Autor: Guarner, Salvador. 
   Las Policías de los entes autonómicos     
 
 Diario 16.    01/08/1979.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 19. 

Las Policías de los entes autonómicos

Salvador Guarner

El proyecto de ley sobre policías de las comunidades autónomas que ha elaborado el Gobierno ha suscitado ya, por parte de representantes de aquéllas, críticas y suspicacias. Es necesario, para hacernos un juicio cabal, analizar los condicionamientos y circunstancias de todo tipo que rodean al nacimiento de esta ley.

Urgencias vascas

La delicada situación del País Vasco ha obligado al Gobierno a presentar este proyecto de ley en momento legislativamente inoportuno. Si nuestro país estuviera libre del problema de Euskadi, la ley se hubiera sucedido por el orden que marcan las prioridades legislativas. Así como por los mismo en otros campos ya ha ocurrido, en éste sucede que pudiera ver la luz la ley de la Policía de las comunidades autónomas antes que los Estatutos de las respectivas entes hayan sido promulgados, determinándose en ellos el campo de atribuciones en el orden público. Como el tratamiento del terrorismo del norte, no puede esperar, bienvenida sea, aún con esta inoportunidad.

Error estructural

La creación de un nuevo cuerpo policial en cada comunidad o provincia, sin que esto repercuta para nada en la estructura del conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), va a producir un mayor confusionismo en este ya complicado campo. Si tenemos cuatro cuerpos policiales —Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo Superior de Policía y Policias Municipales viene a sumarse otro más, con funciones específicas.

Si en España, la proporción ciudadano policia, contabilizando la totalidad de los componentes de los CFSE hoy existentes, es adecuada, no debe haber necesidad de, por este procedimiento, aumentar considerablemente su entidad. Si en los Estados modernos se tiende al cuarpo único de Seguridad, y en aquellos que históricamente tienen dos o más, tienden a dar preponderancia a uno y restársela a los otros, nosotros, con esta ley, vamos en sentido contrario. Sin embargo, la intención del legislador es buena, 1o que ocurre es que, como ya es secular en este sector institucional, los tratamientos políticos y legislativos son parciales, nunca ha habido un tratamiento global, ni se ha buscado soluciones al conjunto. Se han colocado parches según han ido apremiando las circunstancias.

En esta ocasión, al crear las policías de los entes autonómicos, en primer lugar, no debia haber implicado el aumento cuantitativo de las CFSE. Por otro lado, habría sido conveniente que su proporción y funciones fueran mayores, y, por último, tendría que haber simplificado el panorama del orden público y no confundirlo.

Se habrían conseguido estos objetivos si tales policías hubiesen absorbido a los guardia urbanas de los diferentes municipios de los entes autonómicos, a la vez que se daba paso a aquellos miembros de los CFSE para incorporarse, voluntariamente a los nuevos cuerpos.

De esta manera en cada comunidad autónoma existiría la Policía del Estado —con tendencia a convertirse algún día en cuerpo único— y la Policía autóctona. Los alcaldes, con está orgánica, no iban a perder atribuciones, puesto que la «Policía de su Municipio dependería de él para cuestiones

del servicio, y del Gobierno autónomo para formación, organización, disciplina, uniformidad, etcétera, con las obvias ventajas que todo ello representa.

Los miembros de los CFSE que solicitaran estos destinos podrían seguir siendo funcionarios del Estado en una situación especial, con posibilidades de volver a su cuerpo de origen o a otra Policía autóctona siempre que cumplieran" los requisitos que ésta exigiera. De tal manera, con posibilidad de trasvase entre los distintos cuerpos, no habría que aumentar el número efectivo de funcionarios.

Habría que dejar un porcentaje de vacantes, de ingreso directo, para ser ocupadas por jóvenes de la comunidad autóctona. En cualquier caso el aumento que se produzca por un lado ha de traducirse en disminución por otro: es decir, reduciendo la Policía del Estado en igual proporción "en que surge la autóctona, sin considerar, por supuesto, el número que totalicen las guardias urbanas, incorporadas a la nueva Policía.

