Autor: Medina González, Guillermo. 
 La economía de la transición democrática (II). 
 En busca de un modelo económico social     
 
 Informaciones.    27/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

La economía de la transición democrática (II)

En busca de un modelo económico social

Por Guillermo MEDINA

ASI como hay una transición formal (redacción de una nueva Constitución) que no presenta problemas

insuperables y una transición moral y cultural (democratización de la cultura y de la sociedad), la

democratización del sistema económico forma igualmente parte del cambio globalmente considerado.

La transición española es un proceso más largo y complejo que el conjunto de hechos políticos formales

que van desde el referéndum del 15 de diciembre a la aprobación de la próxima Constitución; la situación

del país es constituyente en un sentido muy amplio. También asistimos a los primeros debates sobre, la

«constitución» de un nuevo modelo o sistema económico. El tema no es exclusivo de España, pero es

particularmente actual entre nosotros, porque la redefinición de grandes opciones es inevitable, dada la

coyuntura histórica que vive el país, y la grave crisis económica.

QUIZA no ha habido en la historia española otra encrucijada con tan alto consenso constitucional cómo el

que actualmente se da entre los grupos políticos parlamentarios. En cambio, la construcción de un modelo

económico-social aceptable para la mayoría del país se presenta más incierta, .Mientras no ofrece duda

que el modelo político-constitucional es el de una democracia pluralista, con garantía de derechos y

liberta. des, forma de Estado monárquica (aceptada o no contestada abiertamente) y hasta integrada en la

estructura institucional y las prácticas de la Europa comunitaria, aparecen desdibujados los principios que

han de ragir si funcionamiento de la economía, la función de los sindicatos, las posibilidades y límites de

la libre iniciativa, etc. Cuando un ministro afirma que «hay que llevar al ámbito de la empresa el principio

da convertir en ciudadanos a subditos», la controversia que se desata deja ver dudas y sombras sobre la

transición económico-social.

El problema debe preocuparnos, porque el consenso constitucional no puede funcionar sin un mínimo

contenido económico-social, que o debe estar presente en la propia Constitución o ser aceptado por los

grupos sociales independientemente da ésta. Ahora mismo podemos observar cómo la ausencia de pacto

social es una amenaza para la continuidad y la permanencia del pacto político. La urgencia de trasladar a

¡o económico-social el consenso constitucional y político es manifiesta, y la negativa en este sentido de

algunos sectores sindicales y políticos es una inquietante espada de Damocles sobre el conjunto del

sistema que estamos creando.

Quizá ha llegado el momento de deshacer las dudas sobre los principios que deberán regir el

ordenamiento económico-social español, y trasladar a este terreno el pacto de convivencia que ya se da en

lo político y que tendrá su reflejo en la Constitución. Aceptemos que el nivel de coincidencia sobre los

derechos y libertades es mucho más claro, permanente y definido que el que es posible esperar en cuanto

al debate libertad-socialización. Pero la convivencia resultaría imposible si Gobierno y oposición de

izquierda sostuvieran dos modelos económicos antagónicos, irreconciliables, y la estrategia de la segunda

consistiera en dinamitar el sistema propuesto por el Gobierno, negar cualquier colaboración (que se vería

como «apüntalamiento» de ese sistema) y buscar la sustitución completa lo antes posible.

LA IZQUIERDA Y EL MODELO ECONÓMICO

El problema hoy en España es más de ambigüedad sobre las actitudes y objetivos del modelo económico

de los partidos que de confrontación abierta entre modelos definidos. ¿Cuál es la actitud del partido en el

Gobierno y de la izquierda, particularmente del P. S. O. E.? En cuanto a éste, parece claro que su

propuesta es alcanzar un socialismo autogestionario basado en la sustitución de la propiedad privada de

bienes productivos y del capitalismo de Estado por la propiedad social; se trata de una propuesta utópica,

sin que haya que dar a este concepto un significado peyorativo, sino de objetivo finalista propio de la

filosofía política socialista.

A corto plazo, sin embargo, las propuestas económicas del P. S. O. E. parecen estar más cerca de las de la

socialdemocracia que de una contestación global e inmediata del modelo neoliberal. El P. S.O.E. no

orientó su campaña electoral según los objetivos revolucionarios que contiene e! programa da su

congreso, sino en un sentido de moderación que si es digno de aplauso, no por eso- evitó la acusación de

travestismo político. Lo que no está claro en el P. S. O. E. es la frontera entre sus propuestas de hoy o

mañana y los objetivos a largo plazo; ni conocemos con precisión cuáles son esas propuestas inmediatas,

porque como partido de oposición ha atacado al Gobierno, pero no ha ofrecido paralelamente una

alternativa de programa económico clara y precisa. Es cierto que los dirigentes socialistas han repetido

que el programa económico de U. C. D. - Gobierno es un plagio del P. S. O. E., pero entonces no se

comprende bien porqué ei partido de Felipe González se niega al Gobierno de coalición y plantea

últimamente una oposición más propia del acoso y derribo, que de cooperación en la búsqueda de

soluciones.

En todo caso, hay hechos como para abrigar la sospecha de que el comportamiento del P. S. O. E. frente

al Gobierna han sufrido últimamente un cambio táctico: no plantea una alternativa de poder a medio

plazo, con vistas a las próximas elecciones generales, (o que le inclinaría a una oposición cooperadora a

corto plazo, como parecía ser la tendencia tras las elecciones; plantee, por el contrarío, una alternativa el

poder— a corto plazo, porque «esperamos que el equilibrio actual puedan romperlo o las elecciones

sindicales o las municipales» (Felipe González el pasado sábado en Roma).

