Autor: Fusi, Juan Pablo. 
   Los derechos históricos vascos     
 
 Diario 16.    28/07/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Los derechos históricos vascos

Juan Pablo Fusi Aizpúrüa

Antes de que la ponencia constitucional comenzase el estudio del proyecto de autonomía para el País Vasco, existía el convencimiento de que uno de los puntos más problemáticos sería la disposición adicional que afirmaba que la aceptación del régimen de autonomía no implicaría la renuncia del pueblo vasco a los derechos que pudieran corresponderle en virtud de su historia y de su voluntad de autogobierno. Se consideraba, y con razón, que la citada cláusula era plenamente anticonstitucional; se veía en ella el portillo hacia posibles aspiraciones secesionistas del pueblo vasco.

La disposición adicional no fue causa, sin embargo, de dificultades insalvables. Al contrario, fue aprobada sin mayores problemas, después que unas afortunadas modificaciones en el texto la hiciesen impecablemente constitucional. En su redacción definitiva, se mantiene la idea de que el pueblo vasco no renuncia a los derechos que le pueden corresponder en virtud de su historia, pero se suprime la referencia a la voluntad de autogobierno y se especifica que aquellos derechos sólo podrán ser actualizados de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, esto es, de acuerdo con la Constitución.

Derechos irrenunciables

Salvada asi la constitucionalidad del texto, siguen en pie, sin embargo, la cuestión o las cuestiones fundamentales que la disposición adicional suscitaba: cuáles son esos derechos a los que el pueblo vasco no renuncia y cuáles son el alcance y el techo de los mismos. Y, sobre todo, queda en pie la cuestión de si es preciso ver ahí una velada declaración de que los vascos no renuncian a su hipotética independencia. Por anticipado, mi respuesta es que no, que no se trata de ninguna afirmación embozada de aspiraciones independentistas: lo que la disposición adicional pretende, fundamentalmente, es subrayar los rasgos diferenciadores de la historia vasca, añadir legitimidad histórica al régimen de autonomía y dejar la puerta abierta a futuros mejoramientos de este.

La cuestión no carece de complejidad, derivada en última instancia de la propia realidad histórica: los territorios, vascos no han formado nunca una entidad política independiente, pero se gobernaron hasta el siglo XIX mediante un régimen, el foral, que les atribuía amplios poderes administrativos, políticos y judiciales y cuyo reconocimiento por la Corona mediante juramento parecía condición necesaria para la integración de las provincias vascongadas en el Estado castellano (y, luego, español). Eso fue así, independientemente de otras realidades a menudo soslayadas por ciertas versiones legendarias de la historia vasca: la basculación irreversible y voluntaria de los territorios vascos hacia Castilla desde el siglo XIII; el reconocimiento implícito en los fueros de que la soberanía radicaba en la Corona; las amplísimas atribuciones acordadas al Rey y a sus representantes en el régimen foral; la vigencia en las provincias vascas desde la temprana Edad Media de otros ordenamientos jurídicos no forales, comunes a otros territorios castellanos; la.penetración del derecho castellano en el vastísimo campo jurídico no cubierto por la foralidad, y un largo etcétera.

Reintegración foral plena

Así, por tanto, en virtud de su historia —y suponiendo que la historia confiera derechos— al pueblo vasco parece corresponderle un derecho: e! derecho a la reintegración foral plena, desde el momento que los fueros vinieron a ser el régimen privativo y peculiar de las provincias vascas y, junto con la lengua y la cultura étnica, uno de los rasgos definidores de la identidad histórica de los vascos. Y creo que podría demostrarse empíricamente que es así —como aspiración a la restauración foral— como siempre se ha entendido desde el punto de vista vasco esa no renuncia a los mencionados e hipotéticos derechos históricos.

En efecto, la mención de unos derechos históricos vascos comenzó a adquirir una formulación consistente cuando hacia 1918-19 se contempló la posibilidad de establecer un régimen autonómico para el Pais Vasco. Desde distintas posiciones —nacionalistas, fueristas, tradicionalistas— se objetó a la autonomía en tanto qué régimen ajeno a la historia vasca e insuficiente de cara a la solución de la cuestión vascongada. Por ejemplo, el nacionalismo vasco pedía, en aquellos años, la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839, la ley que había iniciado el desmantelamiento de los fueros; la gran corriente fuerista (carlistas, integristas, mellistas) aspiraba a la devolución del régimen foral en tanto que fundamento de la

Monarquía tradicional y católica. Las diferencias estribaban en la interpretación que se hacía de los fueros: para el nacionalismo, eran códigos de soberanía; para el fuerismo, un régimen tradicional de la Monarquía española y, como tal, fundamento de la unidad nacional. Lo que era común a ambas posiciones era que el pasado foral legitimaba las aspiraciones autonómicas vascongadas y que bajo el régimen foral Tos territorios vascos habían disfrutado de una capacidad de gobierno superior a las contempladas-en las concesiones autonómicas.

Esto era, sin duda, discutible o, al menos, difícil de precisar dada la nebulosidad que siempre ha impedido saber lo que fue la realidad vasca bajo el régimen foral. Pero todo ello importaría poco: lo que contaría es que, en adelante, cristalizaría la creencia en la existencia de unos derechos históricos vascos anteriores y superiores a cualquier ordenamiento descentralizador, regionalista o autonómico.

Pues bien, para el nacionalismo, el reconocimiento de aquellos derechos históricos no era una puerta falsa para seguir aspirando a la independencia, desde el momento que independencia y soberanía, Estado y nación eran para aquel conceptos diferentes.

Por difícil que sea de entender y por insostenible, ambiguo y contradictorio que sea desde muchos puntos de vista, para el nacionalismo vasco la configuración del País Vasco como nacionalidad soberana no implicaba, por tanto, la creación de un Estado independiente. El nacionalismo estaba en el fondo —y lo ha estado siempre— convencido de la inviabilidad del independentismo. Y ha buscado de forma gradual y flexible lograr la devolución de un régimen privativo en el que la inclusión de conceptos corno los de «soberanía» y «derechos históricos» tienen un papel simbólico y sentimental que, traducidos a la realidad, no son sino autonomía lo más amplia posible y sanción de la legitimidad histórica de la misma.

 

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