Ante el II Congreso de UCD. Enmienda a totalidad a la ponencia de estrategia. 
 El grupo de Martín Villa desea una UCD capaz de "autogobernarse"     
 
 El País.    27/01/1981.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

EL PAÍS, martes 27 de enero de 1981

NACIONAL

Ante el II Congreso de UCD

Enmienda a la totalidad a la ponencia de estrategia

El grupo de Martín Villa desea una UCD capaz de "autogobernarse"

Los principales dirigentes centristas del grupo que aglutina el ministro Rodolfo Martín Villa han

presentado una propuesta de texto alternativo a la ponencia de estrategia para el II Congreso de UCD,

que, entre otras cosas, afirma que el partido debe lograr un sistema coherente de autogobierno, propenso a

una continuidad de propósitos y actuación, y que permita los relevos necesarios sin el temor a las

tormentas o sin necesidad de los vaivenes de un péndulo. Entre otros, firman el documento Jesús Sancho

Rof, Pío Cabanillas, Juan José Rosón, Félix Manuel Pérez Miyares, Sebastián Martín Retortillo y el

propio Martín Villa.

El referido documento dice, entre otras cosas: «En un análisis de la sociedad española y su sistema

político, reconociendo la etapa del consenso, estima que los acuerdos preconcertados deben dejar paso

ahora a la libre discusión pública, al debate institucionalizado de las cuestiones, principio este sobre el

que descansa la democracia de tipo parlamentario, que debe ser eminentemente eficaz».

Según el documento, en la consideración de la crisis económica se apoya la libertad de sindicación y

huelga, que no contribuyó a agudizar la crisis, sino que, simplemente, la puso al descubierto, aunque

quizá con ligereza e imprevisión.

El terrorismo carece de justificación en el actual Estado democrático, y por ello no hay más fórmula para

su erradicación que una amplia cobertura de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, una

decidida colaboración internacional y una eficaz acción policial y de la justicia.

Se estima que la sensación de la sociedad española no es tanto de falta de seguridad como de inquietud

por el principio de igualdad ante la ley y ante el horizonte vital de los españoles, que se deben sentir

iguales en la nación y ser, también, dueños por igual de su Estado.

El documento rechaza como falsas soluciones las de un Gobierno de concentración, de un Gobierno de

coalición entre los dos partidos mayoritarios y de una convocatoria anticipada de elecciones legislativas,

por cuanto el sistema democrático necesita ser consolidado, y ello tendrá lugar cuando se haya cumplido

una legislatura, cuando se haya cumplido con normalidad un mandato parlamentario. También rechaza el

documento la reforma constitucional, que en este momento sería inoportuna y podría causar serias

dificultades adicionales.

Según el documento, la verdadera respuesta reside en instaurar un realismo democrático ajeno a deseos

totalitarios y a las utopías del signo que sean. Todos cuantos son conscientes de sus responsabilidades de

ciudadanos vienen obligados, a pesar de la permanente tentación al desencanto, a coadyuvar con su

esfuerzo ante las dificultades. Nadie tiene derecho a desinteresarse de lo que a todos afecta, y, por ello, la

democracia debe y quiere ser la democracia de todos los españoles, cualquiera que sean sus lugares de

nacimiento, sus ideologías o sus opiniones. Hay que renunciar a disputas sin sentido y hay que evitar las

querellas sobre la realidad histórica, social y política de España. Por otra parte, este realismo democrático

exige una fecunda dialéctica política; pero sin pretender recurrir a fórmulas de forzada convergencia, que

no estaban ni estarán en el ánimo del electorado.

En la defensa de las libertades es necesaria una justicia que haga respetar la ley desde su insobornable

independencia y que, con su unidad y coherencia, se haga obedecer. Además, la justicia debe ser

accesible a todos, sin que su administración resulte tan lenta, compleja y costosa como lo es actualmente.

En el terreno económico se propone una ambiciosa política de inversiones, fundamentalmente privadas, y

un notable aumento de la productividad. Es preciso, además, continuar la firme restauración del principio

de libre empresa. La agricultura puede ser un sector prioritario, del que en gran parte depende el presente

y del que, sin duda, dependerá en alto grado.

Se propone, además, un acuerdo básico para el Estado de las autonomías y la superación de la crisis,

de modo que los antagonismos deben dejar paso a las solidaridades. En lo político, todos los partidos

deben contribuir a levantar las paredes maestras del Estado de las autonomías, afirmando a la vez el

hecho mismo del Estado, que tiene especialísimas e indeclinables responsabilidades. En las relaciones

sociales, el Estado, los sindicatos y las patronales deben elaborar y ejecutar una estrategia para superar la

crisis, qué no se va a resolver espontáneamente, y, en este sentido, debe precederse, sin más dilaciones, a

la creación del Consejo Económico-Social, según la Constitución.

Se reconoce que los españoles, en número importante, se sienten defraudados en su vida concreta, y no

pocos optan por culpar de tal situación al actual sistema y a sus efectivos puntales, esto es, a los partidos

políticos. Pero si los partidos buscan soluciones internas, ello no es, según el documento, porque olviden

los problemas del país, sino porque necesitan poner a punto sus medios de actuación para poder afrontar

los problemas con mayor fuerza y con más claros objetivos.

UCD como partido

En lo que se refiere a UCD, aceptados sus valores, el documento rechaza pretendidas heterodoxias de hoy

que pueden ser verdades para mañana, y señala que principios que ahora se creen inmutables, mañana

pueden ser reliquias en el camino de la evolución social y política. En consecuencia, se propone no ser un

partido dogmático. Sin embargo, una vez que el congreso haya definido una línea de actuación y elegido

unos órganos, éstos deben ejercer el poder en el partido conforme a los estatutos y, en su caso, conforme a

los pactos o fórmulas establecidos para lograr la elección de su estructura directiva. Una vez establecidas

las reglas del juego, cualquier desviación que pretenda legitimarse en la ideología de un grupo o de una

familia debe ser asumida y expuesta con todas sus consecuencias, sin que de entrada deba ser permitida

su prevalencia por suponer una actitud clara de incumplimiento.

Según lo expuesto, el partido tiene ideas y propósitos para su labor y para la labor de gobierno de la

nación, y se niega a entender la ideología como un corsé rígido del pensamiento y del alma de los

hombres, y ni siquiera de sus necesidades y aspiraciones. Los programas de UCD deben surgir de la

propia praxis del partido, de sus recursos y de sus nombres, de su posición dentro del espectro social de la

nación y de la capacidad de movilización que posea.

Finalmente se afirma que es cualidad indispensable que el partido logre un sistema de autogobierno

coherente, eficaz, propenso a una continuidad de propósitos y actuación que permita los relevos

necesarios sin el temor a las tormentas o sin necesidad de los vaivenes de un péndulo.

 

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