Autor: Delgado Carrero, José. 
 Régimen de Seguridad Social Agraria. 
 Los sindicatos campesinos proponen una alternativa     
 
 Pueblo.    21/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Régimen de Seguridad Social Agraria

LOS SINDICATOS CAMPESINOS PROPONEN UNA ALTERNATIVA

BARCELONA. (PUEBLO.)—Nuestro corresponsal. José DELGADO CARRERO, informa que se ha

celebrado una reunión convocada por la Unió de Pagesos para estudiar una alternativa al régimen de la

Seguridad Social Agraria (SSA). Estuvieron representadas la Unió de Pagesos de todas las comarcas

catalanas, la Agrupación de Agricultores Valencianos, el Sindicato Agrícola Gallego y la Comisión

Labrega Galega. Enviaron adhesiones Burgos, Jaén, Sevilla y Granada.

En el comunicado hecho público tras la reunión, se pone de manifiesto que la oposición de los

agricultores a pagar la cuota empresarial de la SSA no es una negativa a participar en la financiación de

ésta, sino una denuncia de la injusticia que supone pagar por «peonadas teóricas».

Los campesinos han elaborado un sistema de financiación alternativo por el que estarían dispuestos a

pagar. No obstante, por razones de tiempo, proponen llegar a un acuerdo con la Administración para la

cotización de este año, sin recargo y sin aumento.

Entre los requisitos que plantean los agricultores para alcanzar dicho acuerdo, figuran la derogación

inmediata, por decreto-ley, del sistema de cotización por «peonadas teóricas» y el compromiso del

Gobierno a equiparar las prestaciones del régimen especial agrario con las del régimen general da

Seguridad Social antes de que termine 1979.

Como prueba de buena voluntad piden que se elimine el actual tope de 50.000 pesetas de líquido

imponible y la equiparación inmediata en lo que se refiere a prestaciones farmacéuticas.

Con el fin de fijar los criterios básicos de financiación del régimen especial agrario, proponen la creación

de una comisión mixta Gobierno-sindicatos democráticos campesinos. Los agricultores adelantan ya

algunos criterios, entre los que destacan la necesidad de que el Estado aporte un mínimo del 50 por 100

de la financiación total tras la equiparación, que se mantenga —sin incrementarse— la aportación que el

régimen general viene realizando al sector agrario y que la aportación de este último, también, se

mantenga en las cifras absolutas o, como máximo, se incremente en la misma medida.

 

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