Autor: Medina González, Guillermo. 
 La economía de la transición democrática (I). 
 La inflación lleva a la dictadura     
 
 Informaciones.    26/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

La economía de la transición democrática (I)

La inflación lleva a la dictadura

Por Guillermo MEDINA

CUANDO este artículo, primero de una serie sobre la crisis económica y su coincidencia con la transición

política, estaba escrito, llegan informaciones sobre una próxima aceleración y ampliación del programa

económico del Gobierno. El último Consejo de ministros parece ser la señal de partida de una voluntad

política concreta: colocar la economía en el primer puesto de las preocupaciones y actuar con energía y

rapidez.

Trasladar esta decisión a la práctica comporta inevitables riesgos. Pero pueden paliarse si el Gobierno

explica a la opinión pública —y no sólo a los dirigentes sindicales— la gravedad de la crisis y la

necesidad de las medidas antiinflacionistas. Por otra parte, el mayor de los riesgos es la inacción. Una

buena parte del país sólo espera ver al Gobierno firme, solidario, claro y activo para recobrar la confianza.

El programa de austeridad y reformas (inseparables) en busca de la estabilización (sin eufemismos) y el

saneamiento debe llevarse a cabo pese a todos los intereses afectados, y el Gobierno no puede esperar

indefinidamente a contar con el visto bueno de todos. Y más cuando hay razones para dudar de la

capacidad de pacto y representación de las centrales sindicales, en plena competencia con vistas a las

elecciones sindicales.

Al actuar, el Gobierno asume su propia responsabilidad en el éxito o fracaso del programa económico.

Para eso están las elecciones en una democracia. Pero no hemos llegado aún a una situación normalizada.

No habrá próximas elecciones sin solución de la crisis económica, y la responsabilidad no será sólo del

Gobierno, sino también de todos los grupos políticos, económicos y sindicales.

EN diciembre de 1918 un dólar podía cambiarse en la República de Weimar por ocho marcos. Cinco años

después, hacían falta cuatro billones de marcos. La estabilidad económica saltó en pedazos, arrastrando

tras de sí la joven democracia alemana, que había sustituido, en medio de la esperanza y la expectación, al

derrotado Imperio del Kaiser. Los alemanes vieron cómo se cumplía la afirmación de Lenin: «El modo

más seguro de destruir una sociedad es destruir su moneda.» Frustración, resentimiento, inseguridad,

sucedieron a la descomposición de la sociedad, y del Estado democrático. En marzo de 1924, una minoría

de parlamentarios encabezados por Adolfo Hitler entraba en el Reichstag para escalar el Poder

rápidamente en medio de la indiferencia de unos y el entusiasmo de otros. Los alemanes quedaron

galvanizados por quienes les hicieron pasar de la depresión al arrebato y de allí a una guerra espantosa.

FALTA CONCIENCIA DE LA CRISIS

Los ejemplos se suceden a lo largo de la Historia: una democracia privada de una mínima estabilidad

económica genera un proceso que conduce a la solución autoritaria. Chile y Argentina están ahí como

dramáticas confirmaciones de un principio de validez universal: un régimen dictatorial puede permanecer

allí donde se produce una alta inflación, pero ésta es incompatible con la continuidad de un sistema

democrático. «Si no se salva la economía, volverá la dictadura», prevenía en marzo pasado Mario Soares

a un pueblo al borde del colapso, tras los excesos de la gran fiesta revolucionaria.

Sería suicida desconocer que la inflación nos lleva a la dictadura, que sobre un país en quiebra es muy

difícil consolidar una incipiente democracia y que una sociedad sobre la cual se ha instalado una espiral

inflacionista es fácil presa —las clases medias como las clases obreras— de la tentación totalitaria.

Cuando una nación se instala durante un largo período en una inflación excesiva, consolidando lo que es

una anormalidad, los instrumentos de un Estado democrático se vuelven insuficientes para volver a la

normalidad. Desasosiego, tensiones sociales, paro, empobrecimiento de la gran mayoría, corrupción,

desgana, inseguridad, debilitamiento de los resortes morales y éticos de la sociedad, son las secuelas

inevitables de una espiral inflacionista que entre nosotros apunta con virulencia preocupante.

En muchas de las inquietudes y tensiones del momento actual se deja ver una causa común: la inflación.

Pero lo mas preocupante no es ya, con ser tan grave, la inflación, sino la insuficiente conciencia, de la

sociedad y de los partidos, sobre la naturaleza y el alcance de la crisis económica y sobre los medios para

hacerle frente. No sólo esto, sino que incluso en algunos sectores políticos —no el P. C. E.,- que entiende

la naturaleza del problema y repite la voz de alarma— se acusa al Gobierno de utilizar el fantasma

inflacionista para amenazar con el peligro de involución y presionar así sobre sus interlocutores sindicales

y políticos. Resulta increíble y preocupante que puedan afirmar esto políticos influyentes en partidos que

ocupan cuotas importantes de responsabilidad y de poder políticos.

LA INFLACIÓN, PROBLEMA PRIORITARIO

Mucho más amenazante para el futuro de la democracia es la inflación que el golpe propinado a un

diputado por un policía en medio de la excitación de un incidente lamentable. Y mucho más acuciante el

problema de los precios que el debate sobre lo que sucedió en el Sahara en noviembre de 1975. Pero el

contraste está a la vista. Ahora, un auténtico diluvio de proyectos de ley va a caer sobre las Cortes desde

todos los ángulos políticos. Todos estarán justificados y buscarán solución a problemas reales, pero temo

que las ramas no nos dejen ver el bosque. Son innumerables los problemas que se han ido acumulando en

espera de soluciones democráticas. Nuestro sistema jurídico necesita una amplia revisión. Hay pendiente

una reforma de las estructuras económicas. Hay que desarrollar el nuevo cuadro de nuestras relaciones

internacionales. La transición no se cierra con la redacción de la Constitución ni se reduce sólo a lo

político. Con todo esto surge un doble riesgo: creer que la democracia es la solución de los problemas y

no un método para resolverlos en libertad y convivencia, y caer en la impaciencia y el inmediatismo.

