El programa de UCD / 2. Las libertades y la reforma del Estado     
 
 El País.    30/09/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EI programa de UCD

/ 2. Las libertades y la reforma del Estado

EL PROGRAMA centrista pasa factura a los electores de los logros conseguidos durante la transición por

UCD, autodefinida como "el partido de las libertades", y afirma, con injusticia en el exclusivismo, que

"ha sido el partido capaz de realizar la transformación más importante de la historia de España, desde un

régimen autoritario hacia la democracia". En cualquier caso, nadie puede negar a UCD sus méritos

durante el proceso constituyente ni regatearle el elogio por su explícito compromiso programático con "el

mantenimiento de la integridad de la Constitución" y "la consolidación de las instituciones democráticas".

Las dificultades surgen al repasar la reciente historia del partido del Gobierno, cuya grave crisis le ha

convertido en una confederación de facciones orientadas hacia el poder, más parecidas a las camarillas

clientelistas de los partidos de la Restauración que a las familias de la Democracia Cristiana italiana. De

un lado, Adolfo Suárez ha justificado la creación del CDS con el argumento de que la actual UCD ha

traicionado el espíritu de la UCD primigenia. De otro, las maniobras, todavía inexplicadas, emprendidas a

finales de agosto y comienzos de septiembre por destacados barones centristas para forzar el pacto de

UCD con Manuel Fraga restan credibilidad a los apoyos brindados a Landelino Lavilla por buena parte de

sus correligionarios. No resulta fácil distribuir los méritos, fracasos, continuidades y rupturas entre esas

dos ramas desgajadas del centrismo original que son la UCD de Landelino Lavilla y el CDS de Adolfo

Suárez. Su inequívoca defensa de la Constitución y de los derechos y libertades ciudadanos distingue

claramente a UCD de Alianza Popular, pero no la separa del CDS. Hasta el tradicional homenaje al

humanismo cristiano cede su lugar, en el programa electoral de Lavilla, a la fórmula recién importada del

personalismo. Y, a semejanza de Adolfo Suárez, el documento insiste en la primacía del poder civil en la

dirección de la política y la administración militar, manera de recordar que los gobernantes de la

Monarquía parlamentaria son elegidos libremente por los ciudadanos en las urnas, mientras que los

funcionarios públicos —civiles o militares— son servidores y no dueños de un Estado regido por los

representantes de la soberanía popular.

El programa de UCD promete regular el derecho de petición, perfeccionar las libertades de reunión y

asociación, reglamentar la iniciativa popular, restablecer el jurado y legislar el procedimiento de habeas

corpus y la asistencia letrada al detenido. La circunstancia de que UCD haya permanecido en el Gobierno

durante más de cinco años mueve a preguntarse por las razones que impidieron a los centristas promover

esos derechos y garantías mientras ocupaban el poder. Un reproche parecido puede dirigirse contra "el

propósito fundamental" de UCD, expuesto en su programa electoral, de procurar "el acercamiento

efectivo del ciudadano a las decisiones políticas", para que cada español se sienta "participante activo en

todos los procesos democráticos de tomas de decisión".

Siguiendo la inquietante moda de todos los programas electorales, UCD sugiere una protección penal

contra "los abusos" que pudieran cometerse en el ejercicio del derecho de información. El documento

promete también que será aplicada la ley de privatización de la cadena del Movimiento y que la

pluralidad informativa quedará garantizada mediante la ayuda estatal a la Prensa. El programa nada dice,

sin embargo, sobre el monopolio gubernamental que hasta ahora ha controlado esa Prensa. Desde la

sentencia del Tribunal Constitucional, la autorización de canales privados de televisión, defendida en el

programa centrista, deberá ser regulada por el Parlamento. El documento de UCD promete "la

culminación del Estatuto de Radiodifusión y Televisión", pero el historial del centrismo en este terreno no

es ningún aliciente de esperanza.

La intención de reformar la Administración de justicia, el Código Penal, el Código de Justicia Militar y

las leyes de enjuiciamiento civil y criminal ofrecen otra vez el reparo de ser presentadas como promesas

de futuro y no como balance de una tarea de gobierno. El propósito centrista de modificar la ley electoral

parece la respuesta de quienes, tras contemplar con asombro e incredulidad cómo se vuelve en contra

suya el artilugio inventado para asegurar su predominio como partido hegemónico, desearían convertirse

ahora en los caballeros andantes de los partidos subalternos.

El tratamiento en el programa de las cuestiones educativas no está exento de contradicciones. Los

centristas señalan, con toda razón, que "nuestro país no puede permitirse el lujo de prescindir de la

aportación del sector privado de la enseñanza". Pero el problema no radica en ese punto, sino en la

financiación de la política educativa y en la manera de distribuir los fondos presupuestarios entre las áreas

estatal y religiosa. En efecto, el programa, al resaltar que la completa sustitución de los colegios privados

por las escuelas públicas "resultaría inviable en términos económicos", además de inconstitucional, no

sólo afirma una gran verdad, sino que también abre una brecha en las pretensiones de quienes sostienen

que los colegios privados deberían ser financiados con cargo a los presupuestos, en pie de igualdad con el

sector público. Cuando el documento señala que "España no puede tolerar que siga habiendo núcleos

rurales con deficiencias de escolarización" y que es preciso "prestar una especial atención a los centros

escolares rurales y suburbanos", no hace sino cargar de razón a quienes defienden que el gasto público

debe conceder prioridad al sector estatal y gratuito de la educación. En cuanto a la universidad, el

compromiso centrista es el de promulgar una ley de autonomía universitaria, definida por los mismos

principios que fueron boicoteados por los diputados de UCD en la anterior legislatura. La fuga de

diputados hacia Alianza Popular le habrá permitido quizá mantener el empeño.

El documento, finalmente, traza un panorama casi apocalíptico de la Administración pública, que los

sucesivos Gobiernos de UCD no lograron enderezar. En nuestro país "existen servicios del Estado que

incumplen, por falta de medios o carencia de adecuada organización, los propósitos para los que fueron

creados"; "España no se merece una Seguridad Social que pueda amenazar de quiebra al Estado, que en la

visión de los ciudadanos puede parecer presidida por la picaresca y el mal empleo de los recursos";

"España no puede permitirse una Administración farragosa, cara y poco imaginativa". El diagnóstico es

clarividente, pero UCD no puede eludir sus responsabilidades al respecto. Es la gestión pasada de UCD, y

no las promesas y proyectos del programa —gran parte de ellos elogiables—, lo que contribuirá a decidir

el voto de los electores. Y este es el mayor fallo que se puede atribuir a un documento lleno de buenas

intenciones pero plagado de debilidades históricas. En honor a la verdad hay que añadir que el Estado que

UCD heredó del franquismo carecía de estructura y de armazón interna. Suponer que nadie en la

transición iba a poder arreglarlo todo de una vez hubiera sido una utopía. UCD ha podido gobernar la

transformación política de este país. El deterioro que ello le ha deparado —y su probable derrota

electoral— es quizás un precio inevitable a pagar por ello.

 

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