Autor: Peiró, Luis. 
 Con la oposición de la izquierda que considera "descafeinado" el proyecto. 
 UCD sacó las incompatibilidades con el apoyo de CD y Minoría Catalana     
 
 ABC.    04/03/1982.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

Con la oposición de la izquierda, que considera «descafeinado» el

proyecto UCD sacó las incompatibilidades con el apoyo de CD y Minoría

Catalana

MADRID (Luis Peiró).

El Grupo de UCD, con la colaboración Incondicional de Coalición

Democrática y la Minoría Catalana, logró aprobar ayer en la Comisión

de Presidencia del Congreso el proyecto de ley de Incompatibilidades

en el sector público, en contra de la izquierda parlamentaria, que

considera que la futura ley quedará totalmente «descafeinada» y

«desnaturalizada» en sus pretensiones.

La contestación de socialistas, comunistas, andalucistas y el grupo de

Fernández Ordóñez se centra en la creencia de que lo establecido ayer

—que con toda seguridad saldrá adelante en el Pleno— no establece la

moralidad en el sector público mediante un sistema de

incompatibilidades que haga efectivo el precepto contemplado en el

mismo proyecto: «No se podrá percibir más de un sueldo con cargo a los

presupuestos de las Administraciones públicas y de los organismos y

empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos

constitucionales».

Para ellos, la frase que sigue a la anterior inmediatamente después,

coma de por medio, «... salvo autorización expresa por ley o que los

servicios se presten en jornada reducida», tiene un contenido y una

amplitud desmesurada en virtud del contenido dado al resto de los

artículos. Porque las salvedades son amplias y diversas.

Añadiendo al peculiarismo régimen establecido el día anterior para el

personal sanitario y, en general, al menos el 87 por 100 de quienes

trabajan en la Seguridad Social, PSOE y PCE denunciaron ayer que altos

cargos y Cuerpos distinguidos de la Administración Pública van a

quedar fuera también de muchas e importantes incompatibilidades.

Fue la primera polémica en una Comisión que, posteriormente, funcionó

a marchas forzadas con la pretensión de acabar a primera hora de la

tarde —lo logró—. El pacto centrista con las dos minorías impuso un

nuevo texto de discusión, por la vía de enmiendas transaccionales a

casi todo el articulado, recogiendo en muchos casos el propio informe

de la Ponencia, pero con numerosas matizaciones. Los comisionados

trabajaron con las fotocopias del acuerdo UCD-CÜ-Minoría Catalana,

dejando al margen el «Boletín de las Cortes», en el que se contiene el

informe de la Ponencia. Del resto dieron cuenta los 18 votos —y en

muchas ocasiones 19, por la adhesión del diputado Jesús Aizpún—,

frente a los grupos del PCE y PSOE. Desde antes de iniciarse la

adhesión, la izquierda dio por perdido el debate, contando en casi

todas las ocasiones con la mitad o menos de los votos que les

corresponden —pese a la adición casi permanente de Javier Moscoso—,

porque la mitad o más de sus diputados ni siquiera entraron en la

sala.

LA POLÉMICA JORNADA REDUCIDA

El problema de las incompatibilidades dentro del mismo sector público

tiene una clave de solución en el proyecto, que es la jornada

reducida. «En el caso de servicios prestados en régimen de jornada

reducida, en uno de los puestos de trabajo sólo se percibirán, como

máximo, las retribuciones básicas y en el otro no se podrán percibir

complementos por dedicación especial: plena, exclusiva o prolongación

de jornada.»

Bravo de Laguna, de UCD, explicó que se recoge la incompatibilidad

horaria, sin excluir trabajos que se puedan desempeñar en jornada

reducida. Pérez Royo, comunista, y Fran cisco Ramos, socialista,

explicaron que por aquí se abre un portillo por el que legalizar lo

que consideran ilegal. Sólo hay una penalización monetaria, pero quien

desempeña dos cargos se acogerá a la jornada reducida, pero los

mantendrá. «Debe ser la Administración —razonaron— quien diga en

función de sus intereses qué trabajos fijan de hacerse a jornada

reducida, no los funcionarios quienes elijan en qué dedicación los van

a realizar.» Pero hay un añadido más en la línea de oposición, en

relación a cuántos van a quedar afectados. Su razonamiento, que no fue

contestado por el grupo proponente, es que los altos cargos, los

Cuerpos distinguidos —inspectores de Hacienda, técnicos de la

Administración Civil, abogados del Estado...— no perciben dedicación

exclusiva en el desempeño de sus funciones, sino un «incentivo de

productividad». Su conclusión es que se aplicará sólo al subalterno.

Bravo de Laguna explicaría luego que la disposición se contempla

pensando en los funcionarios —los cifró en 19.000— que están

autorizados para ejercer la docencia, «Que no se quiere librar a nadie

en cada párrafo», avisó.

INCOMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES PRIVADAS

Poco después los socialistas se abstendrán en la votación de lo que

era la plasmación de sus propias enmiendas al segundo de los aspectos

básicos de la ley: las incompatibilidades a establecer entre el

servicio público y las actividades privadas. No se podrá desarrollar

la función pública y asesorar o pertenecer al Consejo de

Administración en empresas privadas relacionadas con esa función, o

tener la titularidad individual o compartida de conciertos de

prestación de servicios a esa misma entidad. pública, o tener más del

10 por 100 del capital de esas sociedades concertadas.

Bravo de Laguna recordó al PSOE la práctica paternidad de estas

disposiciones, luego aprobadas. Lo que dio pie a Ciriaco de Vicente

para decir que sí, pero pensando en un colectivo incompatibilizado, en

el que se incluía la sanidad. «El sector de la Administración Pública

—dijo—, en el que más habitualmente se emplea el concierto, más de

100.000 millones de pesetas de gastos anuales»; pero la sanidad ya no

está desde el dictamen de la Comisión del martes dentro del régimen

general de incompatibilidades.

Le recordó Llibert Cuatrecasas, de la Minoría Catalana, que ese

colectivo tendrá sus disposiciones específicas adaptadas a esta ley. Y

Pérez Royo quiso ser terminante: «Se podrá razonar un régimen

diferente para la Seguridad Social, aunque no nos parezca bien, lo que

es indefendible, en virtud de la propia naturaleza asistencia!, es que

un señor pueda ser jefe de servicio en un centro de la Seguridad

Social y al mismo tiempo titular de una empresa concertada que asiste

a ese servicio.» Hubo leves indicaciones en los bancos de UCD de que

puede replantearse el tema de cara al Pleno...

Pese a toda la discusión anterior no se había producido en el debate,

pero la tranquilidad terminó al hablar de las incompatibilidades de

los políticos. En su amplio sentido, desde parlamentarios, miembros de

las asambleas de las comunidades autónomas, cargos en la

Administración electivos o de designación.

Ninguno de ellos, según las enmiendas defendidas por los socialistas,

puede mantener compatibilidad con un puesto de trabajo retribuido como

funcionario de carrera o de empleo como personal contratado

administrativo o laboral en la Administración o entidades públicas. El

texto aprobado, que no recoge estos planteamientos, establece la

excedencia especial para estos casos y la opción, si desean prestar

servicios en la Administración, de cobrar por este concepto y los

gastos realizados en la otra condición de parlamentario, designado,

electivo, etcétera, o las retribuciones totales devengadas por el

cargo y las que le correspondan en la Administración al régimen de

jornada reducida.

LA CONTROVERSIA SOBRE LA NORMALIDAD

Francisco Ramos, en la defensa de sus enmiendas, manifestó que o se

«regulan primero las incompatibilidades en políticos, diputados o

senadores, o la gente no se lo creerá», y realizó insinuaciones sobre

altos cargos y miembros del Gobierno que no desempeñan otras

funciones, pero cobran... como letrados de la Cámara, o del Registro,

o de notarías, etcétera. Concretó hablando del nuevo delegado del

Gobierno en Andalucía o señalando un vicepresidente del Senado.

Vázquez Guillen tomó la palabra centrista rechazando categóricamente

que se pueda ofrecer a la opinión pública la imagen de que estamos

ante un cúmulo de inmoralidades y de abusos, «porque esa situación —

afirmó— no se da». Explicó que el nuevo delegado en Andalucía queda en

situación de excedencia como funcionario y negó de que haya servicios

nada claros de Presidencia del Gobierno de los que esté cobrando un

vicepresidente del Senado.

Habló también de situaciones perfectamente legales. Osorio, por CD, le

apoyó afirmando que parece que estamos en viejas épocas

inquisitoriales, pero al contrario, y que no se puede plantear que

«los hombres de la izquierda son de una arrogante moralidad, mientras

que los hombres de la derecha son de una claudicante moralidad, porque

no es cierto». El socialista no replicó a las afirmaciones anteriores,

aunque sentenció: «Que empecemos dando ejemplo, aunque sea para

combatir el paro».

La pertenencia a los Consejos de Administración de empresas públicas

por parte de quienes están remuneradas por el erario público es otro

de los puntos básicos del proyecto, el que se volvió menos

conflictivo, a juzgar por los debates. Sólo hubo que advertir a UCD

que en el texto que proponía se establecían para los ministros

incompatibilidades más suaves que las que ahora tienen, precisión que

vino de CD y del propio presidente de la Comisión, el centrista

Enrique de la Mata. Quienes están incompatibilizados por la ley sólo

podrán pertenecer a un máximo de dos Consejos de Administración u

órganos de Gobierno de empresas públicas, de los que sólo percibirán

dietas o indemnizaciones por asistencia. El resto se ingresará al

Tesoro Público.

Se incluía en este apartado —¿por «lapsus»?— a altos cargos en el

Gobierno de la nación y no a diputados y senadores. Hecha la

advertencia, UCD cambió la relación, finalmente aprobada, no

concluyendo a los altos cargos del Gobierno —hasta ahora no pueden

pertenecer a Consejos de Administración—, y sí a los parlamentarios y

a «los cargos de la Administración del Estado».

 

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