Radiografía del emigrante español. 
 ¿Pueden votar, pueden volver?     
 
 Ya.    03/09/1978.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 23. 

RADIOGRAFÍA del EMIGRANTE ESPAÑOL

¿PUEDEN VOTAR, PUEDEN VOLVER?

Prohibido volver

La primera industria nacional en rentabilidad es, aún, la emigración. Más de sesenta y cuatro mil millones de pesetas entraron en enero en el país, desde el exterior. En las últimas décadas, la emigración ha sostenido la estabilidad económica con sus divisas. Unos cinco millones de españoles han tenido que abandonar su tierra hacia las regiones ricas de España o hacia el extranjero.

Con la crisis mundial, desde el 73, la emigración española se ha detenido. Los países industrializados que superaron la fase del desarrollo a base de mano de obra barata ponen ahora fin a la inmigración. El paro europeo vuelve a ser pagado por los de siempre. Y un número indeterminado de cientos de miles de españoles piensan volver a su país. ¿Qué van a encontrar?

A este país le han importado tanto los emigrantes, a nivel oficial, que no se ha ocupado siquiera de saber cuántos son. ¿Dos, tres, cuatro millones? Para la España oficial no han existido. Las atenciones sociales de la Administración hacia ellos son desoladoras. El año pasado, el Estado invirtió en acciones asistenciales 621 millones de pesetas (unas 200 pesetas por persona). Y las memorias oficiales

citan la cifra de 132 ayudas económicas individuales a los emigrantes durante el mismo año. Podría ser un buen chiste si no afectara tanto a la justicia social del país.

Cada año, por Navidad, una caravana cubría el de garantizar la presencia española en los centros de emigración. Grupos de la Sección Femenina, canciones de Manolo Escobar, comedias de Arniches... El «españolismo», como palabra que no puede dejar en este caso de ser peyorativa. Nada más.

Desde la crisis del petróleo, España debió prepararse para facilitar el retorno de los españoles, hoy, hasta hoy, no se ha tomado ni una sola medida. Todo el mecanismo del Estado funciona en base a un cómodo convencimiento: no van a volver.

Y en realidad, no se equivocan. Parece estar prohibido volver.

Conceder la ciudadanía al emigrad

El Instituto Español de Emigración ha preparado en los últimos meses un proyecto de ley que pretende establecer una atención real a los emigrantes en su retorno. E1

proyecto comprende los siguientes temas: seguro de desempleo, Seguridad Social, educación y formación profesional, vivienda social, servicio militar, ayuda y protección al ahorro, préstamos, ayudas para, la constitución de empresas sociales y cooperativas, exenciones en el pago

de derechos aduaneros y fiscales para determinados bienes personales y preferencias en la adjudicación de explotaciones agrarias del Iryda.

Otro proyecto de orden ministerial amplía el seguro de desempleo para los retornados en paro de seis a doce meses. Tampoco ha sido aprobado. Está en estudio.

Las cifras de hechos, ahora, son más reales. El Estado ha promovido cursos de formación profesional para retornados en el último año (546 alumnos). Y ha concedido el seguro de desempleo (con el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional) a 2.561 personas.

Todavía los emigrantes corren el riesgo de quedarse compuestos y con dos palabras de esperanza. El proyecto de ley, hay que insistir, puede quedarse perdido en cualquier Ministerio.

La credibilidad social de todo el proceso socioeconómico español, de fronteras afuera, está por eso en el aire. Y está también en el aire el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía para los emigrantes. Si no se producen resultados reales e inmediatos, seguirá estando prohibido volver.

Dos millones de votos

Dos millones de votos pueden dar la vuelta a todo el equilibrio político español, y nunca han podido ser utilizados por los emigrantes. El 15 de junio no todos los emigrantes españoles en el extranjero tuvieron opción a ejercer sus derechos políticos. Con vistas* a las municipales, por vez primera se ha intentado crear

un censo completo y real de los emigrantes, el censo electoral especial de españoles ausentes.

Los dos millones de votantes pueden tener una importancia decisiva en el resultado final de cualquier elección. No han podido votar en las elecciones; es grave, pero lo es mucho más que no hayan podido intervenir hasta ahora en las decisiones de los organismos de la Administración, incluso en los que les afectan directamente. El propio Estado confiesa que no han tenido ninguna participación nunca.

Como una profunda reforma de la atención administrativa hacia los residentes, el Instituto Español de Emigración se propone en el último año luchar para que los derechos políticos de los emigrantes, especialmente el derecho de sufragio, puedan ser utilizados realmente, y no se queden en simples declaraciones. Primera dificultad: no se conoce el número el número de ciudadanos españoles en el extranjero. El censo —primera esperanza— estará realizado a principios del verano. Los emigrantes podrán votar.

Prometen

la participación

El Instituto Español de Emigración se ha comprometido a promover y colaborar en la democratización de los organismos administrativos oficiales, desde las juntas consulares hasta el Consejo Superior de Emigración.

El test de todo el proceso político —aparte las facilidades que se concedan para votar en las próximas municipales— está en la celebración del congreso de la emigración.

La Administración acepta y «desea que la emigración española en Europa pueda elegir democráticamente representantes que canalicen y planteen sus demandas y puntos de vista ante los organismos responsables de la política española» (última memoria del IEE, marzo 78).

Pero las ayudas prometidas a las asociaciones de base en Europa se han quedado en promesas. El congreso puede llevar el mismo camino.

La única realidad, hasta hoy, es la elección de las juntas consulares, donde los emigrantes pueden plantear la distribución de las ayudas oficiales desde España. Para devolver al emigrante una pequeña parte de sus derechos y responsabilidades.

También en el plazo de pocos meses, el Estado se juega su credibilidad ante ellos. La democratización en el exterior de nuestras fronteras no es sólo un proceso politico: es la primera prueba de que no han dejado de ser ciudadanos españoles.

Más de tres millones de españoles sin derechos políticos ni sociales • Un programa de justicia social que aún está en el aire • La emigración es la primera industria nacional en rentabilidad

 

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