La decisión del gobierno     
 
 Arriba.    11/04/1976.  Páginas: 2. Párrafos: 5. 

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Tras producirse el secuestro del señor Berazadi, el Gobierno español, a través del Ministerio de la Gobernación, acordó prohibir cualquier tipo de negociación privada con los autores de los secuestros. Sobre esta decisión hemos solicitado, antes de conocer el asesinato del señor Berazadi, la opinión jurídica de un importante experto

MIGUEL FENECH NAVARRO (catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense)

«El Estado de Derecho se caracteriza, entre otras notas, por tener el monopolio de la fuerza al servicio del Derecho. La fuerza sirve en última instancia para reducir a la obediencia de las leyes a los que, apartándose de ellas, impiden el disfrute ordenado de la libertad Individual y el desarrollo de la persona y de la dignidad humana. Cuando en un Estado de Derecho se produce una situación patológica al detentar un grupo más o menos organizado, una fuerza capaz de enfrentarse con la del Estado, no puede extrañar a nadie que éste haga uso de la suya para reducir o acabar, si le es posible, esta situación que produce una grave perturbación del orden impidiendo la pacífica vivencia de la libertad de los ciudadanos (recordemos la situación del Ulster).

El Estado en estos casos ha de extremar el rigor en la aplicación de las leyes, única garantía de la libertad de los ciudadanos. En primer lugar ha de procurar impedir que se produzcan hechos atentatorios contra la vida de los ciudadanos o que pongan en peligro la vida de las personas. Si a pesar de extremar su diligencia se pro duce el hecho delictivo, contemplado y sancionado en la legislado vigente, ha de poner su fuerza servicio de la Administración Justicia para que ésta pueda gar serenamente y sancionar en caso a los genuinos culpables.

Pero entiéndase bien que sólo juez puede aplicar la Ley al a concreto para determinar si está no comprendida en las norm genéricas de la ley y sancior conductas sólo en aquellos caaos en que además de estar incluidos en las leyes penales sean conductas antijurídicas y culpables.

El Ministerio de 4a Gobernación no ha hecho más que recordar la existencia de unas leyes a as cuales han de someterse tolos los ciudadanos por igual, cualluiera que sea la dolorosa situaión en que se encuentren en un aso concreto. No puede hacer x cepejones, porque si las hiciei dejaría de obrar legalmente co(3 órgano de un Estado de Dereo. Como dejaría de hacerlo el ez si llegado el momento no mtemplara el caso con excepciones y no diera una solución justa.»

 

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