Autor: Nuñez-Samper, Arturo. 
   Trabajo y derecho de huelga     
 
 Pueblo.    14/05/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

TRABAJO Y DERECHO DE HUELGA

Por Arturo NUÑEZ-SAMPER

DE pronto un día, apareció en él «Boletín Oficial» la regulación de la huelga. Era el decretoley numero 17, que en la techa de su aprobación daba un ritmo de legislación, por este procedimiento excepcional, a estas normas. El propósito de este decreto-ley era regular el ejercicio del derecho de huelga, que se daba por existente, aunque no apareciese reconocido con anterioridad en norma alguna, ni constitucional, ni de las otras,

Como todos los propósitos de regulación de ja huelga, se trataba de establecer una serie de tramites y condicionantes para el ejercicio legal de este derecho y, como en todos los países en que se ha regulado la huelga, el Índice mayor de las producidas son calificadas de ilegales por no ajustar a estas normáis reguladoras.

Ya en 1969, en Inglaterra, denunciaba el Gobierno que el 95 por 100 de las huelgas eran extralegales, y eso en un pais con una tradición huelguística y un sentido de moderación en las relaciones laborales, que nos tememos no se da en nuestro país.

Y es que la huelga suele ser una reacción inmediata a una injusticia, real o aparente, con el apasionamiento natura!, que impide, muchas veces, el racional empleo de los instrumentos legales idóneos.

Según esta nueva regulación, la huelga se limita al ámbito máximo de trabajo, que no siempre es coincidente con el ámbito de la empresa y ha de consistir, precisamente, en la cesación de la prestación del trabajo y sin ocupación de los locales donde se trabaja. Nada impide que los trabajadores de varios centros o empresas coincidan en su deseo de huelga legal, pero su tramitación será totalmente independiente y por separado. Cualquier forma de alteración que no sea la indicada, será considerada ilegal como son la huelga de celo, de bajo rendimiento, rotatoria, estratégica, etcétera.

Los trámites son un tanto complejos, ya que se pretende conocer la auténtica voluntad de los trabajadores y para ello se establecen unos quorum de petición, votaciones secretas, levantamiento de actas, etcétera, difícil de improvisar en los momentos de tensión y sin ente alguno que organice el sistema, frente a la tendencia de la adhesión por el viciado sistema de «mano alzada», tan defendido por las minorías dirigentes sindicales.

Pero aún suponiendo que se observaren correctamente los trámites, nos llama la atención que habiéndose querido respetar los principios democráticos de manifestación de la voluntad general, con exigencia del voto secreto y mayo-ritario, luego se exija que se respete «la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga», pues entendíamos que era la voluntad mayoritaria la que se imponía con acatamiento de ¡as minorías, pues en otro caso parece que pierde eficacia el hecho de la votación y las cautelas para su sinceridad. Por otra parte, se declaran expresamente ilegales Las -políticas» o ajenas al interés profesional, las de solidaridad y apoyo. y las que intentan alterar lo pactado del convenio o establecido en laudo, durante su vigencia.

Muchos otros comentarios se nos ocurren, pe. ro lo expuesto es suficiente para que al aplicar este esquema a la conflictividad laboral que recogen los medios informativos, nos encontremos que casi todos se apartan de Ja legalidad, de tal forma, que ha llegado a constituir noticia el que una huelga sea legal y, como tal, Ja destacan esos medios informativos.

¿Hemos de volver de > nuevo a la tolerancia de estas situaciones ilegales? Así parece que está sucediendo, pues el mismo decreto-ley señala como justa causa de despido la participación activa en huelga ilegal, o en cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen normal da trabajo, y la aplicación rigurosa de este precepto podría tener consecuencias insospechadas.

Reconocemos que lo difícil no es criticar, sino proponer una regulación eficaz de la huelga, pero nosotros ya hemos advertido que el problema es de todos los países que lo han intentado, salvo alguno, que s» ha limitado a reconocer el derecho, sin más, dejando su ejercicio y solución a las partes lo que resulta quizá más cómodo, pero peligroso. La solución podría estar en una mentalidad de colaboración de empresarios y trabajadores, más fácil de exponer que de lograr.

 

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