Autor: Torres Gallego, Emilio. 
   Los republicanos, las autonomías y el terrorismo     
 
 El País.    22/08/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

EL PAÍS, martes 22 de agosto de 1978

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Los republicanos, las autonomías y el terrorismo

EMILIO TORRES GALLEGO

Presidente de ARDE (Accion Republicana Democrática Española)

Ciertamente que no han sido muchas las ocasiones en que los republicanos españoles hemos tenido la

oportunidad de exponer nuestra opinión en los grandes medios de comunicación social. Olvidemos la

televisión, que, sin duda, por ser organismo estatal, no ha dedicado ni un solo segundo a comentar

noticias o acontecimientos, modestos acontecimientos, que a nuestro partido se refieran, y pensemos en

los restantes medios. Observemos el eco que se nos concede; a veces se ocupan, de cuando en cuando,

para llamarnos viejecitos nostálgicos. Y lo más curioso es que en muchas ocasiones quienes así nos

califican consideran actuales ideas y conceptos del siglo XIX ampliamente rebasadas ya por el inexorable

caminar de la Historia; otras veces nuestra propia indiferencia, justificada ante el acontecer político que

tiene lugar entre bastidores y a espaldas de sus verdaderos destinatarios, es poco estimulante para vencer

esa especie de resistencia que se nos opone para que podamos expresar nuestras ideas sobre hechos

concretos que seguramente demandan la colaboración de todos los españoles en momentos como los

actuales, en que puede estar en peligro un sugestivo proyecto de vida en común.

A este cúmulo de circunstancias contribuye igualmente el que seamos, por necesidad, un partido

extraparlamentario. Digo por necesidad, porque el 15 de junio de 1977 no estábamos legalizados, a pesar

de haber presentado la documentación en febrero, y ello nos impidió concurrir a las elecciones. Nadie

sabe la suerte que hubieran podido correr nuestras posibilidades. Quizá hubiéramos tenido representación

en el Parlamento o quizá no; el hecho es que los demás tienen ocasión de amplia publicidad, y hasta

partidos escasamente representativos, extraparlamentarios también, y cuya filosofía política puede

considerarse ajena y aun contraria a la actual organización política del Estado, han disfrutado de escasos

minutos ante la llamada «pequeña pantalla».

Pero, con todo, no venimos hoy a pasar a nadie una lista de supuestos o reales agravios; si vencemos

nuestra inercia y salimos a decir algo es porque pensamos que cumplimos un deber, y que puede ser que

lo que tengamos que decir hoy sea más importante que lo que cada día callamos.

Los trágicos acontecimientos que han salpicado, de cuando el cuando, el largo e incierto caminar de una

incipiente democracia y las discusiones casi kafkianas del problema de las autonomías nos empujan, con

impulso que nos cuesta mucho trabajo reprimir, a decir 1o que pensamos, útil por nuestra experiencia,

desinteresado por nuestro origen, digno de atención por nuestros fines, tan distantes de los del poder o de

las alternativas de poder, y obligado, en último término, por nuestro concepto del patriotismo, que hace

que nada de lo que en España sucede nos sea ajeno.

Sin duda que el problema de las autonomías regionales nos ha hecho recordar a muchos republicanos su

planteamiento en 1931. Y sin duda que a muchos que no son republicanos les habrá servido para hacer un

examen de conciencia y revivir viejas actitudes irracionales en su día, pues no será difícil que hayan

comprendido que la República no inventó ese problema que tampoco ha sido inventado por la Monarquía

actual, que en 1931 como ahora afloraron sentimientos dormidos o domeñados, pero bien vivos y latentes

desde hace siglos.

