Una empresa nacional de exclusivas publicitarias     
 
 ABC.    19/12/1970.  Página: 30. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

ABC. SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 1970. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 30.

UNA EMPRESA NACIONAL DE EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS

El proyecto de creación de una nueva empresa nacional, en forma de sociedad anónima, denominada Exclusivas Publicitarias de Medios Estatales—denominación que deja traslucir en pocas palabras muy ambiciosos fines—, justifica un severo comentario.

Una vez más nos encontramos ante un caso en el cual, pese a las declaraciones constitucionales o fundamentales de la acción subsidiaria del Estado y del reconocimiento y amparo de la iniciativa y propiedad privadas, por vía administrativa, aunque sea de muy alto nivel, las empresas privadas de publicidad, legalmente establecidas y con demostrada capacidad gestora y económica para cubrir las necesidades de su sector, corren el riesgo de ser anuladas, desplazadas, por una empresa estatal, sin que para ellas tengan contenido eficaz y cierto ni el proclamado amparo ni el proclamado reconocimiento.

Es posible que se alegue, en defensa de la nueva empresa estatal, pues hay precedentes análogos en otros sectores, que se trata de reforzar principios tan importantes como la libre competencia, la transparencia, la legalidad, etc., en la actividad publicitaria.

Sin embargo, cualquier lego en economía sabe que cualquier sociedad anónima que realice una gestión en exclusiva—sobre todo si esta exclusiva se le reconoce por disposición legal—es un monopolio, y si algo hay contrario a la libre competencia son los monopolios estatales. ¿ Qué competencia habrá, ni mejor ni peor, ni más ni menos garantizada, cuando una sola empresa nacional controle toda la publicidad que se considere inserta en ese ambiguo marco de «los medios estatales»?

También, para hacer viable el proyecto, se podría aducir una razón pragmática, cuyo juego se explica claramente aplicado, por ejemplo, a un medio estatal conocidísimo: la televisión. Podría aducirse que la publicidad en televisión—fuente de enormes íngresos debe administrarse por una empresa nacional para aprovecha estatalmente también incluso el lucro o beneficio que suponga su promoción.

Pero este razonamiento es tan incorrecto, en su fondo, como el que pretendiera nacionalizar, en una empresa con exclusiva, a las empresas concesionarias de obras públicas, para que el beneficio obtenido en la construcción de carreteras fuera también a incrementar los fondos estatales.

Por este camino, ¿qué podrá ser materia respetada en favor de la empresa privada dentro de poco tiempo? ¿Qué podrá fabricar, vender, elaborar, realizar, gestionar o hacer la iniciativa privada que

no puede ser estimado por algún criterio gubernamental como actividad más propia y preferente de una empresa estatal?

A estos serios reparos, enmarcados en muy sencillas cosideraciones económicas y en principios políticos fundamentales, debemos añadir obstáculos legales que se alzan frente al proyecto.

El artículo 5.º del texto refundido de la ley del II Plan de Desarrollo («Boletín Oficial» 24 mayo 1969) en su apartado 1. dice:

«Para la creación de Empresas Nacionales (...) habrá de concurrir alguno de los siguientes motivos:

a) Insuficiencia de la iniciativa privada (...).

b) Conveniencia de impedir o combatir prácticas restrictivas de la competencia.

c) Imperativos de la defensa o de alto interés nacional.»

¿En cuál de estos motivos tratará de ampararse el proyecto? Del relativo a las prácticas restrictivas de la competencia hemos dicho ya bastante. Del que atañe a la insuficiencia de la iniciativa privada, ¿quién ha demostrado que exista o se tema en este sector u actividad? ¿No será más cierto, en todo caso, que la suma anual de los miles de millones de pesetas dedicados, hasta ahora, a publicidad en medios estatales prueban más eficacia y suficiencia gestora que lo contrario?

Tampoco se tratará, con toda seguridad, de imperativos de la defensa nacional. Y en cuanto al alto interés nacional parece que concordará más con la permanencia de empresas privadas rentables de publicidad que con su desaparición o ruina, cuando sean sustituidas por la Empresa Nacional que se proyecta. ¡Ah¡. Y que como tal empezaría por estar exenta de impuestos; así lo que se ganase, si se gana, en la gestión publicitaria se perdería por el renglón del curso de sociedades contribuyentes.

Dice aún más el citado artículo 5.ºen su apartado 2:

«En el supuesto del apartado a) del número anterior, y salvo que existan razones técnicas o de urgencia apreciadas por el Gobierno, éste, a propuesta del Ministerio competente por razón de la materia, antes de proceder a la constitución de una Empresa Nacionel (...) publicará el oportuno anunció en el «Boletín Oficial del Estado» para que las empresas privadas puedan realizar, dentro del plazo que se señale, las actividades de que se trate, obligándose a alcanzar el volumen de producción que en. cada caso se estime necesario.»

Como no parecen existir, en modo alguno, esas razones «técnicas o de urgencia», que serían base de la salvedad extraordinaria establecida, el precepto legal no se habrá cumplido si se procede, sin más, sin el anuncio y él plazo a las empresas privadas, a constituir la Empresa Nacional.

Es curioso, por otra parte, y lo apuntamos en plan incidental, que si el pretexto fuese la «insuficiencia» de la iniciativa privada, se intente suplir tal insuficiencia con una sociedad anónima cuyo capital se fija en ¡tres millones de pesetas! cuando en el mundo de la publicidad, a la escala de que se trata, esta cifra no podría cubrir ni la campaña mensual publicitaria de mu chas marcas nacionales.

El proyecto, en fin, coincide, intempestivamente, con la etapa de revisión crítica del I. N. I.—es decir, de las Empresas Naclónales—y con una época en la que resulta imperativo máximo, para el estímulo de la economía nacional, el fortalecimiento de la iniciativa y de las empresas privadas; en todas las actividades, en todos lo: sectores,

 

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