Tras la justicia, la clemencia     
 
 ABC.    31/12/1970.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

ABC

JUEVES 31 DE DICIEMBRE 1970. EDICION DE LA MAÑANA. PAG 18.

TRAS LA JUSTICIA, LA CLEMENCIA

El Jefe del Estado, oído el Consejo de Ministros y el Consejo del Reino, ha indulTado, conmutándolas, las penas de muerDe impuestas en la sentencia dictada por el Consejo de Guerra de Burgos. El anuncio fue hecho por el propio Jefe del Estado en su tradicional mensaje de fin de año dirigido a todos los españoles.

Minutos más tarde de las diez de la noche, el Generalísimo Franco anunciaba el uso de la gracia que, por Ley, tiene conferido.

Con íntima satisfacción recogemos sus palabras en otro lugar del periódico. Ante un hecho de tal magnanimidad, ante una tan prudente administración de gracia, queremos para nuestros lectores recoger algunos de los comentarios que nos sugiere aquél. Porque la clemencia no ha menoscabado la justicia. La justicia quedó cumplida en el trámite esencial: la sentencia hecha pública el pasado día 28.

Toda sentencia es una obra de la razón toda sentencia es un silogismo. En él es premisa mayor el supuesto legal que la norma punitiva—en este caso—contempla. Por ello es principie general de Derecho, y específicamente principio básico de derecho penal, la no existencia de crimen ni de pena sin una previa ley penal que los establezca y defina. Es premisa menor la existencia de hechos delictivos probados. Y es conclusión, la aplicación a los autores de estos hechos de las penas previstas en la Ley para los mismos.

No cabe, en términos jurídicos, otra solución. La justicia demanda, inexorable, el cumplimiento de su propio y lógico proceso. Y así, se ha cumplido la exigencia y el deber de la iusticia en la sentencia del Consejo de Guerra.

Toda sentencia, también, es máxima expresión de la realización del Derecho, pues plasma la justicia en un caso particular; y en él la define y en él la fija. Al hacerlo, cumple un doble fin: particular, en cuanto restablece el orden jurídico perturbado o conculcado (concepto este de «orden jurídico» mucho más amplio que el de «orden público») y general, por el valor de ejemplaridad que para todos tiene una sentencia justa.

Los jueces han cumplido la Ley. Ahora bien, en la Ley existe también prevista la posibilidad de ejercer, por quien tiene atributos legales para ello, la clemencia. Por el Jefe del Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Así, cumplida la Justicia, ha actuado la clemencia, sin abandonar, en medida o dimensión algunas, el ámbito del orden jurídico. Sin que padezcan un ápice, como escribimos en nuestro pasado editorial del martes 29 de diciembre, ni la justicia, ni la ejemplaridad, ni tan siquiera el orden.

Decíamos, en este comentario, que «consideraríamos gratísimo coincidir con el Gobierno en el criterio de que Justicia y clemencia, bien que términos dispares, no son términos antagónicos».

La deliberación del Consejo de Ministros, y la resolución consecuente con la misma, nos afirma en este pensamiento. La clemencia ha tenido su oportunidad y se ha aplicado en la medida ajustada a la utilidad pública. A la conveniencia del mayor bien para la comunidad nacional.

No es, y no debe entenderse de tal forma en supuesto alguno, la clemencia como una enmienda de lo sentenciado, pues pende por naturaleza la eficacia de toda sentencia del posible ejercicio de aquélla desde que se dicta, ni es tampoco síntoma o prueba de debilidad, porque sólo los fuertes son magnánimos. Sólo los fuertes encuentran, en su propia fortaleza, razones y estímulos para perdonar.

Si hubiese habido, si hubieran prevalecido motivos graves para no indultar, en la medida en la cual hubieran operado, los hubiéramos acogido, sinceramente, con todo respeto. Pero no debemos silenciar, por razones del corazón, que acogemos con ánimo reconfortado la aplicación de la clemencia.

Ninguno de los delitos a los que ha alcanzado la conmutación de la pena ha dejado por ello de serlo. La anarquía, el terrorismo, los crímenes de sangre, el bandidaje, la subversión... siguen mereciendo idéntica calificación en nuestras leyes, siguen mereciendo las penas fijadas y siguen mereciendo el mismo repudio, la misma condenación a todos los hombres de orden y de paz. Nada ha cambiado en nuestro sistema jurídico. La clemencia no altera, ni trastorna, ni transmuta, el perenne valor de la justicia. La conmutación no rebasa jamás su estricto ámbito de gracia personal a unos reos. En ellos se consuma y termina sin afectar en nada a la permanencia y vigor de la Ley.

Es siempre grata y bien recibida toda decisión clemente. Así recibimos, y con tal espíritu nos sumamos a la decisión nacida del Consejo de Ministros de ayer, ejercitada y refrendada por el sentido cristiano y altísimo saber político del Jefe del Estado.

Sincera posición que no es incompatible, para todos los buenos españoles, con la convicción absoluta de que el máximo respeto al rigor de la Ley, a la prevalencia del orden, al mantenimiento de la paz y de la inquebrantable unidad de la Patria, son los fundamentos de nuestro Estado en los que se cifra su naturaleza de Estado de Derecho.

 

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