Autor: Azaola, José Miguel de. 
   El traspaso de un mito     
 
 Diario 16.    17/12/1979.  Página: 9,10. Páginas: 2. Párrafos: 22. 

Diario 16/17-diciembre-79

OPINIÓN

La política está llena de mitos; De uno de ellos, la nación, convertida en valor supremo de la que emana toda legitimidad, surgen los nacionalismos. Ante la nueva situación creada en España con la aprobación de la Constitución y el Estatuto de autonomía vasco, el mito nacionalista que encarnaba Leizaola era un anacronismo y un menosprecio a la voluntad popular. Pero para el nacionalismo auténtico, los símbolos importan más que las reab´dades. En este sentido, la vuelta significa a los ojos de los nacionalistas el traspaso de la legitimidad que él encarna al nuevo Gobierno vasco.

El traspaso de un mito

José Miguel de Azaola

La entrada legal en España del presidente Leizaola (quien entró ya clandestinamente no hace muchos años, en una habilísima operación a la que no se le sacó sino pequeña parte del abundante jugo propagandístico que llevaba dentro) abre un nuevo capítulo en la vida —que aún promete ser larga— de uno de los mitos políticos más interesantes del siglo XX español.

Política y mito.

Sabido es que la humanidad se alimenta, entre otras cosas, de una considerable cantidad de mitos y que, al hacerlo, contrariamente a lo que sucede en la alimentación fisiológica, no los destruye, no los sacrifica a su propia supervivencia, sino que los refuerza y consolida en un fenómeno de nutrición recíproca en el que el alimento da vida y fuerzas al alimentado, y al propio tiempo, recibe de éste sus propías fuerzas y su propia vida, Lo mitos, cuando dejan de ser alimento, periclitan y no tardan en extinguirse, incapaces de sobrevivir a la pérdida de su función nutricia.

La política —actividad humana y, muy a menudo, «demasiado humana»— está sembrada de mitos, debido a que éstos son, para las masas, mucho más movilizadores que las ideas. Y el mito político no escapa a esa regla: mientras sirve de alimento a la opinión pública, permanece vivo; tanto más vivo cuanto más numerosos son los que de él se nutren. Esto les ocurría a.los mitos de antaño: por ejemplo, al del «derecho divino» de los reyes, deformación todo lo grosera —y hasta grotesca— que se quiera del tradicional principio cristiano según el cual la autoridad (y no sólo la de los reyes) viene de Dios, pero que permitió mantener en vigor durante siglos la doctrina que hacía de la voluntad del monarca la ley suprema del Estado. Y lo mismo les sucede a los mitos modernos, uno de los cuales es el que convierte la nación en valor supremo, metajurídico, del que nace el derecho y del que emana la legitimidad. En la medida en que es aceptada como mito, a la nación, le basta afirmarse, y no necesita legitimarse, porque ella es la fuente de toda legitimidad.

Doy el ejemplo del mito de la nación porque todo nacionalismo merecedor de tal nombre mitifica el hecho nacional. El nacionalismo surge, precisamente cuando se eleva la categoría de valor supremo, fuente de toda ilegitimidad (y, por ende, anterior y, superior a ella) el fenómeno social consiste en la existencia de unas características más o menos acusadas que diferencian a un grupo humano de los demás grupos (y, sobre todo, de sus vecinos inmediatos). Y si el presidente Leizaola tiene hoy importancia y significación política, es porque ha venido siendo la encarnación de un mito genuinamente nacionalista.

Los mitos de la guerra.

Por una curiosa coincidencia, este mito surgió en el momento mismo en que nacía otro mito español de significación antagónica: el mito del caudillo. Fue, en efecto, el 1.° de octubre de 1936 cuando se produje-

ron dos de los acontecimientos capitales de nuestra guerra civil (que, como todas las guerras, fue gran paridora de mitos): la aprobación en Madrid del Estatuto de autonomía para las Vascongadas, y la designación en Salamanca del general Franco como jefe supremo de las Fuerzas Armadas que, en julio anterior, se habían alzado contra el Gobierno del Frente Popular.

