El movimiento sindical y el poder. 
 Necesidad de un ordenamiento jurídico de la empresa     
 
 Ya.    28/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Ef movimiento sindical y el poder

Necesidad de un ordenamiento jurídico de la empresa

ME parece de toda evidencia que para empezar por el principio en este toma la primera .reflexión ha de hacerse sobre la empresa: ha de alcanzarse un tipo de empresa en e] que el poder, en lugar de continuar atribuido exclusivamente al capital, sea compartido—por vía directa, o quizá mejor en sus primeras fases por vía de control—con el trabajo en su más amplia acepción. Cierto es que hay que considerar la progresiva separación de propiedad y ejercicio de poder efectivo que se ofrece en las grandes sociedades.

Aquí tenemos un fenómeno del que hay que deducir enseñanzas positivas en favor del futuro de una empresa en la que sea el trabajo su epicentro, del que surjan las decisiones, al que se atribuyan las responsabilidades, los beneficios y loa riesgos. Creo que vale la pena de meditar sobre este párrafo: "... podemos decir que en la Sociedad Anónima..., al ostentar el poder el órgano administrador sin qu« s» le impute la correlativa responsabilidad genérica, cabe atribuir al. personal una participación en el poder administrativo de la , empresa, sin necesidad de imputarle 1* derivada responsabilidad genérica, la cual recae única y exclusivamente sobre los accionistas.")

CUAN´TO más se piensa, más sorprende: la única célula social básica actual que carece de un ordenamiento jurídico es la empresa. Tratándose, como realmente se trata, de una comunidad de trabajo, orientada a producir bienes o servicios para la sociedad, precisa de un "status" jurídico, qué atribuya claramente el papel que a cada uno de sus elemento» integrantes corresponde desempeñar—con la. consiguiente participación—y fije la» responsabilidades que tes son inherente».

EN una- primera etapa, parece inexcusable atribuir a los trabajadores uanas facultades de control sobre el poder de rectoría que hoy vieua detentando el capital y que éste ejerce por medio de sus titulares o a través de los hombres que éstos libremente designan. Y, para ello, es indispensable perfilar los correspondientes instrunientos jurídicos.

NO creo preciso hacer una crítica minuciosa y detallada de la normativa legal reguladora del réigimeii da jurados de empresa y de enlaces sindicales, ni de la ley qu« atribuye la intervención de los trabajadores en los consejos de administración. Parto de considerar realidad palpable la inoperancia cierta—con carácter general, se entiende—de todas las normas que, inspiradas en el deseo de atribuir, en alguna manera, ciertas funciones de carácter social a los trabajadores, fueron promulgadas con grandes limitaciones, y, luego, en la práctica, recortadas con innegable eficacia. Desde la que creó y desarrolló los comités da seguridad e higiene en la empresa, allá por el sino 1941, hasta la ley llamada de Cogestión, promulgada en el año 1962—calificada por el profesor Garrigues, con indudable acierto, de mala imitación de la legislación alemana—, todas, sin excepción, han resultado ineficaces, no ya para acercarse al ideal previsto o Inspirador, sino también para mejorar, siquiera fuera en algunos de sus más cualificados aspectos negativos, la realidad cierta del duro antagonismo entre patronos y trabajadores, con la resultante de una empresa en la que ningún indicio de unidad se da entre sus elementos humanos constituyentes.

EL futuro jurídico que orlente a impulse las diferentes etapas que han de consumarse para alcanzar, mediante la integración real de los trabajadores en esa organización unitaria que debe ser 1a empresa, ha de empezar:

RECONOCIENDO personalidad a la asamblea de trabajadores, para considerar las cuestiones que a éstos afectan, por su simple condición de tales, en el seno de la empresa, y fijando claramente su competencia para ofrecer sus puntos de vista sobre los diferentes aspectos de la producción, especialmente para mantener una relación precisa entre rendimientos y retribución, entre frutos reales y participación cierta.

No sólo los aspectos de naturaleza social, sino, asimismo, los de matiz económico que estén directamente relacionados con la productividad y su rentabilidad han de ser debatidos y resueltos por la asamblea, a fin de que, sobre su base, puedan los representantes en ella elegidos negociar con el empresario. Eso si ha de quedar bien precisado que toda cuestión será considerada con la debida amplitud y que todo acuerdo, para ser vinculante, habrá íe adoptarse mediante votación secreta.

RECONOCIENDO a los mandatarios 1ibremente elegidos, en la proporcionalidad adecuada para que todita las categorías profesionales estén representadas, un marco de actuación concreto, a fin de que pueda llevar a cabo las negociaciones que la asamblea general les dicte con libertad e independencia.

Estos mandatarios, que constituirán, con uno u otro nombre, Ja representación de sus compañeros, eje roerán sus funciones durante un plazo determinado, podrán ser cesados en cualquier tiempo, mediante votación secreta con un quorum cualificado, y no serán reelegibles en el período inmediato siguiente al en que han ostentado el mandato .(Este es un medio bastante eficaz para acabar con el líder "de plantilla", que pronto se convierte en galápago; y, también, para dotar de movilidad a los elegidos.

PRECISANDO las formalidades de todo tipo que han de cubrirse para eue tanto la asamblea como sus representantes puedan reunirse y desarrollar sus funciones con todas las garantías necesarias.

ASEGURANDO que los sindicatos, constituidos o por constituir, no desarrollarán en el seno de la empresa más actuación que la que la asamblea acuerde expresamente, ni tendrán más representantes que aquellos que como tales sean elegidos por votación secreta por sus militantes en el seno de la empresa. (El sindicalismo ha de ser fundamentalmente de base, sin que sea desnaturalizarla bajo ninguna forma, y debe ser protagonizado con absoluto respeto a las minorías por el que sea más representativo.)

ATRIBUYENDO a los Tribunales de Justicia la competencia, exclusiva y excluyente, para el conocimiento de todas las cuestiones que se planteen en la aplicación de estas normas jurídicas de naturaleza sindical, cuya promulgación ha de estar inspirada en el derecho de los trabajadores a una plena acción sindical, sin impedimentos ni cortapisas, cualquiera que sea la razón legitimadora que pretenda imponerlos. La acción ha de ser pública, ello es, que cualquiera tendrá legitimación para" su ejercicio, gratuito hasta la resolución judicial. En ésta se impondrán las costas, y aun podrá sancionarse la temeridad, libremente apreciada por el juez

Juan MUÑOZ CAMPOS

 

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