Devolución de un aplauso     
 
 El País.    02/04/1981.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

ELPAIS

Devolución de un aplauso

No es seguro, pero tampoco imposible, que los historiadores puedan señalar, dentro de algunas décadas,

la fecha de ayer, en la que el Congreso de los Diputados dictó auto de libertad provisional y vigilada

contra los medios de comunicación, como uno de los jalones principales en el camino de regreso hacia el

régimen autoritario de las instituciones democráticas reinstauradas en nuestro país entre 1976 y 1979.

El golpe de Estado del 23 de febrero resultó frustrado en la conquista de su programa máximo, pero está

obteniendo resonantes éxitos en el cumplimiento de su programa mínimo. Es cierto que la Constitución

sigue formalmente vigente, que los partidos y los sindicatos continúan siendo legales, que los

representantes electos para el Parlamento, las instituciones de autogobierno y la Administración local

permanecen todavía en sus escaños, que ninguna junta militar se ha hecho cargo del poder ejecutivo y que

el presidente del Gobierno, elegido por el Congreso para sustituir a Adolfo Suárez, reside aun en el

palacio de la Moncloa. Sin embargo, tanto el Gobierno como la oposición parecen haber emprendido,

primero al paso, ahora al trote y ojalá no sea mañana al galope, la senda del vaciamiento del edificio

democrático, aunque queden en pie su fachada o sus paredes, como melancólico monumento para las

generaciones futuras.

En todo este proceso no se puede quitar ni un adarme de su siniestra responsabilidad al terrorismo de las

bandas armadas de ETA, que han apostado la sangre y el crimen necesarios para lograr el

autocumplimiento de sus bárbaras profecías. Sin duda, los tiros en la nuca, los alevosos asesinatos y los

salvajes atentados de esos sanguinarios orates han servido de fulminante para que las instituciones

democráticas se replegaran sobre sí mismas y dejaran espacio para la lenta pero firme contraofensiva

política, social e ideológica de las fuerzas involucionistas. Sin los crímenes de ETA, el golpe del 23 de

febrero, aunque deseado por sus ejecutores y padrinos, no hubiera podido producirse. Sin el movimiento

sedicioso de Tejero es dudoso que el Gobierno hubiera decidido el envío de fuerzas del Ejército al País

Vasco, medida, colmada de riesgos, que sólo la voluntad de sustituir la acción por su apariencia puede

llegar a explicar. Sin el clima de amedrentamiento y de inseguridad del poder civil tampoco serían

concebibles otros pasos y proyectos destinados a carcomer los contenidos de nuestro actual régimen de

libertades. . . .

En esta perspectiva, los párrafos que afectan a los medios de comunicación en la llamada ley para la

Defensa de la Democracia cavan la fosa para la libertad de expresión, constituyen una directa agresión al

artículo 20 de la Constitución, significan una distorsión del Código Penal y pueden interpretarse como

una conculcación de los principios constitucionales que garantizan a los ciudadanos el derecho a su juez

natural y prohiben los tribunales de excepción.

El nuevo artículo 216 bis del Código Penal constituye, tanto en su aspecto penal como en su dimensión

procesal, una pieza adecuada para ocupar el lugar preferente en un museo de los horrores jurídicos. La

conspiración, la proposición y la provocación para delinquir, definidos en los artículos 3 y 4 del Código

Penal como punibles al lado del delito consumado, el delito frustrado y la tentativa, son transmutados en

delitos sustantivos y emparejados con la apología, una de las figuras más etéreas, imprecisas y

caprichosas que los penalistas han inventado nunca. De añadidura, las instalaciones, maquinarias y

enseres de los periódicos y de las emisoras de radio son objeto de un tratamiento que nuestro Código

Penal había reservado hasta ahora a las casas de prostitución. Así como los tribunales pueden decretar «el

cierre temporal o definitivo del establecimiento o local» dedicado al oficio más viejo del mundo, la ley de

Defensa de la Constitución también faculta al juez para ordenar, a petición del fiscal, el cierre ´provisional

del medio de difusión inculpado o para decidir, si locreyera procedente, la ocupación material de esas

instalaciones, consideradas como «instrumentos del delito». El legislador lleva el paralelismo hasta sus

últimas consecuencias. Porque sí es criminalmente responsable «toda persona que, à sabiendas, sirviera a

los mencionados fines» en los locales de prostitución, no hay razón para que sus homólogos en periódicos

y radios —desdemos empresarios hasta los repartidores y quiosqueros, pasando por los redactores y

empleados administrativos— sigan disfrutando de ta responsabilidad en cascada que singulari za, en

todos los ordenamientos civilizados, a los autores de los llamados delitos de imprenta.

Parafraseando el viejo dictum de ni un día sin línea, cabe decir que en la nueva disposición contra la

libertad de expresión no hay una línea sin afrenta. No es el juez, sino el fiscal, y, por consiguiente, en

última instancia el Gobierno, quien decide en realidad el cierre provisional del medio de difusión —antes

del juicio—, alterando asi los principios básicos de actuación de magistrados y fiscales. Y la atribución de

la competencia de estos delitos a los juzgados centrales ya la Audiencia Nacional consagran de hecho, a

través de la vía indirecta de la jurisdicción especializada, esos tribunales de excepción o especiales que el

articulo 117 de la Constitución taxativamente prohibe.

Al presidente Leopoldo Calvo-Sotelo; al ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, y al resto del Gobierno

monocolor de UCD hay que agradecer este explosivo regain destinado a dinamitar la libertad de

expresión y a hacer saltar por los aires un derecho que constituye, en cualquier país democrático y

civilizado, la clave de arco de las demás libertades. Pero también los líderes, dirigentes y diputados de la

oposición que han volado la ley, y sin cuyo concurso el Gobierno no se hubiera atrevido a imponer una

norma cuya ejecución e interpretación va a manejar en exclusiva, merecen el reconocimiento de los

periodistas, eventuales compañeros de juzgado o de cárcel de los «dueños, gerentes, administradores o

encargados» de todo lo que se quiere reprimir. Con toda cortesía y gentileza, no se nos ocurre otra forma

de manifestarles nuestra gratitud que devolverles simbólicamente el aplauso con que los señores

diputados, puestos en pie, el miércoles 25 de febrero, reconocieron su deuda con esos informadores de

periódicos, revistas y radios a los que ahora invitan a ponerse la mordaza.

 

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