Autor: Medina González, Guillermo. 
 La economía de la transición democrática (y III). 
 Crisis económica, reformas y pacto social     
 
 Informaciones.    29/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

La economía de la transición democrática (y III)

CRISIS ECONÓMICA, REFORMAS Y PACTO SOCIAL

Por Guillermo MEDINA

UN ministro del actual Gobierno, Joaquín Garrigues, escribía en octubre de 1974: «Las diferencias

actuales de renta entre los españoles son inaceptables si queremos convivir pacíficamente.» Un año

después, Fraga, partiendo de una afirmación similar y de la necesidad de que todas las empresas

reconozcan «la plenitud de sus responsabilidades sociales, jurídicas, fiscales y de toda índole», escribía la

siguiente: «Habrá quien diga que esto es la revolución. Muchos españoles pensamos que es el precio

mínimo que hay que pagar para evitarla y para poder andar con la cabeza alta.» Más recientemente,

Fernández Ordóñez decía a los ejecutivos de Finanzas: «Una política económica necesita convencer al

país de que se va hacia el cambio social. No se puede decir que se está viviendo por encima de las

posibilidades cuando el 10 por 100 de la población detenta el 40 por 100 de la riqueza.»

Las citas podrían multiplicarse, poniendo de relieve que existe un clima político favorable a las reformas

económicas y sociales. La necesidad de éstas es un principio no contestado por la derecha parlamentaria,

algunos de cuyos miembros afirman que socialmente no están a la derecha del partido gobernante, el cual,

a su vez, plantea un programa de reformas que en muchos puntos recuerda los objetivos de la social

democracia europea. Creo que estamos ante una actitud ni revolucionaria ni conservadora, sino reformista

y progresiva, coincidente en general con el sentido mayoritario del voto del 15 de junio.

Escribimos el lunes pasado que el programa económico que el Gobierno debe promover ha de basarse en

dos pilares inseparables: austeridad y reformas. Ahora llegan noticias de que el plan se llamaré de

saneamiento y reformas económicas. Es lo mismo, aunque sé prefiera hablar de saneamiento (el objetivo)

en vez de austeridad {el método). ¿Por qué Inseparables? Sencillamente porque no podrá pedirse

austeridad al país, a las clases con menores rentas, sin cambios en una estructura económica anticuada e

injusta y porque desde un ángulo puramente técnico reformas como la fiscal son un instrumento necesario

de la política antiinflacionista. Además, las reformas tienen un doble sentido en esta etapa: hacer posible

un modelo económico social aceptable para un amplio sector del país y proporcionar una cierta

compensación por la inevitable limitación del crecimiento de las rentas.

Un programa de saneamiento y reformas necesita cuatro o cinco años, y aunque habrá que tomar la

medicina desde el primer día, la perspectiva de unos objetivos sociales realistas puede justificar en parte

los sacrificios de hoy. Habría que huir de promesas irrealizables ahora y de ambiciones teóricas; cuatro o

cinco objetivos escogidos y con calendario preciso justificarían en cualquier país la tarea social de una

legislatura: enseñanza verdaderamente gratuita para todo el que la requiera, solución del problema de la

vivienda, mejora sustancial de las pensiones, salario mínimo realista y reforma, control y mejora del

sistema de prestaciones sociales.

Es de temer, sin embargo, que el inmediato lleve a plantear demandas o proponer objetivos fuera de la

realidad y que nos desviemos de problemas esenciales de nuestra sociedad, como puedan ser los

anteriores, para querer encontrar ya complejas soluciones a los problemas que se plantean en las más

sofisticadas sociedades industriales.

INVERSIONES

El ministro de Hacienda declaró recientemente: «La clase trabajadora tiene que comprender que por

primera vez, por primera vez, repito, se ha hecho un esfuerzo honrado de distribuir con justicia la carga

tributaria.» El Gobierno trasluce preocupación por distribuir el peso de la austeridad y encontrar factores

de compensación a la inevitable política de las rentas. Incluso parece remiso a adoptar medidas que a

simple vista pudieran parecer poco sociales y que sin embargo resultarían comprensibles en el cuadro de

soluciones técnicas y lógicas para promover la futura expansión. Tal sucede con las medidas que podrían

tomarse para derivar bienes de consumo y recursos financieros hacia la exportación y el ahorro-inversión.

El país necesita recursos financieros que no pueden venir de un presupuesto que debe ser equilibrado ni

del aumento excesivo de la presión fiscal, que sería un acelerador de la inflación («tax-push inflation»).

Los recursos financieros e inversiones que originen puestos de trabajo sin crear más inflación tampoco

pueden llegar, obviamente, del aumento de la liquidez. Sólo hay una vía: estimular todo lo necesario que

las personas que hoy están sacando el dinero de los Bancos o de la Bolsa para guardarlo en casa o para

invertirlo en bienes improductivos y valores-refugio o simplemente para gastarlo en automóviles

(aumentan los precios y la demanda de éstos), restaurantes, etc., deriven su sobrante de liquidez hacia los

canales de inversión productivo, Para lograrlo habrá que reconocer la importancia del concepto beneficio,

adoptar tipos de interés realistas, dar fatalidades Fiscales, etc. Medidas que aparentemente contradirían la

imagen social de un programa económico que busca compensaciones a la limitación de las rentas.

