Autor: Paris Eguilaz, Higinio. 
   Relaciones laborales entre el gobierno y las centrales sindicales     
 
 Ya.    20/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Relaciones laborales entre el Gobierno 5320120/ las centrales sindicales

El impuesto sobre el patrimonio, una expropiación del mismo por parte del Estado • La investigación de las cuentas corrientes tendrá efectos negativos • Convendría exigir dos tercios de los votos en el Congreso y Senado para cualquier nacionalización

El programa económico inicial diulo a conocer por el Gobierno el pasado 11 de junio y que según se anunció ge c o m p tetaría después con otras medidas, constituye el avance de una política económica, que por su trascendencia bien merece ser comentada y tenemos la seguridad de que las autoridades agradecerán estas observaciones, hechas con un deseo de colaboración.

1. INSTRUMENTOS PARCIALES Y OBJETIVO FINAL

No se pueden valorar los efectos probables de unas medidas, cuando aún no se han presentado los correspondientes proyectos de ley y no se conoce todavía la. cuantía de los nuevos impuestos, pero dejando a un lado la devaluación de la peseta, cuyo valor oficial ha descendido en relación al dólar en un 25 por 100 y cuyos efectos sobre los ingresos netos en divisas y sobre los precios interiores, dependerán de ia elasticidad de las exportaciones e importaciones a los nuevos tipos de cambio y también las medidas de lucha contra el fraude fiscal, siempre necesarias y beneficiosas, existen varios aspectos de principio, «obre los que sí se puede opinar.

El primero es que la política de ingresos, tanto en «u volumen total como en las diversas modalidades de impuestos, no se debe considerar aisladamente, sino en estrecha conexión con la política del gasto público, es decir, del presupuesto, pues los impuestos se recaudan para unas finalidades concretas, tanto en lo que afecta a los gastos de consumo para retribuciones del personal y material, como a los de inversiones públicas y teniendo en cuenta estos fines es como deben ser orientado» aquellos impuestos.

En este sentido cualquier proyecto, de reforma fiscal debería ser presentado al Parlamento sümUtáneamente con e1 proyecto de presupuestos, porque este sería su verdadera justificación, pues sin el previo proyecto de gastos, pierde consistencia la modificación del sistema de impuestos. En segundo lugar es bien conocido el hecho de que en la actualidad la política presupuestaria no constituye en sí misma un fin, sino sólo un instrumento al servicio de la política económica general y es ésta la que tiene unos fines, siendo el presupuesto en su doble aspecto de ingresos y gastos solamente un medio y este objetivo debe ser, en nuestra opinión, reducir fuertemente el paro, conseguir un alto nivel de empleo y reanudar el desarrollo, reduciendo en lo posible la inflación, ¿y qué es lo que ha pasado para que siendo el paro forzoso a finales de 1973 muy pequeño, sea hoy el más elevado que se ha registrado en España? Todos conocen que el paro va unido fundamentalmente a la insuficiencia del volumen de inversiones, es decir, a una subinversión del total de ellas, constituida por las inversiones públicas y las privadas y que en la etapa anterior representaba aproximadamente alrededor de un tercio de las primeras y dos tercios de las segundas y en un sistema de empresas privadas y mercado no se podrá resolver el problema aumentando solamente las inversiones públicas, sin que en las condiciones de la economía española actual sea válido el argumento de que las inversiones públicas financiadas con nuevos impuestos, provocaran por un efecto inducido un aumento suficiente de las privadas y por tanto desnivel total, como podría ocurrir «n cierta forma, en otras circunstancias, porque ahora falta la causa principal, el motivo básico, para elevar las inversiones privadas, que está constituido por la existencia de una relación eostes-precios adecuada; ello significa que los precios de venta de bienes y servicios han de cubrir los costes, incluidos los de reposición de los equipos productivos y han de producir un beneficio, aunque sea muy "moderado, como retribución de las aportaciones de los ahorradores pa´ra poder efectuar inversiones. Pero si las retribuciones salariales, incluida la Seguridad Social y los impuestos, impiden que se obtenga el nivel mínimo de beneficios, e incluso lo que se produce en gran número de «ña-presas son pérdidas, considerados aquellos beneficióos a precios constantes, el resultado será un aumento del déficit de la inversión total, sobre todo si se tiene en cuenta que la población activa sigue aumentando anualmente por efecto del crecimiento demográfico y esto es lo que está ocurriendo en los tres últimos años. Pues bien, en esas condiciones el aumento de Impuestos, a través de una mayor presión fiscal, no mejorará ¿1 problema del paro, porque actuará negativamente sobre los inversionistas, pues las do´ct riñas sólo son eficaces cuando se cumplen determinados supuestos, pero no cuando éstos faltan.

