Restauradas las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya     
 
 Arriba.    18/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

RESTAURADAS LAS JUNTAS GENERALES DE GUIPÚZCOA Y VIZCAYA

Entre sus competencias figura la de fijar las directrices de la política provincial

La Diputación Foral ostenta la representación legal de la provincia y mame la responsabilidad de su administración

MADRID. (De nuestra Redacción.)

El «Boletín Oficial del Estado» publicó ayer el real decreto-ley de la Jefatura del Estado por el que se restauran las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya. Según se señala en el preámbulo del real decretoley, corresponde a las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa y de la provincia o señorío de Vizcaya la elección de la respectiva Diputación Foral por grupos territoriales de municipios.

Las Juntas Generales de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya son, respectivamente, el órgano de participación de los pueblos guipuzcoano y vizcaíno, a través de sus municipios, en el gobierno provincial. Asimismo, estarán Integrados por representantes de todos sus municipios, que se denominarán procuradores, en Guipúzcoa, y apoderados, en Vizcaya. Tanto la representación de cada municipio de Guipúzcoa y de Vizcaya ostentarán en su Junta un voto por cada mil habitantes de derecho o fracción, en la primera, y de diez mil habitantes de derecho o fracción, en Vizcaya.

Estas Juntas tendrán un mandato trienal y se reunirán, al menos, una vez al año, con carácter ordinario, y se reunirán con carácter extraordinario por convocatoria de Su Majestad el Rey, bien por propia iniciativa o a petición del Presidente de la Diputación Foral, asi como cuando lo solicite la mayoria absoluta de procuradores o apoderados, o un número de procuradores o apoderados Junteras que representen la mayoría absoluta del número legal de votos.

Las competencias de las Juntas Generales son las siguientes: conocer y aprobar los presupuestos y las cuentas provinciales; conocer y censurar la gestión anual de la Diputación y su Presidente, así como fijar tas directrices de la política provincial; elegir a la Diputación Foral y a su Presidente; informar definitivamente los expedientes de alteración de los términos municipales, oídos los Ayuntamientos afectados y a propuesta de la Diputación Foral; establecer las bases de los reglamentos y ordenanzas que se refieran a] ámbito de la competencia provincial; determinar o, en su caso, modificar las circunscripciones territoriales, a efectos de !a elección de diputados, y además tendrá fas atribuciones que le asignen las leyes o el Gobierno de la nación.

Diputación Foral

En cuanto a la Diputación Foral, ésta ostenta la representación lega) de la provincia y asume la responsabilidad de su administración. Estará compuesta por el Presidente y los diputados, y funcionará en Pleno y Comisiones, en la forma que se establece en la legislación legal general para las corporaciones provinciales. Los diputados serán elegidos por las respectivas Juntas Generales, a cuyo efecto la provincia del Guipúzcoa se dividirá en circunscripciones, y la de Vizcaya, en comarcas, siendo electores, respectivamente, los procuradores y apoderados de cada una de ellas. Asimismo, se determinará reglamentariamente el número de diputados que habrá que elegirse separadamente por cada circunscripción y comarca, asi como el número de votos de que podrá disponer cada elector.

El mandato de los diputados será el mismo que la legislación general establece para los miembros de las Diputaciones Provinciales. Por otra parta, la Diputación Foral estará presidida por un diputado general o presidente, que ostentará la representación de la Corporación y cuyo mandato será el mismo que el de los diputados. El cargo de Presidente será incompatible con el de Alcalde.

La Diputación Foral desempeñará las competencias que las Diputaciones Provinciales tienen atribuidas como propias por la ley de Régimen Local, las que específicamente se atribuyen a éstos por otras normas de carácter general, así como más que, en su caso, se le puedan reconocer con arreglo a su régimen administrativo especial. Asimismo, podrá solicitar la titularidad de otras competencias que, no estando previstas en esta regulación, puedan atribuirse por razones de eficacia administrativa o social, o para una mejor adaptación de la actuación pública a las características y necesidades de ía población de la provincia.

Por último, se autoriza al Gobierno a dictar, a propuesta del Ministro de la Gobernación, las normas necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente real decreto-ley. Entre ellas, las de convocatoria y regulación de elecciones para la constitución de las Juntas Generales y Diputaciones Ferales.

 

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