La solución que el proyecto constitucional de 1978 da a las autonomías, si es cierto que parte de parecidos

términos a los que recogía la Constitución de 1931, ha ido más lejos en su alcance, seguramente porque el

problema que pretendía resolver está hoy más agudizado que entonces. Pero no será ocioso ni inútil que

hagamos un poco de memoria, porque entre las virtudes de nuestra raza no está, precisamente, la de

recordar lo que no nos conviene, aunque sea un hecho obvio. Volvamos a las Cortes Constituyentes de

1931 y reproduzcamos los debates públicos y sin pasillos sobre el estatuto de Cataluña. Dos grandes

figuras de la escena política e intelectual del país oponen diversas tesis sobre el candente problema de la

autonomía. De un lado don José Ortega y Gasset, el pensador más profundo y que más huella ha dejado

en generaciones de españoles, examinaba, desde un punto de vista puramente intelectual, el problema

catalán y le resumía, el 13 de mayo de 1932, en estas bellísimas palabras: «Pero una vez hechas estas

distinciones, que eran de importancia, reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieran

vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema: ellos constituyen el llamado

problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y ello es

bien evidente: porque frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española existe el otro

sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de

España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de

ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria a la cual tienen puesta todos esos españoles

inexorablemente su emoción y su voluntad.»

¿No le parece al lector de 1978 que estas palabras podrían haber sido pronunciadas en el Congreso

cuando se ha discutido el problema vasco con sólo cambiar los términos «Cataluña» por «Vascongadas» y

«catalanes» por «vascos»? Claro que no fueron pronunciadas, porque el problema no saltó al salón de

sesiones y porque, además y entre otras cosas, no había, por desgracia, ningún Ortega y Gasset.

Este punto de vista era el de un pensador sin responsabilidades decisivas de gobierno. No era el de un

hombre que tenía que decir sí o no al estatuto de Cataluña; sí o no a la autonomía. Y que tenía que

justificar ante sí mismo, ante sus amigos políticos, ante España entera y ante su propio, angustioso,

patriotismo el porqué de su decisión. Este hombre era don Manuel Azaña. Desde la cabecera del banco

azul, en el momento supremo de su decisión sobre las autonomías, este hombre se levantaba y

pronunciaba estas palabras: «No se puede entender la autonomía, no se juzgarán jamás con acierto los

problemas de la autonomía si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas —no

digo Cataluña—, las regiones, después que tengan la autonomía no son el extranjero, son España, tan

España como lo son hoy, quizá más porque estarán más contentas. No son el extranjero, por consiguiente

no hay que tomar respecto de las regiones autónomas las precauciones, las reservas, las prevenciones que

se tomarían en un país extranjero con el cual acabásemos de ajustar la paz, para la defensa de los intereses

de los españoles. No es eso. Y además está otra cosa: que votadas las autonomías, ésta y la de más allá, y

creados éste y los de más allá Gobiernos autónomos, el organismo del Gobierno de la región —en el caso

de Cataluña, la Generalidad— es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni

agresivo, sino una parte integrante de la organización de! Estado de la República española. Y mientras

esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía.»

Pero sigue la discusión parlamentaria, y cuando el estatuto es aprobado el jefe de Gobierno va a

Barcelona y en la plaza de San Jaime pronuncia estas palabras: «...La implantación de la autonomía de

Cataluña, y pronto la de no significa, ni en el pensamiento modalidades que le sean propias, no significa

ni en el pensamiento ni en el corazón de los que hemos trabajado por realizar esta obra de justicia, no

significa ruptura.

no significa disociación de caminos, no significa corte de amarras; es todo lo contrario: es fundar la

colaboración en motivos espirituales, internos, superiores a las organizaciones del Estado; es fundar la

colaboración con la fraternidad y la buena inteligencia en los fines superiores de la civilización dentro del

ancho marco que se nos abre a todos, y en el deseo de poner el nombre de España y de todas sus partes o

personalidades propias bien articuladas en el lugar en que estamos obligados a mantener el nombre de la

ínclita raza de que venimos.»

Nada tendríamos que añadir los republicanos de hoy a estas dos magistrales lecciones de lo que hay que

entender por autonomía en cualquier parte de España; un medio de colaboración; un proyecto de vida

solidaria que sea capaz de la generosidad de dar espontáneamente lo que por la fuerza no sirve más que

para sentar las bases del rencor y de la revancha. No estamos anclados en el ayer inmediato los

republicanos de 1978; no, nuestras soluciones son —como eran en 1931 más bien proyectos de futuro que

imposibles retornos a situaciones históricas superadas. La oportunidad de decir hoy estas rosas es para

recordar a los españoles de todas las comarcas o regiones, o nacionalidades como ahora quieren decir, que

no siendo los creadores del problema intentamos su solución y que hoy, en 1978 y con Monarquía, como

ayer, en 1931, con República, sin solidaridad, sin espíritu de transigencia, y sin sentir que la historia no

puede borrarse, nuestra andadura será corta y la luz que entrevemos puede que sea violentamente

apagada, otra vez.