SALARIOS Y REFORMAS

¿Hay otro camino? Limitar los crecimientos de las rentas durante un período de tiempo es inevitable; pero

si contemporáneamente crece la inversión, al menos se podrá impedir que aumente el paro, primero, y

lograr que descienda, después. Existe, claro está, la teoría de que en una situación de estancamiento y

crisis es posible aumentar el bienestar y financiar las alzas salariales por encima de la productividad a

base de una drástica redistribución de bienes. Pera esta tesis —que requiere en todo caso una revolución

seguida de la puesta en práctica de un modelo autoritario e igualitarista— no es aceptable ni siquiera para

una visión socialista de la economía. En efecto, dice Jacques Attali, consejero económico de Mitterrand y

miembro del comité director del P.S.:

«Pretender que es posible, rápidamente, separarse milagrosamente del contexto capitalista seria una

actitud contraria a la lógica socialista. Si es verdad que Francia es un país rico y que una redistribución de

sus riquezas basta para suprimir instantáneamente la pobreza y reorientar el desarrollo, esto probaría que

el sistema capitalista no es tan malo; no sería necesario superarle para salir de la crisis. Es necesario, pues,

poner fin a esta versión simplista, equivocada, del marxismo, que ha dominado durante mucho tiempo

una parte de la izquierda francesa.»

El mismo autor, desde una óptica no sospechosa de conservadurismo, explica con claridad y rigor las

limitaciones objetivas que parecen no tener en cuenta el voluntarismo y la superficialidad de ciertas

actitudes ante el problema de las alzas salariales: «¿Cuáles son los limites de la política económica a corto

plazo? Esencialmente los medios de financiación disponibles. Existen cinco formas de financiar un

aumento de los bajos salarios: la reducción de las desigualdades de ingreso, el aumento de la producción

y de la productividad, la reducción de los efectivos, el alza de los precios y el endeudamiento exterior.»

«Los dos primeros métodos son evidentemente los únicos razonables. Pero éstos encuentran rápidamente

sus límites. Si e! aumento sobrepasa un cierto techo, los otros tres métodos de financiación aumentan de

importancia y hacen entonces reembolsar el alza de salarios con intereses muy gravosos.» («Le Nouvel

Observateur», 29-8-77.)

LOS SINDICATOS ANTE LA CRISIS

¿Estarían dispuestos los sindicatos españoles a suscribir las frases anteriores? Parece que no, a la vista de

la negativa generalizada a suscribir un pacto social. Los sindicatos rechazan por principio cualquier idea

de negociación o pacto general, como la C. N.T.. o afirman que «los trabajadores sólo pueden pactar para

construir el socialismo», o eluden el pacto social por temor a parecer entreguistas. La idea de pacto social

tiene mala imagen, es asimilada a un dogal al cuello, a una rendición. Los sindicatos tiendan a rechazar el

pacto social, la política de rentas, por considerarlo una atadura a compromisos perjudiciales. Y eso que no

desconocen que es necesario limitar las alzas salariales, que el pacto se limita a un período de tiempo

corto y que a cambio pueden negociarse ventajas no salariales. Se da el caso de negar el pacto social y sin

embargo afirman que «hay que encontrar una solución social de pacto».

Los sindicatos españoles no desean pactar lo que han negociado sus equivalentes italianos o británicos,

poniendo el peligro la misma viabilidad del programa antiinflacionista, cuyo fracaso a su vez traería la

descomposición social y la imposibilidad de solucionar la crisis en un marco constitucional y

democrático. Sin embargo, esta actitud sólo en escasa medida podría estar motivada por la ceguera o la

irresponsabilidad; la realidad es que en las condiciones actuales las centrales carecen de fuerza y

representación para negociar y hacer aceptar un pacto social. En vísperas de elecciones sindicales, frente a

la extensión de un movimiento asambleario animado por grupos revolucionarios extremistas, no puede

esperarse la conformidad sindical a los topea salariales.

¿Qué hacer entonces? Negociar a pesar de todo y esperar que un tira y afloja constante, que por

momentos conducirá a situaciones tensas, vaya dejando lugar a una serie de compromisos concretos,

acuerdos tácitos y treguas do conveniencia. En esta etapa de negociación-confrontación, los sindicatos

tratan de hacerse reconocer como interlocutores obligados de la Administración y los empresarios y

buscar una cuota de poder.

Con frecuencia las demandas sindicales sobrepasan globalmente las prepuestas de los partidos. Mientras

éstos parecen más atentos al principio de que primero hay que consolidar la democracia, sindicatos de su

misma fe política parecen querer afirmar su autonomía anteponiendo exigencias económicas a

imperativos políticos y buscan echar las bases de un poder sindical mediante conjuntos de

reivindicaciones que exceden el ámbito de lo salarial y lo laboral. La misma tentación movió a los

sindicatos italianos a partir de 1967 y sin embargo terminaron por aceptar una forma de pacto social

después que la crisis alcanzara su punto álgido. La cuestión, entre nosotros, es aún más delicada, porque

al deterioro económico —que ha alcanzado cotas difícilmente superables sin riesgo de desintegración—

se une la erosión que sufre un sistema democrático aún por consolidar. Al final, en fin, nos viene a !a

memoria la advertencia de Walter Schell ante una delicada coyuntura de la R.F. A. en 1974: No se debe

jugar a la política con la economía.

 

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