El Tribunal Supremo refrenda la legalidad     
 
 ABC.    11/12/1970.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

ABC. VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 1970. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 18.

EL TRIBUNAL SUPREMO REFRENDA LA LEGALIDAD

Una cierta preocupación social se advertía entre personas serenas y responsables—que son las más—en estos últimos días acerca de la legalidad del proceso de Bureos. Una cierta preocupación, explicable por la circunstancia de hallarse pendiente de resolución por el Tribunal Supremo de España un recurso de casación interpuesto por la representación de los procesados en aquel surnarisimo contra el auto de la

Audiencia Provincial de San Sebastián—Tribunal ordinario, no militar—, en el que éste, en su día, declaró no haber lugar a requerir de inhibición a la Jurisdicción castrense.

El tema era serio, profundo, de no fácil comprensión para los no técnicos, y justamente preocupante. ¿Será ilegal todo el proceso militar? ¿Será según la Ley competente la Jurisdicción ordinaria? Tal era la duda planteada por los letrados defensores en uso de un perfectísimo derecho—y deber—de defensa.

Y no bastaba con que la Jurisdicción militar proclamase su propia competencia. No bastaba con que no accediese a declinarla en favor de la Jurisdicción ordinaria. Podría pensarse que ante tan problemática circunstancia—y sólo ante ésa— la Jurisdicción castrense podía ser configurada como juez y parte. Para acabar con toda clase de dudas era preciso que, por su sólo entendimiento, ante su propia y única responsabilidad, fuera la Jurisdicción ordinaria quien, examinado el caso controvertido, decretase—y al más alto nivel—su propia opinión y con definitiva fuerza vinculante.

La resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo—que es la Sala específicamente encargada de resolver todas las cuestiones de tipo criminal—, decretando no haber lugar a la admisión del recurso de casación—suprema y última instancia prevista en las leyes españolas—, contra el auto de la Audiencia Provincial de San Sebastián, que estimó improcedente requerir de inhibición a la Jurisdicción militar, ha dejado zanjada definitivamente la cuestión.

En otras palabras, para la Jurisdicción ordinaria son competentes, y sólo ellos son competentes, de acuerdo con la ley en vigor, los Tribunales militares para entender de aquella causa. Ha venido así el Tribunal Supremo a refrendar, valga el término, la legalidad con que se ha actuado. Ha sido la Jurisdicción ordinaria, totalmente desvinculada del aparato militar de la nación, quien con suprema autoridad ha dejado claro, de una vez por todas, que el fuero castrense ha sido aplicado con rigurosa legalidad.

Desvanécese así toda sombra de duda, toda, de ahora en adelante, inadmisible

mácula que pudiera enturbiar la decisión que se dicte por el Consejo de Guerra de la VI Región Militar.

Procesalmente, formalmente, la legalidad está clara, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo.

Y en un Estado de Derecho, la legalidad hay que cumplirla si quiere seguir llamándose así. Han sido los jueces civiles los que dé esta forma han dicho una última y definitiva palabra sobre lo ajustado a Derecho de las normas procesales aplicadas al caso.

Ello no quiere decir, en modo alguno, que esa legalidad nos parezca la óptima ni que en sí misma sea inmodificable. Hemos sostenido en estas mismas columnas—no hay ningún inconveniente en repetirlo hoy—que abogamos por la unidad y la exclusividad jurisdiccionales.

Precisamente porque la sociedad española es una sociedad sana; precisamente porque tenemos hombres (los jueces) que por su especialización, por su sola y ejemplar entrega plena a la altísima tarea de administrar justicia, son los más idóneos para tal misión; precisamente porque es estructuralmente aconsejable la unidad jurisdiccional, seguimos pensando —con los más eminentes juristas de la nación—que hay que ir hacia esa unidad.

Unidad que encuentra su más firme apoyo en la básica, esencial y no desmentida independencia judicial. Unidad proclamada y vigente desde que se promulgó el 15 de septiembre de 1870 la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo artículo segundo se dice que «la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y Tribunales».

Unidad que ha sido elevada a la categoría de norma constitucional por el artículo 31 de la Ley Orgánica del Estado cuando establece que «la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás que se establezcan en las leyes, corresponden exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley Orgánica de la Justicia, según su diversa competencia».

Y defendemos esa unidad jurisdiccional como un gran bien esclarecedor de situaciones aparentemente complicadas, atribuyendo el Estado al orden judicial ordinario lo que le es específicamente propio y para cuya misión se encuentra en óptimas condiciones.

Nadie crea que un Tribunal ordinario dudaría en un instante en la aplicación de la Ley, rigurosa ante los hechos graves, y además inflexiblemente adecuada en la sanción prevista para reprimir, en busca de la paz social, delitos como los ahora enjuiciados.

Pero, precisamente porque nos proclamamos defensores de ese orden institucional que es el Estado de Derecho, precisamente porque en él existen cauces previstos para lograr nuestras aspiraciones, es por lo que, en tanto no tenga realidad las disposiciones que propugnamos, hemos de acatar la legalidad.

Y la legalidad está, ya lo hemos visto, confirmada por el Tribunal Supremo. Concluyendo: someter a conocimiento de la Jurisdicción castrense los hechos que se han visto en el sumarísimo seguido en Burgos constituye un acto legal. Y por ende, formalmente justo. Lo ha ratificado así el Tribunal Supremo,

máximo exponente del Poder Judicial Ordinario.

 

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