Autor: Azaola, José Miguel de. 
   Preautonomía vasca: la finalidad de los decretos-ley/ 1     
 
 El País.    13/01/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Preautonomia vasca: la finalidad de los decretos-ley /1

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA Abundan los comentarios a los decretos-leyes recientemente promulgados, relativos a la «preautonomía» vasca, y a los documentos con ellos relacionados (mensaje del Gobierno a las Cortes, acuerdo de los parlamentarios navarros): comentarios políticos, casi todos ellos intentando justificar actitudes pasadas, tratando de predecir consecuencias futuras, subrayando aspectos que se estiman especialmente positivos o especialmente negativos, desde determinados puntos de vista. En la inmensa mayoría de los casos, tales puntos de vista obedecen a posturas más o menos vinculadas a las de los movimientos políticos que ejercen el poder o que tratan de ejercerlo a corto o a largo plazo, y buscan la adhesión del mayor número posible de ciudadanos. Voy a permitirme formular un comentario enteramente ajeno a ese tipo de preocupaciones.

La finalidad del decreto-ley que instituye el Consejo General del País Vasco está claramente enunciada en tres pasajes: los párrafos primero y segundo de su preámbulo y el último párrafo del mensaje que el Gobierno ha enviado con él a las Cortes. Se trata de dotar a Vasconia de instituciones de autogobierno que sean a la vez propias del conjunto del futuro país autónomo y democrático. No se trata, pues, de crear instituciones de ámbito meramente provincial (las cuales podrán, sin embargo, surgir como consecuencia del régimen preautonómico o del futuro régimen autonómico o independientemente de ambos), sino de crear un órgano común de Gobierno: común, en potencia, a las cuatro provincias vascas peninsulares; de hecho, solamente a las que quieran estar representadas en el seno de ese órgano y que, al parecer, no serán por ahora más que tres. Ahora bien: unas instituciones de autogobierno, unos órganos de gobierno, o bien no gobiernan, y en tal caso son puramente nominales, simbólicos o decorativos, o bien

poseen competencias más o menos claramente definidas. No se puede precisar o delimitar hoy el ámbito de la autonomía, porque esto habrá de hacerse en la Constitución o en una ley que con arreglo a la Constitución se promulgue. Al enumerar las competencias del Consejo General, el decreto-ley trata de superar la dificultad como más adelante veremos.

Una reivindicación reciente y formal

El preámbulo señala, por otra parte, que las disposiciones del decreto-ley no otorgan privilegio alguno: frase destinada a apaciguar ánimos en otras zonas de España. Y es evidente que no lo otorgan; hasta tal punto, que no reconocen sino en forma muy limitada la singularidad jurídica de las provincias vascas en virtud de los viejos pactos forales, que el poder central violó unilateralmente, pero cuya validez no han dejado ellas de sostener: singularidad que no constituye privilegio, aunque sí excepción, en el ordenamiento constitucional español. En consecuencia, el decreto-ley desatiende, o sólo atiende con suma cautela y en forma insuficiente y problemática, lo esencial de las grandes y justas reivindicaciones tradicionales de los vascos, que son reivindicaciones de autogobierno provincial, y se consagra, en cambio, a atender una reivindicación que, por ahora, no es foral y es, además, relativamente reciente: la de crear instituciones comunes al conjunto del País Vasco o, cuando menos, a varias de las entidades político-administrativas que lo constituyen.

Sería muy exagerado decir que semejante reivindicación es nueva; pero, al lado de la antigüedad de

las reivindicaciones forales, ésta de poseer instituciones comunes resulta casi una novedad.

El Consejo General, concretamente, es una institución cuyo precedente no podremos encontrar, por mucho que rastreemos en la historia vasca. Hay numerosas y muy buenas razones para afirmar que se trata de una innovación afortunada, razonable y necesaria, llamada a superar los planteamientos provinciales, asfixiantes y esterilizadores de su estrechez, que impedían resolver, adecuadamente, gran número de problemas; pero, al fin y al cabo, se trata de una innovación. Esto contribuye a explicar (junto a otras razones que no son aquí del caso) la falta de interés de muchos navarros por un régimen que no añade un ápice a la autonomía (no grande, pero sí considerable) que Navarra disfruta ya actualmente. Cuando se haya aprobado la Constitución, ese régimen se desarrollará, probablemente, como régimen de autonomía, pero entonces pasará a ser otro régimen, distinto del preautonómico que ahora se instituye, aunque quizá continuador y heredero suyo.

Resumiendo y esquematizando: la reivindicación que ha sido atendida es dispersión secular por una unidad de nuevo cuño, pero no se reemplaza (aunque se promete hacerlo) la centralización por la autonomía. Esta visión puede parecer amargamente pesimista. Pero no hay que anticipar las cosas. Antes de entregarse al optimismo o al pesimismo, preciso es tener en cuenta otros aspectos de la cuestión. Y en primer lugar, el importantísimo que se refiere al trato que, en los decretos-leyes recién promulgados, reciben los pactos forales de las viejas entidades vascas.

 

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