" y dispone que "las personas sujetas

a movilización, conforme se expresa en el artículo segundo de la ley, estarán obligadas a facilitar. dentro

del plazo -ue se fije, los datos que puedan ser útiles para su encuadramiento q actividad en las necesidades

de la movilización". Añade este artículo, que "las empresas estarán, asimismo, obligadas a informar sobre

el personal a su servicio".

Entre el personal clasificado a que se refiere el artículo noveno de la ley, está e) llamado personal civil,

que se define como excluido en los grupos anteriores que se enumeran, que son el personal militar, el

personal movilizado y el personal civil militarizado.

Finalmente, en el artículo 14, y bajo la rúbrica "Prestación de bienes y servicios se dispone que "en caso

de movilización, el Gobierno puede acordar la requisa de bienes e imponer la prestación de servicios",

añadiéndose que "su ejecución corresponderá a las autoridades que reglamentariamente se determinen y

en la forma que se fije" La disposición primera de la ley determina que las normas contenidas en la misma

no obstan a las facultades que a la autoridad gubernativa concede la ley de Orden Público.

 

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