El pacto previo que deben negociar los partidos políticos es el de urgencias y prioridades. Y no dudo al

opinar que el primer puesto de la escala de objetivos, al cual habría que condicionar por ahora todo lo

demás, ha de ocuparlo, junto a la redacción de la Constitución, la batalla contra la inflación.

Los últimos años del régimen anterior estuvieron ocupados preferentemente por los problemas del orden

público y la búsqueda de una supervivencia política imposible. Durante ellos, los responsables políticos

renunciaron a hacer frente a la crisis económica con algo más que una política de párcheos, y a la muerte

de Franco se generalizó la opinión según la cual sólo podría llevarse a cabo una nueva política económica

eficaz en el cuadro político poselectoral. Si la euforia del mito desarrollista dejó sitio a una crisis del

modelo económico en coincidencia con el ocaso político del régimen, de aquí se pasó al vacío

preelectoral, dominado por la busca de una salida democrática.

Pasadas las elecciones, la situación debiera experimentar un giro de 180 grados, para colocar la crisis

económica en e! eje de la actividad política inmediata. La responsabilidad es de todas las fuerzas

políticas, de los empresarios y lej sindicatos, y la cuestión no radica tanto en la formación de un Gobierno

de concentración como en negociar las soluciones de la crisis. El primer punto de consenso debe ser la

necesidad de un modelo de austeridad rigurosa y tajante para todos, por decirlo con palabras del profesor

Tierno.

FIRMEZA-AUSTERIDAD-ESPERANZA

No es cuestión de exponer ahora la panoplia de instrumentos y objetivos antiinflacionistas del Gobierno,

centrados principalmente en la depreciación de la peseta, la reforma fiscal, la del sistema financiero, la

política monetaria y la política de rentas. Instrumentos todos correctos y esenciales, pero requieren una

segunda fase de medidas. Sí importa resaltar tres aspectos de la batalla contra la inflación, sin los cuales

el mejor programa técnico no serviría para mucho. En primer lugar, está la necesidad de afirmar una

voluntad política de no ceder a las presiones de los intereses sociales y económicos inevitablemente

afectados por la política antiinflacionista. Voluntad de la que no carece, por ejemplo, el profesor Barre, un

técnico encargado de combatir la inflación, quien supo ser fiel a su primera advertencia: «No cederé a

ninguna presión, ni siquiera electoral.»

El programa de Barre no gustó a casi nadie, porque afectó a .casi todos; .pero si la izquierda francesa

ocupara el Poder en 1978, tendría que desmentir sus afirmaciones desde la oposición e imponer

igualmente la austeridad. En Italia, los comunistas están apoyando un programa de estabilización

económica y los sindicatos aceptan el control de las alzas salariales como contribución al saneamiento

económico, única alternativa a la ruina y la bancarrota. Y en Estados Unidos, el Presidente Cárter tiene el

coraje de establecer una medida de las que más podrían herir el orgullo de la nación más poderosa: la

austeridad energética.

La austeridad es, en efecto, la segunda condición básica. Parte del reconocimiento de una realidad que

muchos quieren desconocer: el país vive y gasta por encima de sus posibilidades y produce por debajo de

sus demandas, necesarias o superfluas. Digo esto en términos generales, macroeconómicos, pues es obvio

que en la situación española hay sectores a los que aún no ha llegado un suficiente grado de bienestar, y

hablarles de austeridad sería una burla. Pero este es el aspecto redistributivo, con independencia del cual

existe el principio de que la solución de la crisis requiere austeridad y racionalidad económica. Sin

disciplina económica —que ya practican Francia, Gran Bretaña, Italia...— tampoco habrá la ayuda

exterior que necesitamos. No existen milagros económicos, no queramos desconocer las realidades: ni

nada ni nadie nos libra de un esfuerzo colectivo ni vamos a tener un solo dólar sin paralelo esfuerzo

interior.

Todo lo que no sea reconocer que hay un problema de precios, pero también un problema de

productividad decreciente, es no salir de la demagogia. Y junto a ello hay que disminuir ciertos gastos de

consumo que escapan a las posibilidades actuales de nuestro sistema económico y que han ido

extendiéndose entre una parte de la sociedad; es preciso eliminar el desperdicio, los gastos inútiles que

redundan en el aumento de los costos de las empresas y en los gastos de la Administración y de las

empresas nacionalizadas. Problemas como el absentismo, el crecimiento de la burocracia, las prácticas

monopolísticas y proteccionistas, la evasión fiscal, etc., no pueden ser ignorados por una eficaz política

antiinflacionista.

El tercer aspecto de la batalla contra la inflación es el psicológico, al que ya diera importancia Keynes.

Firmeza, claridad y veracidad deben ser componentes de una política económica cuyo resultado radicará

en buena medida en la capacidad para galvanizar voluntades, movilizar recursos y devolver la confianza.

Al fondo del esfuerzo colectivo para eliminar la inflación aparece un desarrollo económico estable y

equitativo, una economía de «rostro humano» y la desaparición del obstáculo más grave e inmediato para

la consolidación de la democracia. Y sin ese esfuerzo el proceso que arranca de la ley de reforma política

y el referéndum sólo sería un paréntesis de libertad y democracia que las generaciones actuales no habrían

sabido consolidar.

 

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