La enmienda vasca     
 
 El País.    21/09/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

EL PAÍS, jueves 21 de septiembre de

La enmienda vasca

LA APROBACIÓN por la Comisión senatorial de la disposición adicional, que saca fuera del marco constitucional Ja actualización de Jos derechos históricos de los territorios fora les. ha descolocado par entero las posiciones de los júgadores. Que hayan sido tres senadores reales -y, paradójicamente, los de ellos catedráticos de Derecho Constitucional— quienes decidieron, en ultima instancia, en favor de esa cláusula viene a dar la razón a los partidarios de la abolición de esa figura en la próxima Cámara alta. Peno más embarazosa resulta todavía la posición del PSOE, na partido comprometido teóricamente con la modernización y el igualitarismo, pero que, por razones lácticas, ha dado su voto a una enmienda que nos retrotrae a los usos y costumbres feudales y que consagra principios de privilegio y particularismo. El juego de despropósitos no acaba aquí: porque resulta, además, que el contenido programático y la base social del PNV y de UCD, abiertamente enfrentados en el tema de la reintegración foral, son lo suficientemente parecidos como para convertirlos potencialmente en aliados.

Si la ratificación en el Pleno de la enmienda aprobada en la Comisión dependiera de criterios estrictamente técnico-jurídicos, seria muy difícil no pronunciarse en contra. Una disposición-adicional de la Constitución que saca fuera de la misma —en cuyo articulado se detalla con toda prolijidad el capítulo de las autonomías- el tratamiento de la autonomia vasca y lo confia a lo que pudiera resultar de negociaciones entre ios representantes de Euskadi y el Gobierno (ni siquiera las Cortes) del Estado es un absurdo digno de la pluma de Lewis Carrol). Máxime cuando la materia de esas discusiones bilaterales son los imprecisos derechos históricos de una comunidad campesina que los perdió en 1839 y que por añadidura, se ha convertido en el siglo y medio transcurrido en una sociedad industrial avanzada, cuya población es, casi al 50%, de origen castellano, andaluz o extremeño.

La formalización constitucional del derecho del País Vasco a situar por encima de la propia norma fundamental los usos de sus lejanos antepasados es algo más que un anacronismo. Cabe temer que esa consagración suscitaría, en el inmediato futura, mayores males que tos que ahora se desean atajar. A partir de entonces, no sólo el PNV,sino también la izquierda abemale, podrían rebuscar en los arcenes de los tatarabuelos atribuciones y privilegios que ofendan no sólo los valores de los poderes fácticos, sino también los sentimientos del resto de los españoles. La Constitución, así, reconocería el derecho de más de dos millones de ciudadanos a situar su vida pública y sus negocios privados en un espacia político y jurídico cuyos parámetros no estarían establecidos por la norma fundamental, sino perla interpretación que pudiera darse a un impreciso cuerpo de canas y privilegios anteriores a la España moderna.

Hasta aqui, todo parece claro e inequívoco. Las cosas son, sin embargo, bastante más complicadas. Porque no nos enfrentamos con un ejercicio de hermenéutica jurídica, sino con un problema político de enorme gravedad. una cadena de estupideces, errores e intransigencias ha llevado a que la Comisión Constitucional del Senado aprobara la disposición adicional, pero también a que. con esa aberración histórica y jurídica, se abra una perspectiva de paz en el País Vasco y una dulcificación de la rígida actitud del PNV. Los nacionalistas vascos no sólo votarán contrata Constitución si su enmienda no se aprueba, sino que, además, lo harán con la justificación moral de haber sido, una vez mas engañados, humillados y ofendidos. En cambio, es muy probable que votaran a favor si los derechos históricos fueran reconocido» en el testo.

El PNV anuncia ahora, por boca de calificados portavoces, su disposición a dar una «interpretación auténtica» dé sus deseos que tranquilice al resto del país acerca de sus propósitos futuros. Esta puede ser la salida de urgencia de una situación convertida en catastrófica por la torpeza y el partidismo de unos y otros. Porque lo realmente grave de la disposición adiciona] es la inexistencia de (tonteras y de criterios para la actualización de los derechos históricos. Sí la inteligencia y la buena voluntad de las panes en conflicto consiguieron establecer claramente los limites para la vigencia de tas normas y usos anteriores a.1839 los aspectos formales y retóricas del problema perderían importancia, La cuestión básica es lograr que el fantasma de las exenciones al servicio militar, del pase foral o de las aduanas ingresen definitivamente en el mismo mundo de ultratumba que la sociedad campesina vasca anterior a las guerras carlistas. Ciertamente, es importante la Constitución formal. Pero todavía lo es más la Constitución real, el entramado de fuerzas políticas, de valores compartidos y de prácticas que forman el suelo de la convivencia de una sociedad y de sus instituciones. La incorporación del nacionalismo vasco al arco constitucional sería, para la pacificación de Euskadi, un paso dado con la bota de las siete teguas.

Si la «interpretación auténtica» dada por el PNV de los criterios y fronteras para la actualización de los derechos históricos coincide con la irrenunciable exigencia de que la Constitución sea la norma fundamental de todos los españoles, incluidos los vascos, y es expuesta con la claridad, formalismo y rigor que las circunstancias exigen, la disposición adicional al final de la Constitución, podrió ser una contribución a la paz en Euskadi. La negativa de UCD a una negociación sobre estas bases haría recaer sobre el Gobierno todas las responsabilidades que implicaria empujar a los nacionalistas vascos a una oposición irreductible. Y si el PNV no admitiera las limitaciones históricas y políticas de unos derechos en desuso desde hace siglo y medio, rompiera los principios de solidaridad e igualdad propios de una sociedad moderna e instalara su campamento fuera de la normativa Común que obliga a todos los españoles, habría que resignarse a su voto adverso a una Constitución cuyo texto, de todas formas, no consideraría vinculante para sus representados.

 

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