2. ALARMA POR LOS NUEVOS IMPUESTOS

Las nuevas medidas que se han anunciado y que se superpondrán a los impuestos ya existentes, y que hasta ahora no existían en nuestro país, han sido el impuesto sobre el patrimonio y la investigación de las cuentas corrientes, a efectos fiscales; por ello resultan las más polémicas y pueden interesar más a las autoridades conocer diversas opiniones en relación con los mismos, porque son las que han producido verdadera alarma no sólo entre los contribuyentes españoles, sino en relación con lo* inversionistas extranjeros en España, sobre todo si se tiene en cuenta que esas medidas figuran en los programas de los partidos Comunista (PCE) y socialismo marxista (PSOE), porque algunos lo interpretan, como la apertura de una vía que facilitará la aplicación de la política marxista. No es que por el hecho de figurar esas medidas en los programas de los partidos citados nos parezca mal, porque nadie puede pretender tener la exclusiva de acierto en materias de política económica, discutibles, sino que las motivaciones en que se fundamentan nuestras reservas son de tipo realista y objetivo, e incluso de carácter técnico, referentes a su aplicación.

¿Impuestos o expropiaciones?

3. CARÁCTER DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Cualquiera qué gea el aspecto formal con que se presente, el impuesto sobre el Patrimonio, en nuestra opinión, no resulta un verdadero impuesto, sino más bien una expropiación parcial del mismo por el Estado. Los impuestos constituyen una parte—la cuota— de los ingresos obtenidos por el contribuyente (base o líquido imponible) por el concepto de retribuciones obtenidas por el trabajo, o por intereses, dividendos, beneficios agrícolas, industriales, servicios o cualquier´clase de actividades lucrativas, o bien por recargos en los precios de venta de bienes y servicios o uso de los mismos, o por las operaciones con ellos relacionadas (transmisiones o actos Jurídicos) o sucesiones, y cualquiera que sea la calificación que se les dé, directos o indirectos, siempre existirá el denominado "hecho tributario", es decir, algo que produce un beneficio para el sujeto, Pero en el impuesto sobre el Patrimonio no existe en realidad el hecho tributario, y ocurrirá con gran frecuencia, sobre todo en la situación actual, que muchos patrimonios no producen beneficio real alguno, sino pérdidas, y mucho más si se consideran los rendimientos a precios constantes, a pesar de lo cual tendrán que pagar ese impuesto sobre el Patrimonio, lo que resulta totalmente contrario a la equidad, y lo correcto seria recargar los impuestos habituales « se considerasen procedentes.

Establecido el camino de esas expropiaciones patrimoniales sin indemnización, aunque fueran de pequeña cuantía, ningún argumento válido se podría oponer a las expropiaciones en gran escala que pudieran adoptar los partidos marxistas, y con esas perspectivas es lógico que su efecto sobre la actividad de los inversionistas sea negativo. Aparte de ello los problemas de valoración que se han de presentar en gran número de casos pueden dar lugar a discriminaciones y, por tanto, a graves injusticias tributarias, y debemos recordar lo ocurrido con el impuesto sobre "plusvalías" establecido en el decreto-ley de 30 de noviembre de 1973, que hubo que modificarlo repetidamente. En Francia, recientemente, después de muchas discusiones, un proyecto de esa naturaleza fue retirado, y no conocemos que un impuesto sobre el Patrimonio exista en las naciones occidentales, cuyo sistema parece se quiere seguir. En esos países, los impuestos pueden ser mayores o menores, pero no existen expropiaciones patrimoniales disimuladas bajo el nombre de impuestos.

