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 Izquierda Republicana a España     
 
 El País.    01/10/1980.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

EL PAÍS, miércoles 1 de octubre de 1980

IZQUIERDA REPUBLICANA A ESPAÑA

Después de cuarenta años de clandestinidad, y superadas las trabas que el Gobierno Suárez puso a nuestro

Partido, impidiéndole legalizarse hasta el 10 de noviembre de 1977, una vez pasadas las primeras

elecciones legislativas, Izquierda Republicana ha resurgido de nuevo en un momento crítico de España. Si

en 1934, año de su fundación por Manuel Azaña, padecía nuestro país las consecuencias de la crisis

mundial desencadenada en 1929, hoy se encuentra también inmerso en la crisis de los años setenta, que

amenaza con destruir aquí una economía mal montada y peor llevada aun en los años eufóricos del

desarrollismo a ultranza. Una vez más, las circunstancias exteriores se conjugan negativamente con la

situación interior del país.

Absurdo sería, sin embargo, achacar a la crisis económica todos los males que padece España. Si no

hemos logrado contrarrestarla como los demás países occidentales, cuya inflación es la mitad o el tercio

de la española y cuyo paro obrero es proporcionalmente inferior, ello se debe a que esta crisis está

vinculada a una transición política hecha en parte por hombres del antiguo régimen, carentes de autoridad

moral frente a la nación. Prueba de ello es que la defectuosa y farragosa Constitución que tenemos

necesitó dos años de elaboración, cuando la de la República, que fue un modelo en la Europa de su

tiempo, se redactó en pocas semanas y se aprobó al cabo de breves meses, el 9 de diciembre de 1 931. De

otras reformas mejor es no hablar: ahí están la reforma agraria inexistente, que se pretende subsanar con

una ley de fincas mejorables y que de momento duerme el sueño de los justos; las leyes de centros

docentes y de reforma universitaria, que suscitan la animadversión general; el reconocimiento de las

autonomías sin ningún plan de Estado preconcebido, sin idea de los costos que van a entrañar y que

pueden desequilibrar radicalmente a la nación, y un largo etcétera de problemas. Pero en este país, donde

no se miden los costos, sí se medirán tarde o temprano las consecuencias. Y se medirán porque no se

quiere abordar con sinceridad el análisis de la llamada «transición», madre de ese contubernio político, de

espaldas al pueblo e incluso al propio Parlamento, que, por error gramatical, se denominó consenso.

Las causas

En primer lugar, hemos de manifestar nuestra disconformidad con la instauración de la Monarquía, y no

porque seamos vehementemente antimonárquicos, sino por la forma en que se hizo, partiendo de la

legalidad franquista y no de la propia legitimidad monárquica. Pueden parecer extrañas estas palabras en

boca de republicanos. Sin embargo, no lo son. Durante los veinte últimos años del franquismo, la

oposición en bloque, desde el PNV y el PSOE, hasta la UGTy la CNT, en un principio, y más tarde hasta

la propia Izquierda Demócrata Cristiana, mantuvieron en pactos firmados en 1 957 y 1 961 una tesis

diáfana y honesta que aún se sostuvo en los albores de la Junta y la Plataforma Democrática hasta que,

por falta de entereza y exceso de oportunismo, los principales responsables de mantenerla renegaron de su

firma. Esta tesis, propiciada por Indalecio Prieto desde el final de la segunda guerra mundial, se resume

en pocas palabras, que suscribimos todos: «... no reivindicamos como cuestión previa la legitimidad

republicana, sino que nos entregamos al veredicto que en su día pronuncie el país. Ello nos autoriza a

pedirá los demás que hagan lo mismo y que sometan también al veredicto del país la legitimidad que

defienden. Después de todo, ese es el mensaje de despedida que don Alfonso XIII dirigió a los españoles

en 1931». En el Pacto de 1961, con la participación esta vez de Izquierda Demócrata Cristiana, pedimos

que «ala desaparición del régimen franquista se establezca una situación transitoria, con un Gobierno

provisional sin signo institucional definido, que otorgue una amplia amnistía, restaure las libertades

políticas y convoque elecciones para que el pueblo español, con absolutas garantías, opte por el régimen

que prefiera y que todos los españoles estarán obligados a acatar».

En caso de que estos principios —indiscutibles desde un punto de vista ético o jurídico— hubieran

prosperado, y suponiendo que el pueblo español hubiese elegido la monarquía como solución

institucional, los republicanos habríamos acatado el veredicto popular y don Juan de Borbón, depositario

de la legitimidad monárquica, habría ocupado el Trono. Si al cabo del tiempo, por renuncia o

fallecimiento, la Corona recayera en don Juan Carlos, éste hubiera sido sucesor de una legitimidad

monárquica indiscutible y no de una legalidad franquista que, como antecedente histórico, no pueden

borrar ni la aprobación de la Ley de Reforma Política ni la de la actual Constitución.