La designación de Salamanca se hizo en nombre del mito en virtud del cual España encarnaba entonces en las fuerzas armadas que combatían al Gobierno de Madrid. Como conviene a la disciplina militar, la voluntad de estas fuerzas no podía ser otra que la de sus jefes. El mito del caudillo así creado, se debilitó con el tiempo y ha desaparecido con la muerte de la persona en quien encarnó; pero el mito de las Fuerzas Armadas (es decir, de sus jefes) como encarnación de la nación española, y únicos intérpretes autorizados de su voluntad soberana aunque eclipsada hoy, podría recobrar vigencia al calor de unas circunstancias favorables.

Frente a él, en octubre del 36 manteniese el mito de la vigencia de la Constitución de 1931: el de aquella «España republicana» y constitucional que, duramente quebrantada por el alzamiento de julio, tuvo una fugaz y ligerísima posibilidad de reponer sus fuerzas para —maltrecha y todo, y aunque renqueante— continuar viviendo si hubiera prosperado la iniciativa que el presidente Azaña tomó al encomendar la jefatura del Gobierno al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, en la noche del 18 al 19 de julio; pero a la que, sin darle tiempo Rara recobrar aliento, disparó el tiro de gracia la rebelión interna capitaneada en Madrid por Largo Caballero y que puso millares de armas en manos de unas milicias que arrancaron por dentro la legalidad atacada desde fuera por las tropas insurrectas.

El PNV en julio del 36

Era evidente que, a la convocatoria de Cortes para el 1.° de octubre, no podrían acudir los diputados frentepopulistas presos, escondidos o asesinados en la zona «rebelde» pero lo más grave es que tampoco pudieron acudir los presos, escondidos o • asesinados en la zona «leal», ni los huidos al extranjero (pregúntenle a Gil Robles sí se le pasó por la cabeza asistir a la reunión, pese a ser el jefe del grupo parlamentario más numeroso), pues ni el Gobierno era capaz de garantizar su integridad física, ni los propios diputados asistentes tenían fuerza para exigírselo. Y fueron aquellas seudocortes las que votaron —naturalmente, sin debate— el Estatuto de autonomía para las Vascongadas.

Sería, empero, erróneo confundir el mito de la «legalidad republicana» pretendidamente viva aquel 1." de octubre (siendo así que yacía inerte, desde más de dos meses atrás, en la cuneta de la historia, como un «paseado» cualquiera), con el que el mismo tiempo forjaba el nacionalismo vasco, cuyo representante genuino era el PNV, pues la otra rama del movimiento, es decir ANV, pequeñita y muy poco representativa estaba inserta desde comienzos de 1936 en el Frente Popular, lo que —desde un punto de vista rigurosamente nacionalista— implicaba una especie de automarginación.

Por supuesto que el PNV no había tenido arte ni parte en la sublevación de julio, ni era responsable de la política frentepopulista que había provocado la insurrección. Esta lo pilló entera e increíblemente desprevenido, por lo que su actitud ante ella en las distintas provincias vascas dependió no de sus propios planes (pues no los tenía), pero ni siquiera de su propia y espontánea voluntad, sino de las circunstancias creadas en cada sitio por la relación entre las fuerzas enfrentadas. Las capitales marcaban la pauta y, aunque el PNV no extraía de ellas la mayor parte de su fuerza electoral, en ellas tenía sus centros de decisión y se jugaba su destino.

Dominadas Bilbao y San Sebastián por los frentepopulistas, no le quedó al PNV más remedio que plegarse al juego de éstos. De poco le valió la neutralidad proclamada (en términos, por lo demás, hostiles al Gobierno de Madrid) por sus dirigentes de Pamplona, y de menos aún las indecisiones vacilantes de los de Vitoria, sometidos a fuertes presiones morales y físicas. Dada la debilidad del partido en Navarra y Álava, la insurrección armada no experimenta allí la necesidad de negociar con él para obtener su menguado apoyo. En cambio, en Vizcaya y en Guipúzcoa ese apoyo •podía ser grande y resultar muy útil; ahora bien, ¿a quién dárselo? La tentación de la neutralidad era muy fuerte, y a punto estuvo el PNV de ceder a ella. Pero su neutralidad podía suponer su aniquilación, por lo menos a corto plazo. Finalmente, sin gran entusiasmo —y por parte de muchos de sus seguidores, a regañadientes—, el PNV se alistó en el bando que logró imponerse, a la vez, en Bilbao y en San Sebastián. Y es de extraordinario interés el testimonio suscrito por el entonces diputado Irujo (y recogido en el libro «El pueblo vasco frente a la cruzada franquista») contando cómo un tiroteo en las calles de San Sebastián, cuyo desenlace fue favorable a los milicianos frentepopulistas, impidió que apareciera en la prensa donostiarra un comunicado del Euzkadi Buru Batzar que contradecía al que, emanado de esta misma instancia suprema del PNV, apareció en el diario Euzkadi, de Bilbao, en el cual se abrazaba la causa del Gobierno de Madrid.