4. LA INVESTIGACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES

Esta medida a efectos fiscales, que desde un punto de vista teórico podría tener justificación, en cambio en la vida económica real tendrá efectos negativos. Las cuentas corrientes constituyen por su propia finalidad la caja de las empresas y de los particulares, o son cantidades que están a la espera de ser dedicadas a inversiones. Sería grave que esa medida influyera en la retirada de cuentas corrientes bancarias, y no conocemos Que exista ese control fiscal de las cuentas corrientes en Estados Unidos ni en los otros países occidentales, y podría ser sustituida con ventaja por un aumento de los actuales impuestos sobre los intereses de toda clase de cuentas y depósitos bancarios.

5. 1A MODERACIÓN EN LOS AUMENTOS DE SALARIOS

Todo programa económico está formado por un conjunto de medidas que son inseparables, y si se

aplican unas y tallan otras, tendrán efectos contraproducentes, y bien ee ha comprobado lo ocurrido en los últimos años, en los cuales fracasaron las medidas referentes a la moderación de los au* mentes salariales.

No parece que están bien informados quienes creen que la paz social depende de acuerdos con los partidos marxistas, porque las fuerzas labórales no tienen una dependencia incondicional, es decir, una obediencia de «sos partidos, y el camino pasa por las centrales sindicales y hay que contar con ellas, como lo demuestra la experiencia, y el peligro está en que se impongan las medidas fiscales previstas en el programa económico, pero no la moderación en los salarios, con lo cual los resultados no serían favorables. Hoy las centrales sindicales tienen conciencia de su propía fuerza,- y alguna de ellas ha manifestado que desea participar en e1 cálculo de loa índice* del coste de vida. como consecuencia lo ocurrido con la obtenDióu oficial de esos índices, a efectos de regulación de los salarios. Habrán de ser los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos los decisivos y no sólo entre el Gobierno y los partidos políticos. La posiciones están todavía muy separadas en lo que se refiere * los criterios y procedimientos que han de ser utilizados en materia de salarios, y cualquier programa de medidas económicas habrá de resolver antes este punto, que no está ni siquiera planteado a nivel institucional y que debe ser, en nuestra opinión, por donde hay que comenzar si se quiere qué cualquier programa de medidas económicas tenga éxito.

6. GARANTÍA CONTRA LAS NACIONALIZACIONES

En este punto existen discrepancias entre los partidos marxistes y los sindicatos; a nivel de partidos políticos, PCE y PSOE figuran en los programas de éstos las nacionalizaciones de importantes sectores económicos, que como hemos indicado repetidas veces no parecen justificados porque las actuales medidas de control, muy riguroso, que desde hace tiempo se establecieron sobre los precios, las sustituyen con ventaja, aunque pueden ser perfeccionadas. Pero a nivel de centrales sindicale-s, lo fundamental para éstas son sus exigencias en materia de salarios, y son estos objetivos inmediatos los que promueven la conflictivi-dad laboral y no el conseguir nacionalizaciones. De ahí que en nuestra opinión la paz social, aunque sea relativa, sólo se podrá alcanzar creando órganos de negociación permanente en materia de salarios, con criteríos aceptados por los sindicatos y estableciendo una garantía, por lo menos relativa, en materia de nacionalizaciones; en este sentido convendría incluir en el actual proyecto de constitución la exigencia de dos tercios de votos en el Congreso y en el Senado para cualquier nacionalización de empresas o sectores económicos, con -el fin de restablecer una confianza en el empresariadoj que hoy no existe. No se trata de prohibir las nacionalizaciones, sino de establecer unas garantías suficientes para evitar cualquier decisión improvisada; sin medir sus consecuencias.

Entendemos que si se ha de estabilizar la nueva situación política, lo más urgente y prioritario es la institucionalzación de las relaciones laborales entre el Gobierno y las centrales sindicales, mucho más que los frágiles acuerdos, de cumplimiento dudoso, con los partidos políticos, y habría que iniciar lo antes posible esta tarea.

Higinio PARÍS EGÜILAZ

 

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