El artículo 148.1 apartado 22, de la Constitución, contempla las facultades de las comunidades autónomas sobre régimen local. Queda pues, dentro de esta normativa, el modelo que se propone.

El País Vasco exigiría un tratamiento especial, pero posible,

dentro de la misma ley. Se trataría de que el porcentaje de vacantes de ingreso directo fuera el máximo. El terrorismo de ETA y la situación vasca no deben condicionar las leyes generales españolas de tal forma que, como en este caso, nos lleven por los terrenos de lo antieconómico, antifuncional y dejen sin colmar las honradas aspiraciones de otras comunidades que, sin la existencia de los recelos con respecto a Euskadi, hubieran contado, ya en el proyecto, con una verdadera policía.

Los mandos

Es razonable que cuerpos uniformados y armados sean mandados por jefes y oficiales de las FAS o de los CFSE, pero no de la forma ni en la medida que el proyecto estipula. Hay que entender que esta ley ha de concordar con la ley de la Policía y en ésta se dispone la integración definitiva de estos mandos militares en la Policía Nacional, precisamente buscando esa necesaria profesionalización.

Debe ser así también en las policías autóctonas por idéntica razón fundamentalmente y porque de esta forma se desvincula a las FAS de las tareas, siempre peculiares del orden público.

Dichos jefes y oficiales podrían igualmente intercambiarse entre los distintos cuerpos policiales. Tampoco resulta justo que no quede un porcentaje de vacantes para mandos procedentes de la promoción interna, así como también otro para acceso directo.

En cuanto a la «autorización pertinente» que necesitan estos jefes y oficiales, debe entenderse en el sentido de que tanto las FAS como los CFSE establecerán normas generales que limiten el pase a los nuevos cuerpos, como por ejemplo el ocupar determinados destinos, el poseer tales especializaciones, etcétera, pero no debe ser nunca una autorización personal atendiendo a circunstancias de este carácter.

Las armas

El proyecto no permite a las policías autóctonas más que el empleo de armas cortas. Bien es cierto que los CFSE han tenido siempre, y tienen, limitada su dotación de armamento. Se ha cuidado de no dotarlas más que de urinas individuales y, en este caso, se va más allá, no permitiéndoles otras que no sean la pistola o el revólver.

En cualquier caso, pensamos que excesivos recelos privan absolutamente a estas nuevas policías de fusiles y subfusiles que, aún limitado su número, deben poseer para cumplir adecuadamente algunas de las funciones que la ley le encomienda como es, por ejemplo, coadyuvar con los CFSE en sus misiones. Especialmente en Euskadi, los mikeletes, forales y miñones se podrían convertir en flanco fácil de la ETA si no tienen más armas, para defenderse de ella, que una pistola al cinto.

Aspecto positivo

Con esta ley se da un paso adelante para armonizar la nueva estructura del Estado. Con la institución policial. Si bien de una manera muy limitada, al menos abre el camino que puede llevarnos al modelo de una Policía acorde con un país democrático en régimen de autonomías. El Gobierno parece haber dado últimamente la importancia que la seguridad pública merece, y ello se aprecia, no sólo en su actividad legislativa presentando distintos proyectos de ley referentes al tema, sino también en los nombramientos para altos cargos del departamento como se puede apreciar con la incorporación para el mando de la Policía Nacional de un general de división, de Estado Mayor, y con gran prestigio profesional, que es Sáez de Santamaría.

Solo buscando los mejores hombres y sin regateo de esfuerzos por parte del ejecutivo y con la decidida colaboración parlamentaria podremos evitar que el orden público, no puede ser la disculpa o la, causa de que la democracia se incline hacia Un lado o a otro..

Aprobado en las Cortes el Estatuto vasco, que próximamente se refrendará en Euskadi, las competencias en el orden público, entran en conflicto con el proyecto de ley del Gobierno. Próximamente se efectuará un análisis comparado de ambos textos.

 

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