Como precio de esta decisión, y para poder movilizar a unos seguidores a quienes el mito de la «legalidad republicana» dejaba enteramente fríos, el PNV exigió de sus nuevos aliados la rápida aprobación del Estatuto de autonomía, lo que entrañaba nada menos que la posibilidad de crear algo que, para el nacionalismo vasco, era esencial: un poder político genuinamente, autóctono.

Por muy poco no quedó la cosa en agua de cerrajas: en la primera quincena de septiembre fuerzas armadas procedentes de Navarra se apoderaron de Irún, de San Sebastián y de casi todo el resto de Guipúzcoa, penetrando en Vizcaya por la costa y tomando Ondárroa. Con algo más de ímpetu, de pertrechos o de audacia, los atacantes habrían podido llegar hasta Bilbao, pues la capacidad de resistencia era casi nula. No fue así, y hasta el 31 de marzo de 1937 el frente quedó prácticamente en el mismo sitio.

La encarnación de la legitimidad

Aprobado el Estatuto en Madrid el 1° de octubre se procedió enseguida a crear y organizar un Gobierno autónomo provisional. Para elegir su presidente, disponía el Estatuto que, dadas las circunstancias anormales producidas por la guerra civil, «se reuniesen» los concejales de elección popular que forman parte de los Ayuntamientos vascos (léase vascongados) y puedan emitir libremente su voto. La reunión tuvo lugar el día 7 en Guernica, y en ella ocurrió, mutatis mutandis, lo mismo que en la de Madrid seis días antes: no pudieron presentarse a «votar libremente» ni los concejales que se encontraban al otro lado del frente de batalla, ni los que, hallándose en territorio controlado por el Frente Popular, estaban encarcelados o escondidos. Con la elección como presidente de José Antonio de Aguirre, nació un poder político genuinamente vasco y, con él, el mito generador de una legitimidad nueva encarnada en la persona del nuevo presidente. A la muerte de éste, en 1960 no había ya manera de cumplir lo prescrito en el Estatuto, ni siquiera en forma transitoria, y el Gobierno provisional, basándose en su propia legitimidad (que le venía de su designación por el presidente difunto), improvisó un modus operandi, con arreglo al cual eligió él mismo su propio presidente: el hasta entonces consejero de Justicia Jesús María de Leizaola.

En cuanto a la legitimidad democrática del Gobierno provisional considerada exclusivamente en relación con el territorio que teóricamente se le atribuía hay que decir que, en las últimas elecciones libres anteriores a la guerra (las del 16 de febrero de 1936), las Vascongadas habían dado a

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El traspaso de un mito

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las fuerzas políticas favorables al mismo un 68,4 por 100 de los votos válidos. Y aunque la opinión pública evolucionó sin duda entre febrero y octubre, lo hizo de forma que no podemos medir, y no en todas partes en igual dirección, lo que da base suficiente para afirmar que aquel Gobierno tenía al constituirse, una legitimidad democrática de raíz local, que sus adversarios no podían atribuirse en el conjunto de las Vascongadas (pero sí en Álava considerada separadamente).

Matemáticas y mitología

No es posible, en cambio, aceptar la pretensión de que aquel Gobierno representaba legítimamente al conjunto del País Vasco, a menos que concibamos este último como un ente unitario, cosa que nunca ha sido. La concepción unitaria, contraria a la foralidad, chocaba además con el programa originario del PNV en el cual la tradición foral pesaba todavía considerablemente. Ahora bien: como todas las demás filosofías políticas, el nacionalismo tiene una lógica interna que, en el caso del nacionalismo vasco, lo empuja a disolver el viejo pluralismo foral en un unitarismo de nuevo cuño. Una evolución análoga se dio, ya antes, en el nacionalismo español y se ha dado igualmente en los demás nacionalismos, culminando en el totalitarismo fascista.

