Decreto-ley declarando el Estado de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa     
 
 ABC.    05/05/1962.  Página: 31-33. Páginas: 3. Párrafos: 43. 

ADRID, SABADO

DE MAYO

E 1962 - EJEMPLAR

50 PESETAS

ABC

DEPOSITO LEGAL-M. 13 - 1958

DECRETO-LEY DECLARANDO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ASTURIAS, VIZCAYA Y GUIPÚZCOA

"La Ilegal paralización del trabajo en determinadas minas de camón y otras Era-presas impone la necesidad de salvaguardar, dentro de la Ley, el interés general: por lo que debe el Gobierno aplicar las previsiones de los artículos 35 del Fuero de los Españoles, 10 número 9 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y 25 de la ley de Orden Publico.

En su virtud, conforme a las atribuciones concedidas en aquellas Normas y en el artículo 13 de la ley de Cortes, a propuesta del Cornejo de Ministros en su reunión del día 27 de abril de 1962,

DISPONGO:

Artículo 1.a Quedan en suspenso en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, durante el plazo de tres meses, contado desde la entrada en vigor del presente decreto-ley. los artículos 12 al 16 y 18 del Fuero de los Españoles, promulgado el 17 de julio de 1945, y puestos simultáneamente en vigor los artículos 25 a 34 de la ley de Orden Público de 30 de julio de 1959. ambos inclusive, en cnanto a, los medidas que permiten y que procede aplicar, y, asimismo, los demás concordantes o complementarios de la citada Norma.

Artículo 2.° El presente decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y de él se dará cuenta inmediatamente a las Cortes.

Así lo dispongo por el presente decreto-ley, dado en Madrid a 4 de mayo de 1962.

FRANCISCO FRANCO."

Disposiciones legales aludidas en el decreto-ley precedente

DEL FUERO BE LOS ESPAÑOLES

Los artículos del Fuero de los E-s-pañoles a que se refiere el decreto-ley dicen lo siguiente:

"Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia.

Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.

Nadie podrá entrar en e1 domicilio d« un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad competente y en los jasas y en la forma que establezcan las leyes

Los españoles podían reunirse y asociarse líbremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes. El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán, forma de ley coordinarán el ejercicio de este derecho con el reconocido en el párrafo anterior.

Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben •´—•"• En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial.

DE LA LEY DE ORDEN PUBLICO Los artículos de la Ley de Orden Público a que hace referencia el decreto-ley dicen lo siguiente:

Cuando, alterado el orden público, resultaran insuficientes las facultades ordinarias para restaurarlo, parirá el Gobierno, mediante decreto-ley, declarar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, asumiendo los poderes extraordinarios que en este capitulo se determinan. De igual modo podrá hacerlo si la magnitud de una calamidad, catástrofe, o desgracia pública lo aconsejare.

El decreto-ley que se dicte determinará qué garantías jurídicas de las reconocidas por el Fuero de los Españoles quedan suspendidas con arreglo a su artículo 35, y si no lo fueran todas, podrá acordado en decretos-leves sucesivos dictado en los casos y momentos que estime pertinentes.

El Gobierno deberá dar cuenta inmediata a las Cortes de los decretos-leyes mencionados en el artículo anterior, así como de aquél por el que se restablezca la normalidad, sin que sea necesario el trámite previsto en el articuló 10, número 3, de la ley de 26 de julio de 1957.

Si la normalidad no hubiera podido lograrse dentro de los tres meses siguientes a la declaración del estado de excepción, el Gobierno pondrá en conocimiento de las

DIARIO ILUSTRADO ANO QUINCUAGÉSIMO QUINTO, NUM. 17.516 80 PAGINAS

SE REÚNE LA COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Presidió el Jefe del Estado

Bajo la presidencia del Jefe del Estado se reunió ayer en el Palacio de El Pardo la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para examinar diversas cuestiones de su competencia.

