Autor: Guarner, Salvador. 
   Estatuto vasco y policía autóctona     
 
 Diario 16.    02/08/1979.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 24. 

Diario 16/2-agosto-79

opinión

Estatuto vasco y Policía autóctona

Salvador Guarner

Como se señaló ayer en estas mismas páginas, cuando se comentaba el proyecto de ley sobre la Policía de las Comunidades Autónomas, al haber hecho el tejado antes que los cimientos, nos encontramos con que no casan tas paredes con aquél y, o bien hay que cambiar uno o modificar otras.

Se elaboró el proyecto de ley de las Policías Autóctonas antes de que se aprobaran los Estatutos y así nos ocurre que el primero que ha visto la luz, el vasco, está en desacuerdo, en lo que a dichas Policías se refiere, con el citado proyecto de ley. Y como aquél es pactado y de superior rango, obligará a rectificar éste.

Las premuras legislativas traen malas consecuencias y podría darse el caso de que cuando se apruebe la ley Orgánica de la Policía hubiera que modificarlo de nuevo. Y es que el desarrollo de la Constitución de forma sistemática hubiera exigido una situación normal en todos los órdenes: político, económico, de orden público, etcétera. Como obviamente ésta no se da en nuestro país, han de ocurrir estas inoportunidades legislativas y sufrir pacientemente sus consecuencias.

Funciones del proyecto de ley.

Si observamos las funciones que se encomiendan a las Policías autóctonas en el proyecto de ley, vemos que se tratan de aspectos puramente marginales de la seguridad pública. Así han de interpretarse la de protección de las autoridades de la comunidad autónoma, el cumplimiento de sus disposiciones y órdenes, la vigilancia y protección de sus instituciones, bienes y propiedades, etcétera.

La actuación como Policía Judicial que se le atribuye, puede ser encomendada a cualquier Policía, como lo es actualmente a las Guardias Urbanas.

En cuanto a la custodia de los tramos urbanos de las vías de comunicación interurbanas se

superpone a la vigilancia que sobre ellos ejercen la Guardia Civil y la Policía Municipal.

Y precisamente, cuando la redacción de la ley se introduce en lo que es el, meollo del orden público sitúa a las Policías autóctonas como coadyuvantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE).

Funciones del Estatuto

En su artículo 17.1, determina la misión general de la Policía autóctona: «...protección de las personas y bienes y mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo...». En el mismo apartado se asignan las funciones exclusivas de los CFSE, que son los servicios extra y supracomunitarios.

Según esta redacción quedan claras las funciones específicas de una y otra Policía. Para la autóctona, todas, excepto la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y. fronteras, control de entrada y salida del territorio nacional, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes, DNI, armas y explosivos, resguardo fiscal, contrabando y fraude fiscal.

Pero si podía quedar alguna duda, el apartado 17.5 la clarifica al señalar los únicos casos en que pueden intervenir los CFSE en el mantenimiento del orden público.

Sólo podrán hacerlo a requerimiento del Gobierno vasco o por propia iniciativa, cuando se estime que el interés general del Estado está gravemente comprometido y previa la aprobación de la Junta de Seguridad.

Esta Junta es paritaria en cuanto a representantes del Gobierno central y del vasco. Se señala también otro supuesto para casos de especial urgencia y para aspectos que directamente determina la Constitución a los CFSE, siendo en este caso que el Gobierno, a posteriori, dé cuenta a las Cortes Generales.

No hay más que analizar las funciones que se encomiendan a una y otra Policía en los dos textos legales, para darse cuenta de que, si el proyecto de ley de Policías de las Comunidades Autónomas concede a éstas un papel puramente marginal o las asigna tareas hoy cubiertas ya por otras Policías y sin carácter excluyente, son sólo coadyuvantes con los SFSE en las genuinas funciones de orden público.

El Estatuto vasco las hace protagonistas de la seguridad pública, reduciendo a la Policía del Estado a ser la reserva de aquélla, no empleándose prácticamente, para funciones no especificas si no es a instancia del Gobierno vasco.

Como vemos, nada más distinto pueden ofrecernos cada una de estas leyes, claramente expresado en sus respectivas letras y espíritus y que manifiestan dos filosofías distintas.

Otras discrepancias

No sólo existen desacuerdos en cuanto a las funciones a desempeñar, sino también, en otros aspectos. En la disposición transitoria se señala que la Junta de Seguridad determinará el Estatuto, reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento.

Será esta Junta la que decida sobre tales extremos, sin tener que ajustarse al 0,5 por 1000 de la población para señalar la proporción numérica, ni a tener únicamente armas cortas, ni a otras limitaciones que el proyecto de ley fija.

Esto es así, puesto que cuando el Estatuto quiere ceñirse a dicho proyecto lo hace de forma expresa, como es en el caso de los mandos de dichas Policías, para los que señala en la misma disposición transitoria, que se designarán de entre tos jefes y oficiales de las FAS o de los CFSE, al igual que hace el citado proyecto de ley.

Conclusiones

Al parecer, quienes elaboraron el proyecto o no tenían conexión con quienes iban a pactar el Estatuto, o estos no sabían que se iba a llegar tan lejos en él con respecto a esta metería.

Lo que resulta claro es que el Estatuto no concuerda en nada con el proyecto y que, por tanto, habrá que modificar este sustancialmente.

Deben quedar bien claras las consecuencias que se van a producir del cumplimiento en su totalidad, del Estatuto vasco y de otros posibles redactados en iguales términos en materia de orden público.

Consecuencias

En primer lugar significará una reducción de los CFSE; esto es así, primeramente, porque no hay país que pueda permitirse el lujo de pagar el doble de policías de los que necesita, también porque al reducirse las funciones de los CFSE habrá que reducir el número de sus componentes, por no resultar necesarios.

La Guardia Civil mantiene todas las funciones y competencias que la ley la asigna actualmente, excepto 1a de Policía rural. La Policía Nacional, sin embargo, en el supuesto de que todas las comunidades autónomas, algún día, se arrogarán para sí las competencias de seguridad pública que han obtenido los vascos, quedaría reducida a constituir unas unidades de reserva, repartidas por todo el territorio nacional, interviniendo únicamente en excepcionales circunstancias. Quedaría más o menos, compuesta por las unidades que ahora se las llama de antidisturbios, pero con un empleo mucho más limitado.

El Cuerpo Superior de Policía sufriría, igualmente, una reducción semejante.

No entramos hoy, a juzgar la bondad del cambio de estructuras que significa en las Fuerzas de Seguridad españolas la adaptación de la Institución Policial al régimen administrativo autonómico, simplemente se señalan las consecuencias, puesto que es necesario saber desde el principio, dónde vamos.

 

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