Esta última opción táctica lleva lógicamente al principal partido de oposición a una actitud de ataque y

confrontación y le aleja de la cooperación con el Gobierno en la búsqueda de soluciones a la crisis. No

quiero entrar a calificar si ese comportamiento antepone los intereses del partido a los generales del país

en estos momentos críticos. Eso tendrán que juzgarlo los electores. Voy incluso a aceptar que al obrar así

es coherente con la opinión de sus bases. Pero si el P.S.O.E. quiere ser una «alternativa de poder»

inmediata, entonces debe definirse sobre las características concretas de la sociedad y del modelo

económico que propone a! país; debe ofrecer un programa económico concreto,.al igual que el Partido

Socialista francés. Si la izquierda gobierna mañana en Francia, todos saben lo que pueden esperar; pero

entre nosotros lo de «alternativa de poder» no nos aclara las interrogantes sobre lo que haría Felipe

González si ocupara La Moncloa.

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

Con independencia de cuál sea el planteamiento táctico del P.S.O.E. con respecto al problema de definir

el modelo económico-social, es evidente que no hay por parte de este partido ni aceptación del modelo de

economía social de mercado de sus correligionarios alemanes ni rechazo expreso del mismo como vía

posible hacia formas de socialización más avanzada. Esta ambigüedad mantiene un punto de

incertidumbre que no facilita la claridad que la crisis económica requiere de los partidos. Por lo cual me

animo a proponer a los responsables del P. S. O. E., sin ánimo polémico alguno ni otro deseo que el de la

clarificación, su contribución al debate sobre cómo salir de la crisis y a qué modelo nos dirigimos.

No parece que la gran mayoría de la izquierda vea en la crítica situación económica actual la ocasión de

construir un modelo de economía socialista sobre las cenizas del sistema de libre empresa. No es esa,

desde luego, la actitud del P, C. E., convencido de que ayudar a salir de la crisis no significa «curar la

crisis del capitalismo», sino consolidar la democracia a partir de la cual todos pueden trabajar por sus

objetivos. La opción actual no se plantea entre inflación o socialismo, sino entre una fórmula de

austeridad y reformas en el cuadro de una economía social de mercado o la alternativa autoritaria para

salir de la crisis.

No parece que deba resultar excesivamente incómodo a la izquierda democrática apoyar ahora un modelo

que si bien es asumido y administrado por la derecha liberal y el centro reformista, supone una

modernización y reforma de las estructuras económicas. Identificar este modelo válido para una España

democrática con la política de desarrollo del franquismo no sería honesto. Aquella mezcla de tecnocracia,

liberalismo económico, intervencionismo, proteccionismo estatal, autoritarismo político y demagogia

social-sindical propia del régimen anterior, poco tiene que ver con el nuevo modelo, más social y menos

estatista, más libre y menos liberalista, más competitivo y menos proteccionista, más democrático y

menos impune.

Sobre el Gobierno y la U.C. D. recae fundamentalmente la tarea de definir los principios y fronteras del

modelo socioeconómico. El 15 de junio no se votó un cambio de sistema en cuanto al principio de

libertad económica. Pero se dejó ver el deseo de un cambio cualitativo, de reformas, de correctivos

sociales, de intervención activa a favor de una mayor Igualdad, Todas esas aspiraciones mayoritarias en la

sociedad española pueden y deben ser integradas en el nuevo modelo, que será, como es la tónica en la

Europa desarrollada, de economía mixta, donde el principio social y la primacía de los intereses y los

servicios sociales corrigen si libre juego de las fuerzas del mercado. A eso llamamos economía social de

mercado.

Escribo economía social de mercado y no economía libre de mercado porque aquélla es la que se va

configurando en la Europa comunitaria por la cual hemos optado, mientras que la segunda se da —y no

en estado de pureza liberal— en Estados Unidos. En uno como en otro modelo, sin embargo, la libertad

de empresa es principio reconocido y no contestado, aunque el reparto del poder en la empresa sea motivo

de largo debate. Y digo esto, porque hay una tendencia en España a describir en términos más propios del

socialismo un modelo económico —el social de mercado— que es claramente diferenciable de cualquier

posible unión socialista.

La definición del modelo, de las reglas del juego, resulta fundamental para enfrentar la crisis, una política

antiinflacionista sólo puede alcanzar éxito si es firma y crea convicción, si tiene continuidad y emplea

todos los instrumentos de la política económica. Y si gana la batalla psicológica, si infunde confianza. Y

ésta no se logra sin un cuadro de objetivos y un calendario, y, en e! horizonte, un modelo claro, unas

reglas del juego.

El Gobierno de la U. C. D. no recibió sus votos para enfrentar la crisis con soluciones socialistas. Tres

millones y medio de pequeños y medios empresarios, de artesanos y agricultores independientes, que dan

empleo al 85 por 100 de la fuerza laboral, sólo esperan garantías y definiciones claras para recobrar la

confianza. El empresario no esté contra las reformas, pero quiere sentirse libre de potenciales amenazas,

desea seguridades sobre su propia supervivencia como empresario y claridad sobre los límites de la

socialización.

 

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