En relación con, el Plan, de Desarrollo, se examinó detenidamente el funcionamiento de las Comisiones y Ponencias y se acordó la constitución de nuevos grupos de trabajo y el nombramiento de dos nuevas Comisiones para el estudio del Plan de desarrollo de las provincias Canarias y de la Región Ecuatorial

Corles las razones que aconsejen su prórroga.

Las medidas que se adopten para la restricción parcial o total de las garantías suspendidas por los decretos-leyes que declararon el estado de excepción, se limitarán a los términos que en cada, caso aconsejen las exigencias del orden público.

Las autoridades gubernativas asumirán las siguientes facultades con arreglo al decreto o decretos-leyes que se dicten:

a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que en el bando se determinen; la formación de grupos o estacionamientos en la vía pública, y los desplazamientos de localidad; o bien exigir a quienes los hagan que acrediten su identidad personal y el itinerario a seguir.

b) Delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas, así como prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan dificultar la acción de la fuerza pública.

c) Detener a cualquier persona sí lo Consideran necesario para la conservación del orden.

d) Exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con dos días de antelación.

e) Disponer el desplazamiento accidental de la localidad o lugar de su residencia a las personas que por sus antecedentes o conducta infundan sospechas de actividades subversivas.

f) Fijar la residencia en localidad o territorio de la nación, a ser posible adecuada a las condiciones personales del individuo, de aquellos en quienes concurran las circunstancias del párrafo anterior.

Estas medidas cesarán con las circunstancias que las motivaron.

Las autoridades gubernativas podrán disponer inspecciones y registros domiciliarios

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en cualquier momento que se considere necesario.

En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos, tendrá que ser siempre presenciado por el dueño o encargado de la misma, o por uno o más individuos de su familia o por dos vecinos de la propia casa o de las inmediaciones si en ellas los hubiere, y, en su defecto, por dos vecinos del mismo pueblo.

No hallando en ella al dueño o encargado de la casa, ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento a presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantándose acta, que firmará coa ellos la autoridad o su delegado.

La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria.

En caso de no ser hallados vecinos que puedan presenciar el registro, se llevará a efecto haciendo constar esta circunstancia en el acta.

Los extranjeros transeúntes en España están obligados a realizar la presentación y a llenar las demás formalidades que con respecto a ellos acuerde la autoridad. Quienes las contravinieren u ofrecieren indicios de concomitancia con los revoltosos serán expulsados del país, salvo que ios hechos constituyan delito, caso en el que se les someterá al procedimiento correspondiente.

Los extranjeros con residencia en España debidamente autorizada y registrada, quedarán sujetos a las mismas disposiciones que los nacionales y a las. normas que se establezcan sobre renovación o control de su tarjeta de identidad o cédula de inscripción consular. Si en su conducta se apreciara connivencia con los perturbadores, podrán ser expulsados del territorio nacional, previa justificación sumaria de las razones que lo motivan. Los interesados, sin perjuicio del cumplimiento de lo acordado, podrán recurrir en alzada.

Los apatridas o refugiados respecto de los cuales no sea procedente la expulsión, seguirán el Estatuto de los nacionales.

Asimismo, y con carácter extraordinario, se podrán acordar las siguientes medidas de seguridad y prevención:

a) Revocar, total o parcialmente, los permisos de tenencia de armas.

b) Evitar que, prevaliéndose del uso de los servicios públicos de transportes, comunicaciones o cualquiera otro, se coopere a provocar o mantener la alteración del orden.

c) Vigilar y proteger los edificios, instalaciones, obras, servicios públicos e industriales o explotaciones de cualquier género.

d) Emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia.