Y también tenemos que decir algo los republicanos sobre el tremendo, angustioso problema del

terrorismo. En primer término, que cuando damos una nota, por breve que sea, expresando nuestra

condena o nuestra oposición a los métodos que producen víctimas inútiles y absurdas, sistemáticamente

se nos sintetiza, se nos ignora. Ya estamos acostumbrados, cuando más, a leer: «y también condenaron los

actos terroristas los demás partidos y organizaciones, entre ellos ARDE, etcétera». No somos más

importantes que los demás; pero quizá nuestras condenas y nuestras notas hayan sido más significativas

porque proceden de hombres que ni esperan, ni cobran, ni temen; es decir, de hombres, si los hay,

absolutamente objetivos en la actual situación política, de la que no esperan nada.

Y queremos salir al paso del fácil recurso, que se hace tópico, de que las víctimas del terrorismo son

víctimas de la democracia No es cierto. Un cúmulo de desgraciadas circunstancias hizo que al comienzo,

en gran escala, de los actos de terrorismo no coincidieran con la modesta apertura a la democracia. El jefe

del Gobierno, víctima de un acto terrorista, no fue el jefe de Gobierno de la democracia; ni los cinco

miembros de las fuerzas de orden público asesinados en Madrid el primero de octubre de 1975 lo fueron

en un régimen democrático, ni el comisario Manzanos, ni tantos otros. Es una falacia afirmar que un

régimen de libertad tiene que pagar su tributo en vidas humanas.

Urge decir que el Gobierno tiene, a nuestro juicio, que asumir sus responsabilidades indeclinablemente;

que es el responsable de las fuerzas de orden público y que a él le compete su defensa como también le

compete asumir sus errores, si los hay. Y una vez dicho esto hay que añadir que el problema del

terrorismo no puede resolverse, no se ha resuelto nunca en ningún sitio, con autoridad que no esté

previamente respaldada por la sociedad entera. Que hay que huir del miedo capaz de los mayores excesos

y del odio —capaz de justificarlos—; que sólo con el concurso de todas las gentes de buena voluntad, de

todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sindicales será posible agostar el terreno en donde

pueda crecer la planta terrorista. Y para eso no sólo se precisa no acabar con la libertad, sino que se exige

defenderla con los medios que la propia libertad pone en manos de quienes gobiernan, sin un exceso, pero

sin una debilidad.

Es preciso convencer a los ciudadanos todos que el terrorismo es el camino de la desesperación sin salida,

que por muchas víctimas que ocasione todo lo más que podrá conseguir será provocar lo que pretende

evitar. Sin recurrirá otros ejemplos en los que abunda la Historia, ahí están los recientes de Chile,

Argentina, Uruguay y Brasil.

Por eso los republicanos nos oponemos al terrorismo; porque, sobre todas las cosas, amamos la libertad y

porque si alguna vez hemos pensado que nuestras ideas pueden ser aplicadas en España desde el

Gobierno, lo serán por haber accedido a él por vía democrática y pacífica, y que si la democracia integral

que propugnamos es alguna vez posible lo será con fidelidad a sus propios procedimientos. Nuestra fe en

la libertad es una fe robusta, pero no nos impulsa a falsearla ni a confundirla con el motín, la algarada o la

bomba que repugnan a nuestra sensibilidad y a nuestra formación. Aspiramos a una convivencia apacible

y sabemos que la mayor servidumbre de nuestras ideas es, justamente, la de respetar a quienes no piensan

igual que nosotros o piensan justamente lo contrario que nosotros. Por ello, y por ser coherentes con

nuestra propia ideología, nos oponemos al terror y decirnos: ¡basta!

 

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