Dejando aparte la Vasconia francesa, en el País Vasco peninsular Navarra (donde el Frente Popular y el PNV sólo habían sumado el 30,8 por 100 de los votos) se oponía claramente, y no sólo por las armas, a aquel Gobierno; y tal era, aunque en menor grado el caso de Álava (el 42 por 100 de los votos para las mismas fuerzas políticas). Pero los fieles al mito nacional suelen prestar escasa atención a este tipo de datos, tratándolos despectivamente de «aritmética electoral»: para ellos, las matemáticas valen menos que la mitología, a cuyo amparo todo nacionalismo monopoliza a sus propios ojos, y pretende monopolizar ante los ajenos, consciente o inconscientemente, el espíritu y la representación auténtica de la nación correspondiente. Si así no fuera, su mitología se vendría a menudo abajo, al empuje irresistible de las matemáticas.

Durante largos años, el mito nacional encarnado en el gobierno exiliado se mantuvo frente al encarnado en Franco, ayudándole a ello las fuerzas de izquierda participantes en aquel Gobierno y fieles, por su parte, al mito de la «legalidad republicana». Pero el 15 de junio de 1977, al restablecerse con la democracia la prioridad de las matemáticas sobre la mitología, la decoración cambió por entero. Democráticamente hablando, el pueblo vasco no ha tenido desde entonces más representantes

legítimos que los recién elegidos. Mantener frente a ellos una representación basada en una Constitución que había dejado de regir hacía 41 años y en unas elecciones celebradas en fecha igualmente remota, era —además de un anacronismo divorciado de la realidad— un menosprecio a la voluntad libremente expresada de ese mismo pueblo. Y sacando las consecuencias lógicas de la nueva situación, el PSOE abogó por la disolución del Gobierno exiliado y ofreció a Leizaola la presidencia del Consejo General del País Vasco creado en enero y

constituido en febrero de 1978.

Sabido es que el PNV, fiel a su mito nacional, rechazó la propuesta. De ahí, la elección del senador Rubial para presidir el Consejo, y la retirada de los miembros socialistas del Gobierno exiliado una vez aprobada la Constitución de 1978. Ni .siquiera la mitomanía más exacerbada podía mantener ya, frente a esta última, el mito de la «legalidad republicana».

El símbolo

Pero al PNV la «legalidad republicana» lo traía sin cuidado, y el Estatuto de 1936 (distinto, no lo olvidemos, del plebiscitado por los vascongados en 1933) sólo era para él la oportunidad que había que aprovechar para constituir un poder político vasco.

El hecho de que este poder hubiera acabado por ser meramente simbólico era lo de menos: para un nacionalismo auténtico, los símbolos importan más que las realidades cuando simbolizan la nación, convertida por su mitificación en valor político supremo y única fuente de legitimidad..

Y así, el Gobierno exiliado, reducido tísicamente a apenas -más que la persona de su presidente, ha seguido vegetando en su invernadero de la calle Singer, en París, arropado por la mitología contra la fría e implacable lógica de la racionalidad política.

Va a constituirse ahora, con. arreglo al Estatuto de 1979, un Gobierno autónomo provisional cuya legitimidad se base en la voluntad del pueblo (del de hoy, no del de hace 41 años), aunque sólo sea del de las Vascongadas (lo que obliga a calificarlo de vascongado, pese a la mitomanía empeñada en atribuirle una representatividad mucho más ambiciosa y, a todas luces abusiva). Por eso Leizaola viene legalmente a España para traspasar al nuevo ente, en medio de los fastos de la liturgia nacionalista, no ya la legitimidad democrática (que Leizaola ya no tiene, y que tiene en cambio el nuevo Gobierno), sino la legitimidad nacional que a ojos del nacionalismo, es aún más importante: esa legitimidad que mana, como de una roca sagrada, de la mítica encarnación de la nación vasca, primero en la persona de Aguirre, y después

en la de su sucesor

 

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