Las medidas que se indican en los dos apartados anteriores llevarán consigo la obligación de los dueños, moradores o encargados, de consentir las limitaciones que exija la utilización de las fincas o instalaciones afectadas.

e) Dictar las normas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados, la libertad de comercio, el funcionamiento de los servicios públicos y de los centros de producción y trabajo, pudiendo exigir la prestación personal obligatoria de sus trabajadores y empleados y considerárseles, en cuanto duren las circunstancias, como funcionarios públicos al servicio del Estado y sometidos al Estatuto legal, jerárquico y disciplinario de éstos, bajo las órdenes directas de la autoridad o sus delegados.

f) Movilizar los recursos del territorio o de las localidades en que se declare el estado de excepción, pudiendo llegar, si fuera necesario para remediar la calamidad o dominar la perturbación, a disponer de las armuniciones, vehículos, carburantes, vís, animales o materiales de toda clase la intervención u ocupación de induss, fábricas, talleres o explotaciones. ´uando a consecuencia de la ejecución de is medidas procediere alguna indemnizan, ésta se regulará de conformidad con que previene la Ley de Expropiación foriíl.

Si algún funcionario o persona al servi) del Estado, Provincia, Municipio y Enlad o Instituto de carácter público u ofiil favoreciese con su conducta la actuaún de los elementos perturbadores del orín o se negare a cooperar con la autoridad instituida cuando le fuere expresamente eclamado, podrá ser suspendido provisionalmente por ésta de su empleo, cargo o unción y sueldo anejos en tanto duren las circunstancias, sin que contra dicha resolución quepa recurso alguno.

Además, se pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial, correspondiente y se notificará al superior jerárquico a los efectos le oportuno expediente disciplinario.

Las autoridades podrán sancionar los actos contra el orden público con multas superiores en un 50 por 100 a lo autorizado en el capítulo segundo.

Nota oficial sobre alteraciones fe la normalidad laboral en Asturias

Por el Ministerio de Información y Turismo ha sido facilitada la siguiente nota:

"La preocupación del Gobierno por mejorar la situación de los trabajadores dentro de las posibilidades que ofrece la productividad de cada sector a través de convenios colectivos sindicales se desarrollaba en la región asturiana por los cauces que señalan las disposiciones legales, habiéndose adoptado por el Consejo de Ministros del 13 del pasado abril los acuerdos de facilitar su realización. Pero el curso normal de las gestiones se vio bruscamente interrumpido por las actuaciones de agitadores que, al tener noticia de las mejoras a punto de concertarse, provocaron alteraciones en la normalidad laboral con el propósito de que se atribuyeran a estos procedimientos aquellas mejoras. Con esto secundaban consignas del exterior, desorientaban a sus camaradas de trabajo y conseguían la paralización de algunas cuencas carboníferas, mientras intentaban extender el conflicto a otros sectores industriales.

El Gobierno, al informar de la citada anormalidad laboral, no cree necesaria una prolija exposición de su génesis y conocidos propósitos que responden a la incesante propaganda que por radio, octavillas y mensajes remitidos desde el exterior . viene realizándose.

Es de lamentar que una sana mayoría do trabajadores asturianos sea arrastrada por una insidiosa campaña que, desorientando su opinión, ha ocasionado un costoso sacrificio a los productores afectados y un grave daño a la economía nacional, objetivos básicos de quienes quieren entorpecer nuestra política de constante mejora social y desarrollo económico.

El Gobierno advierte que no es bajo la coacción ni en la ilegalidad donde habrán de encontrar la adecuada satisfacción las legítimas aspiraciones de los productores asturianos; reitera que no se desiste de continuar el camino trazado en pro de las mejoras laborales previstas y anuncia eme contra aquellas maniobras en tutela de los intereses generales de la nación y especialmente de los sectores sociales afectados mantiene su firme propósito de dedicar toda su atención, en primer término al restablecimiento de la normalidad laboral, aplicando rigurosamente las normas reguladoras de su disciplina y usando en su caso de los medios ordinarios o de excepción que la legislación vigente autoriza para la defensa y mantenimiento de >-i y del orden público."

 

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