Autor: ;Ballesteros, Enrique. 
   Condicionamientos de las conversaciones Gobierno-sindicatos     
 
 El País.    09/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

TRIBUNA LIBRE

Condicionamientos de las conversaciones Gobiemo-sindicatos

JOAQUÍN ALMUNIA y ENRIQUE BALLESTEROS Miembros de la cambian de UGT en las conversaciones

Con el orden y la precisión que permite el espacio de un artículo relativamente extenso, quisiéramos referirnos al estado de las conversaciones entre el Gobierno y las centrales sindicales, aventurando tan sólo un juicio y una impresión personal.

Hablemos primero de los interlocutores. A la reunión del 23 de agosto asistieron UGT, USO y CCOO, por una parte, y cargos de diversos ministerios, por otra. Pero se decidió que, en lo sucesivo, se ampliaría la representación sindical, convocando a todas aquellas centrales que no se autoexcluyeran —como era el caso de CNT, opuesta a asistir— o que no fueran claramente omitibles, ya por su condición de sindicatos amarillos, ya por no significar otra cosa que unas siglas sobre el papel, sin proyección alguna entre los trabajadores. Esta decisión era, sin duda, la más justa en el momento actual, cuando todavía no se han celebrado elecciones sindicales y se carece, por tanto, de unos datos objetivos para medir el índice de representatividad de cada una de las centrales. El argumento de CCOO, según el cual convenia limitar la participación a las tres «grandes» por razones de eficacia, tenía, en nuestra opinión, poco peso, y ello no solo porque hay valores que haríamos mal en sacrificar a la eficacia, sino también porque el objetivo de estas reuniones no es el pacto social. Si fuéramos a pactar, es obvio que cuantos menos interlocutores hubiera, más pronto se llegaría a un acuerdo. Pero no se trata de pactar, sino de interpelar al Gobierno, de objetar su planteamiento sindical y económico en todos aquellos aspectos que perjudiquen a la clase trabajadora. Aumentar el número de interlocutores equivale entonces a reforzar el acoso de las centrales —su acción físcalizadora— ante un programa que el Gobierno va a emprender por su cuenta y riesgo.

Maniobra de diversión

Planteada la cuestión en estos términos, hay que distinguid entre el problema económico y el sindical. Seria inútil insistir en que el Gobierno tiene ya trazado un plan para atacar a su manera la crisis económica y no va a modificarle en sus líneas esenciales por atender sugerencias que le resultarían forzosamente extrañas, como ajenas a su esquema político. En la reunión del día 23, sus representantes se limitaron a apuntar algunas cifras sobre tasas de inflación y de crecimiento asalarial, así como ciertas previsiones sobre el saldo- de la balanza corriente; prácticamente, las mismas cuatro o cinco cifras que saltaron, acto seguido, a los medios de difusión y fueron comentadas por la prensa. Esta información era demasiado parca para que nadie pudiera formarse una idea, siquiera aproximada, acerca de la coherencia del plan gubernamental. Es verdad que se hicieron preguntas por parte de las centrales, tratando de aclarar algunos de los numerosos puntos que quedaban en el aire, entre los cuales destacaban el calendario de medidas fiscales, la estrategia monetaria, la política de precios, la política´ de gasto público y la repercusión previsible de todo ello en la inflación y en el empleo. Pero también es verdad que las respuestas no fueron suficientemente explícitas, y aún puede decirse que adolecieron de inconcretas.

El primer encuentro entre el Gobierno y las centrales transcurrió, pues, en una atmósfera de vaguedad, no exenta de tono versallesco; y era, precisamente, esta atmósfera la que hacia temer que las conversaciones se utilizaran como maniobra de diversión. En la reunión del 1 de septiembre, se han clarificado algo más las cosas. Se ha visto la urgencia de llegar a conclusiones, positivas o negativas. Para el Gobierno, esto significa tantear hasta qué punto la clase trabajadora puede admitir razonablemente unas medidas que se presenta como remedio drástico a una grave crisis. Para las centrales significa, ante todo, calcular el coste social de esas medidas.

Que las centrales están muy preocupadas por la gravedad de la crisis económica es algo, a todas luces, evidente, pero no lo es menos que se sienten atadas de pies y manos para asumir plenamente su responsabilidad mientras no haya unas reglas del juego a las que atenerse en el terreno sindical. Para que la actividad sindical se desenvuelva normalmente, para que exista libertad sindical, hay que contar con unas normas jurídicas sobre acción en la empresa; regular los derechos de huelga y de estabilidad en el puesto de trabajo, conseguir una amnistía laboral; y esta tarea corresponde, como es lógico, a las Cortes, aunque el Gobierno dicte, por razones de urgencia, alguna disposición que sólo puede tener carácter transitorio. Aún no se ha devuelto a las centrales el patrimonio expoliado en 1939 y el sustraído a los trabajadores por vía de la cotización sindical verticalista. Piénsese que, sin este patrimonio que les pertenece en derecho, las centrales se encuentran inmovilizadas: no pueden ampliar sus asesorías laborales, ni atender a la formación de cuadros, ni desarrollar su aparato informativo, ni desempeñar airosamente la representación de los trabajadores en los organismos de la Administración.