Es paradoja que los republicanos expongamos mejor la vía que debió seguir la legitimidad monárquica

que los hombres del antiguo régimen o los nuevos camaleones de la llamada oposición. En materia de

legitimidad sabemos algo más que ellos y, sobre todo, no la hemos violado nunca.

De haberse aprobado nuestra tesis no estaría hoy la Corona tan vinculada a hombres del antiguo régimen,

que, al margen de la habilidad que puedan tener, carecen de experiencia democrática y practican una

política a la zaga de los acontecimientos. En vez de un proyecto de Estado, claro y rectilíneo, lo que nos

ofrece el Gobierno es un camino lleno de recovecos y vacilaciones.

Prueba de ello es el desarrollo de las autonomías vasca y catalana, arrancadas por la presión popular y

finalizadas en consensos urdidos en secreto y a espaldas del Parlamento; la andaluza, regateada como

ganado en feria y que puede dar origen a una situación de anticonstitucionalidad de seguir el método y la

norma propiciada por el Gobierno, simplemente para comprar unos cuantos votos andalucistas que le

permitieran seguir en el poder; la gallega, posiblemente perdida entre las brumas propias y las de Pío

Cabanillas, etcétera.

La ausencia de una clase política —debida a cuarenta años de dictadura y al retraimiento de las clases

profesionales en la actual transición— explica, aunque no justifica, la miseria de los debates

parlamentarios, la concentración de las decisiones en menos personas aún que en la época franquista y la

reducción de los diputados al papel de comparsas que se mueven como autómatas al dictado de sus

«líderes» respectivos. No es casualidad que el pueblo se sienta mal dirigido y peor representado.

Esta situación confusa hace que la transición sea cada vez más difícil, porque se ha querido pasar de un

sistema de caudillaje y partido único a una monarquía apoyada sobre columnas frágiles: un conglomerado

heterogéneo cuya base sostiene los hilos unificadores de una cúspide que, al desplomarse un día, derribará

su propio templo. Cumpliendo el papel de arbotantes del edificio, tenemos a una derecha que no acaba de

saber lo que quiere, a un Partido Socialista presa de un sarampión juvenil que lo lleva periódicamente a

desgarrarse las entrañas, y a un Partido Comunista que no ha sido capaz hasta ahora de definir claramente

su propio proyecto de sociedad.

Volvamos donde sea la mirada, lo que vemos por todas partes es una profunda crisis de identidad. La

derecha no sabe qué hacer con sus nostalgias; la izquierda, al cabo de cuatro años, no tiene programas

claros, pero sí tiene prisa por llegar al poder. En una situación de aguda crisis económica y de grandes

dificultades internas e internacionales, esto nos puede llevar no a una vuelta al pasado, que nunca vuelve

por mucho que lo quieran algunos, pero sí a nuevas fórmulas autoritarias, y para decirlo con una imagen

gráfica, a una argentinización del problema español. No es extraño que el pueblo, espectador obligado del

drama, esté, como dice la Prensa, apático, desencantado, desengañado.

El monarca designó en su día para la Presidencia del Gobierno a la última representación política de la

Dictadura de la cual proviene: a don Adolfo Suárez. Este crea un partido político, UCD —reunión de

grupúsculos sin peso específico, sin credo ni personalidad políticos, cuya única argamasa es el poder—,

que pueda garantizar los intereses institucionales y desarrollar una Constitución «consensuada».

La formación del nuevo Gobierno obedece simplemente a dar entrada en el mismo a las cabezas de cada

uno de los grupos que componen la UCD, para evitar un desastre en el próximo Congreso del partido

centrista. Los viejos «nuevos» ministros han olvidado sus críticas, sus rencillas, sus rencores, ante la

proximidad del poder. La política doméstica ha ganado a la política nacional.

¿Qué hacer?

Al pueblo español nos remitimos para que juzgue quién le engaña y quién le habla el lenguaje de la

verdad. A los republicanos nos duele la desintegración progresiva de España. Hemos de señalar el peligro

de que, poco a poco y a causa de su ineficacia, los partidos nacionales vayan desapareciendo en beneficio

de partidos exclusivamente regionales, carentes de la necesaria visión nacional. Esto podría llevarnos a

medio plazo a la parálisis parlamentaria por falta de un nexo común entre las diversas facciones, y, a la

larga, pura y simplemente, a una España de tribus enfrentadas. No es esto lo que queremos. España como

Estado, sea cual sea la estructura interna de sus instituciones, no puede desaparecer. Tan ineficaz como el

viejo centralismo van a serlo las nuevas autonomías de primera y segunda clase que torpemente se están

elaborando. Se impone buscar fórmulas nuevas de tipo federal, y para ello es cada día más evidente la

necesidad de una profunda reforma constitucional.

