Unidad de jurisdicciones     
 
 ABC.    12/01/1971.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ABC. MARTES 12 DE ENERO DE 1971.

ABC

UNIDAD DE JURISDICCIONES

Han pasado ya los momentos tensos provocados al socaire del Consejo de Guerra de Burgos. Aplacados los ánimos; desarbolada una campaña internacional cuyos principales promotores (nos referimos sólo a los de buena fe) comienzan a intuir que no estaban bien informados; conscientes de que no se ha juzgado a «unas ideas políticas», por muy lamentables que éstas sean, sino a unos actos delictivos gravísimos, ha llegado el momento de la serena meditación respecto a posibles y deseables mejoras en nuestro sistema juridico-penal: concretamente en lo que se refiere a la pluralidad de jurisdicciones.

A ello va dirigido este comentario.

Queremos, antes que nada, salir al paso de unas posibles suspicacias que pudieran surgir al hilo de nuestras opiniones. No pedimos, en modo alguno, la reforma tendente a la unidad jurisdiccional.

Porque la Justicia Militar, tal y como está concebida, ha sido siempre, es y seguirá siendo necesaria para entender de los delitos puramente militares, cometidos por militares en el ejercicio de actividades militares. Pero ¿no ha llegado el caso de desligar al Ejército de la penosa obligación de juzgar determinados delitos, típicamente penales, como son los de bandidaje y terrorismo y otros similares cuando hayan sido cometidos por elementos civiles? He aquí una obligación—la de juzgar—que no es específica de las muy nobles actividades castrenses.

Al Ejército le han sido impuestas por un decreto-ley (que quisiéramos ver derogado) unas misiones que son ajenas a su condición, a su tradición ya su misma esencia. A nuestro juicio—y una vez rendido el homenaje debido, y por consciente y meditado más entrañable y auténtico a la Justicia Militar y a los dignísimos jefes y oficiales que la ejercen—, creemos que es llegado el momento de plantearse el tema de la unidad de jurisdicciones o, si se quiere, dicho en otras palabras, de la conveniencia, de «lege ferenda», de mantener vigente la jurisdicción militar sólo para delitos específicamente militares, de modo que se libere a los Cuerpos armados del riesgo de las salpicaduras que la maledicencia, las pasiones y la ignorancia puedan arrojar contra su ejemplaridad.

Bien sabemos que el Ejército no elude los riesgos que le imponga el deber. Mas es el caso que nos encontramos ante uno que no es específico—repetimos-, sino adicional, y en cierto modo artificial y superpuesto a los que le son propios.

Los delitos cometidos por paisanos, aun los atentatorios contra los bienes de la Patria, de su unidad e independencia, en tiempo de paz, es preferible que sean juzgados por jueces civiles ordinarios.

Abonan nuestro parecer tres tipos de razones: de política práctica, de técnica jurídica y aun de índole militar.

En la práctica, por la especialización. Los Tribunales de Justicia están integrados por hombres especialmente, vocacionalmente, profesionalmente dedicados, formados y enamorados de su sagrada misión : aplicar la Ley. El militar de carrera tiene otras misiones que cumplir.

Tan sagradas, sublimes e importantes como pueda ser la de aplicar las leyes. No nos atreveríamos a decir que más, pero menos, tampoco. Y es esa especialización la mejor garantía, desde luego, para el justiciable, pero también, y al propio tiempo, para la Patria.

En el terreno del Derecho, porque la clarificación de competencias que se consigue con la atribución a los jueces ordinarios del conocimiento de todas las causas con las mínimas excepciones posibles, hace que sea mayor la ejemplaridad, más arraigado el sentimiento de seguridad jurídica y más inmaculado ante la conciencia de todos, del mundo exterior e interior, el sentido de que la Justicia se administra sin injerencia alguna de otro poder o función que no sea la de juzgar en Justicia y ejecutar lo juzgado.

En el terreno militar, porque el Ejército de España, espina dorsal de la Patria, médula de nuestra misma razón de ser como Estado, escudo y defensa de nuestras instituciones, no es ni poder legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Es la salvaguardia de todos ellos, en cuanto lo es del orden constitucional.

Es el brazo armado de la Patria. Pero ni gobierna, ni legisla, ni debe juzgar otros casos que los específicamente castrenses. Ello no quiere decir que cuando en un país, sea el que fuere, se hunden sus instituciones, no deba asumir el Ejército ésos y todos los poderes. Pero sólo en esos tales extremados supuestos. Cuando, como ocurre en España, gracias a Dios, ni estamos "en guerra, ni se hallan seriamente amenazados por interna descomposición los poderes del Estado, no parece adecuado afirmar que deba el Ejército asumir funciones que evidentemente no le son propias ni inherentes.

No pedimos, pues, que desaparezca en absoluto la jurisdicción militar. Pedimos que se circunscriba a los delitos militares. De esta suerte—entre otras cosas—contribuiríamos a desmentir esa falsa impresión que, fomentada desde el exterior, tienen aquellos que piensan que España es un país cuyo Régimen desconfía de su Justicia profesional.

EDICIÓN DE IA MAÑANA.

 

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