¿Cómo valorar el alcance de las conversaciones y su eventual progreso? Reconocemos que se ha avanzado en el problema sindical y que el avance ha sido relativamente rápido. Pero aun aquí conviene mantener una prudente reserva y matizar la actitud del Gobierno, que no se ha definido todavía en el asunto de la amnistía laboral y que ha entregado a UGT un inventario de su patrimonio anterior a 1939, donde, a nuestro entender, sólo figura una parte de los bienes incautados y no la lista completa. Es natural que ninguna de las centrales que sufrieron las incautaciones tolere regateos en lo que toca a la devolución de sus bienes. Sin embargo, las lagunas que se observan en el inventario quizá puedan interpretarse como la expresión de una primera oferta negociadora por parte del Gobierno; si ello es así, estaríamos ante una táctica arriesgada que podría conducir a un callejón sin salida.

Algo más que salarios

Respecto al problema económico, las tintas san más sombrías. El Gobierno presenta la situación con un dilema: o se frena el crecimiento de los salarios o aumentará necesariamente el desemftilea. Es más, da la. sensación de que se recurre a este dilema como a una amenaza velada. Pero si bien es cierto que las leyes económicas del capitalismo son duras e inflexibles —lo cual no hace sino justificar, dicho sea de paso, la aspiración socialista a una transformación pro funda del sistema—, existe el peligro de una simplificación excesiva de los planteamientos que eche el peso de la carga a las espaldas de la clase trabajadora, por no atreverse el Gobierno a molestar a grupos privilegiados. Para resolver la crisis, el Gobierno debe jugar con todas las variables que influyen en ella, no sólo con los salarios; tiene que enfrentarse con reformas estructurales, aunque, por ejemplo, sea menos cómodo para él combatir la evasión de impuestos que pedir la moderación salarial. Tiene que llevar a la práctica una política antimonopolista, una política agraria que impida las excesivas transferencias de renta a los terratenientes, por vía de los precios intervenidos; una absorción de las superrentas de los terratenientes mediante un impuesto sobre el patrimonio (valorado a precios de mercado) donde queden pocos resquicios para la evasión; una reforma de los canales de comercialización, en orden a asegurar su competitividad y su eficacia; una reforma del sistema financiero que vierta el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas; una democratización efectiva de las cajas de ahorro, que no va a lograrse, seguramente, con los últimos decretos de agosto; unas medidas fiscales, e incluso expropiatorias, que aseguren la oferta de suelo barato y desanimen a los especuladores; una promoción de la vivienda familiar; un control del gasto de la Seguridad Social que modere, al menos, los despilfarros; una progresiva financiación de la Seguridad Social por el Estado, con cargo a los ingresos fiscales, etcétera. Es posible que todo ello no resulte sencillo para un Gobierno condicionado por distintos intereses, donde aparentemente no hay acuerdo sobre puntos esenciales, como la política de gasto público, según se desprende de declaraciones recientes.

No vamos a dar aquí una alternativa al programa gubernamental, pues ello nos llevaría demasiado lejos. Creemos que sobre la inflación y el paro de estos momentos están influyendo sensiblemente las enormes desigualdades de renta entre las familias españolas, la creciente penetración monopolística, la protección de que goza la gran empresa por su acceso privilegiado al crédito barato y la consiguiente penali-zación de la pequeña empresa, ahogada por dificultades de financiación. La pequeña empresa crea más puestos de trabajo por unidad de capital que la gran empresa y, además, el pequeño empresario está dispuesto a invertir con tasas, de beneficios más bajas que el gran empresario, e incluso, en ciertos casos, negativas.

Aunque sólo fuera por esta razón, el proteccionismo financiero a la gran empresa en detrimento de la pequeña conduce al desequilibrio y favorece una cierta forma de chantaje social por parte de los grandes empresarios españoles, que se niegan a invertir, como no sea con fuertes beneficios y sin riesgo apreciable. Se comprende, pues, que los trabajadores pidan al Gobierno un programa menos simplista y más severo con una serie de intereses oligárquicos. Los trabajadores se oponen hoy a la política de rentas —esta es nuestra convicción—, pues sólo ven en ella un parche de dudosa utilidad que, en última instancia y pese a las promesas, puede quedar reducido a una política de salarios.

Por mucha prisa que tenga el Gobierno en abordar el tema económico, seria equivocado y contraproducente que tratara de imponer condiciones del tipo: «o hay acuerdo conjunto en lo económico y en lo sindical, o no habrá acuerdo en lo sindical». Esperamos que no se caiga en esa tentación. Las centrales han explicado ya suficientemente por qué el paquete sindical es prioritario. Se dirá que puede sobrevenir una involución si el país no sale rápidamente de la crisis económica. Pero el Gobierno tiene en sus manos cortar cualquier pretexto para una involución; le basta seguir un programa económico y social riguroso, que atienda al fondo de los problemas y no se limite a terapéuticas superficiales.

 

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