En los recientes debates sobre la moción de censura y la cuestión de confianza, tan defraudadores después

de haber sido anunciados como la «suspense» del siglo, no hemos acertado a ver en los largos y

seudotecnocráticos discursos de Felipe González —que casi igualó en monotonía al Presidente Suárez—

cuáles son las diferencias fundamentales, salvo en algún detalle, entre el programa socialista y el de UCD.

Felipe González no ofreció más que una lista de buenas intenciones. Adolfo Suárez le imitó días después.

Y ambos hacen ingenuos llamamientos a la productividad —concepto ambiguo que no entraña

necesariamente un aumento de empleo y puede acarrear incluso su disminución—, y nos demostró que,

en definitiva, la política socialista, como la del Gobierno, se reduce a una serie de parches, no ofreciendo

ningún modelo nuevo de sociedad.

Desde 1 975 la caída de la tasa de empleo es más de diez veces superior a las existentes en la Comunidad

Económica Europea, creciendo ininterrumpidamente el paro hasta alcanzar la terrible cifra de más de

millón y medio de parados, con la triste cadena de empresas arruinadas, al borde de la ruina o

desaparecidas.

Falta una política económica eficaz, falta una reforma a fondo de las empresas públicas y de la propia

Administración, falta crear en la colectividad nacional el impulso productivo que pueda evitar el

hundimiento. Falta, finalmente, acabar con el cáncer del terrorismo (casi un acto diario durante el año

1979), falta acabar para siempre y de una vez con el triste rosario de asesinatos que han transformado esta

transición en la antítesis de la ruptura honesta, pacífica y exenta de revanchismos que propugnamos

durante tantos años.

Pero de ninguna manera se puede tolerar que la lógica necesidad de acabar con el terrorismo lleve a

coartar las libertades públicas.

Este año se cumplirá el primer quinquenio desde el fallecimiento del general Franco. Sabemos que

España necesita una multitud de reformas. ¿Cuántos quinquenios harán falta para llevarlas a cabo?

¿Cuántos años para promulgar simplemente las leyes de aplicación de la Constitución? Compárese el

entusiasmo popular, el vigor legislativo, los cambios introducidos en los países occidentales durante el

quinquenio 1 9451 950, con el desencanto de nuestro pueblo, la apatía parlamentaria, la política de freno

y marcha atrás que nos domina. La diferencia salta a la vista y por este camino, lo decimos con honda

preocupación, España seguirá desangrándose hasta quedar reducida al papel de un país más del Tercer

Mundo.

Pero, pese a todos los obstáculos y a la complicidad de una Prensa que la silencia obstinadamente, la

tradición republicana, liberal, radical y social, que representamos, sigue viva en España, aunque discurra

hoy por cauces soterrados. Es esta tradición lo que debemos despertar y vigorizar. A todos los niveles

profesionales, en todas las clases sociales, surgen a diario y cada vez con más vehemencia dos preguntas:

¿A dónde vamos? ¿Qué se puede hacer?

Es evidente que España necesita la presencia de un vigoroso partido democrático que recoja el legado

histórico y las aspiraciones contemporáneas de su pueblo, que se resumen en pocas palabras: justicia,

libertad y seguridad, porque la democracia es lo contrario de libertinaje mortífero que nos destruye día

tras día. Añadiremos algo más: autoridad moral. ¿Y quién puede tenerla sino los que no renegaron de sus

ideas, los que no se prestaron a ningún consenso vergonzante, los que son leales adversarios y a quienes

nadie puede reprochar ninguna felonía?

Un partido respetuoso de su herencia histórica y con voluntad de sanear el país. Esto es Izquierda

Republicana, que pretende contar con un amplio respaldo popular. A todos los que se dejan vencer hoy

por el pesimismo y a los que creen que la situación no tiene remedio, a las clases profesionales que se han

retraído de la política, se dirige este llamamiento en pro de una España auténticamente democrática. El

vacío político es cada vez mayor —aunque se disfrace tras el griterío— y está a la vista de todos. Por esta

razón convocamos a los españoles para que, en masa apretada, lo llenen y entre todos llevemos a España

hacia un destino mejor.

Septiembre de 1980

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE IZQUIERDA REPUBLICANA, Calle Mayor. 4, 6°.

Teléfonos 221 45 05 y 221 34 92. MADR/D13.

 

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