Continúa la situación de enfrentamiento total en la diputación provincial. 
 UCD acusó al PSOE de seguir una política de anticlericalismo radical     
 
 El País.    01/08/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Continúa la situación de enfrentamiento total en la diputación provincial

UCD acusó al PSOE de seguir una política de anticlericalismo radical

El grupo de diputados provinciales de UCD acusó ayer al PSOE de practicar una política anticlericalista,

en línea con los principios del partido en 1918,1931 y 1934, que preconizaban la confiscación de los

bienes del clero y la supresión de las órdenes religiosas. La acusación vino motivada por la rescisión del

convenio entre la diputación y la Congregación Salesiana, que durante 32 años ha dirigido el colegio San

Fernando, propiedad de la primera. PSOE y PCE lamentaron el intento ucedista de presentar un simple

asunto administrativo como el reflejo de una supuesta política de enfrentamiento con la Iglesia.

Hasta ayer, el centro estaba en manos de la Congregación Salesiana, no sólo en el aspecto de la

enseñanza, sino incluso en cuanto a la elección del ideario escolar y los métodos de trabajo con el

alumnado. La diputación entabló conversaciones con ¡os religiosos, dirigidas a recuperar la dirección del

centro y asegurar así el pluralismo ideológico que establece la Constitución. A los 34 religiosos que

imparten las enseñanzas se les ofreció continuar en el centro como profesores sujetos a contrato laboral,

lo que no fue admitido por la congregación.

En base a estos hechos, el diputado de UCD Vicente Pascual, arropado por Enrique Castellanos, acusó a

la izquierda de procurar la expulsión de una orden religiosa, aunque con nuevos métodos, denominados

como de guante blanco. César Cimadevilla respondió afirmando que el PSOE no es un partido inmovilista

y que su postura anticlerical de hace tantos años estaba motivada por una situación política distinta, como

era el apoyo que la Iglesia como institución ofrecía a los sectores más reaccionarios de la oligarquía

española. Tanto la Iglesia como los partidos de izquierda han cambiado sus planteamientos, y ahora lo

único que se defiende es el pluralismo ideológico en los centros escolares, tarea que corresponde a la

diputación, como propietaria del centro, y representante de los ciudadanos madrileños.

José Borrell, en otro punto del pleno, pidió la aprobación al pliego de condiciones para el arrendamiento

de un sistema de informática que servirá a la diputación y a los pueblos que lo requieran. Para dar una

idea exacta de la importancia del tema, explicó que Fuenlabrada, primera localidad que ya ha pedido

beneficiarse del servicio, conseguirá aumentar su recaudación de impuestos en unos ochenta millones

anuales, con una inversión inicial y única de unos catorce, ya que al mecanizar la información podrá

controlar y pasar al cobro recibos que ahora no se exigen.

En el turno de mociones de urgencia, UCD obligó a la retirada de una propuesta del presidente, Carlos

Revilla, en el sentido de recibir poderes del pleno para formalizar el alquiler de un local que albergaría

diversos departamentos de la diputación que no pueden funcionar al ciento por ciento por falta de espacio.

El señor Castellanos adujo que aún no había consignación presupuestaria concreta para pagar el alquiler y

faltaba información previa y detallada del proyecto. Aunque la izquierda expuso que en el momento de

firmar el contrato ese trámite estaría resuelto y que lo que pedían era la buena voluntad de UCD para dar

la máxima urgencia al tema y poder aprovechar el mes de agosto para ir acondicionando el local, UCD

mantuvo su postura, y la moción fue retirada para un pleno posterior.

 

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