Autor: ÍBERO. 
   El artículo 35     
 
 Pueblo.    07/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

EL ARTICULO 35

DESPUES de cinco reuniones consecutivas de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y en vísperas de un Consejo de Ministros que se espera social y laboralmente decisivo, la impresión generalizada es que existen discrepancias de fondo sobre las medias más aconsejables que permitan salir d e 1 actual «impasse» económico. Pero tampoco hay que ver en ello ningún motivo de sorpresa. La naturaleza de las decisiones que debe adoptar el Gobierno justifica sobrada-mente cualquier disparidad de criterios y, en definitiva, un estudio —cuanto más profundo y analítico mejor— sobre su eventual repercusión.

En este sentido, circulan una serie de rumores; respecto al contenido de dichas medidas que. de llegar a confirmarse, significarían lisa y llanamente algo como un Plan de Estabilización. Esto es lo que cabe deducir de una posible congelación de salarios y nuevas limitaciones para la negociación colectiva sindical.

A En nuestra opinión, sean cuales fueren las medidas que se estimen económica y social-mente más acertadas para afrontar la actual coyuntura de inflación galopante, éstas no deben demorarse ya por más tiempo. De continuar como hasta ahora, el~ deterioro podría originar efectos sociales y políticos irreversibles. Por eso creemos también que una objetiva consideración sobre los graves problemas de esta hora exigen el respaldo y la confianza de la sociedad para que el Gobierno pueda afrontarlos serenamente. Pero el Gobierno tiene a su vez el deber de aplicar soluciones coherentes, B la altura de las circunstancias y, desde luego, que no ofrezcan como desenlace un proceso de involución social. En los momentos de dificultad, cuando se apela a la conciencia solidaria del país, es imprescindib1e que existan cauces realmente eficaces para que los sacrificios sean compartidos, desde una rigurosa justicia distributiva, por todos los estamentos sociales.

Nos preocupa por ello que, entre las medidas que se anuncian, naturalmente por vía de rumor, circule insistentemente el de una posible supresión —y no sólo modificación prudentísima— del artículo 35 de la ley de Relaciones Laborales. La vuelta al pleno despido libre podría ser un error político, pero, sobre todo, un quebranto muy duro para la clase obrera. Error político mucho más notable desde el momento en que todavía no se dispone de un Seguro de Desempleo suficiente y garantizado, que permita la plena cobertura salarial de la mayoría de los trabajadores en paro. Las Cortes que d i e ron su aprobación al artículo 35, punto esencial de la ley de Relaciones Laborales, podrían ser también las que digan la última palabra —a reserva de todo posible decreto-ley— en este debatido tema, y fijen el plazo concreto de suspensión de dicho artículo en los casos de despido improcedente. Si hay que volver, de manera excepcional, es decir, temporalmente, al despido libre con la debida indemnización, examínese serenamente el tema. Sólo si el Gobierno estimase muy claras razones de urgencia, no excluibles «a priorí», sería posible otro sistema. Por encima de cualquier teoría, el interés del pueblo español será siempre lo primero.

 

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