Huarte y Torfinasa     
 
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HUARTE Y TORFINASA

DON Emilio Romero, director de "Pueblo", escribía ayer en la "Tercera Página" del diario sindical unas polémicas consideraciones en torno al secuestro del industrial don Felipe Huarte. Decía textualmente:

«La elección de la víctima esta vez (y la reciente del señor Zabala) ha sido un empresario, un elemento activo de nuestro mundo económico-social, Independientemente de su consideración personal. y una de las condiciones impuestas por los secuestradores fue la de resolver el grave conflicto que había entre la empresa y sus obreros en orden a atender las demandas de éstos. En aquel instante la empresa era contraria e impermeable a satisfacerlas, y había incluso numerosos despidos. Poco tiempo antes de la 1iberación del señor Huarte, la empresa se avino a atenderlas, y cumplía así la exigencia de los secuestradores. ¿Se advierte la gravedad de este hecho? El primer interrogante qué hacemos es lógico y de respuesta difícil. Si la empresa, bajo la amenaza de muerte al empresario, accedió a las demandas obreras, ¿por qué no lo hizo mediante la negociación pacífica, por los medios normales y los mecanismos legales? ¥ si no se producen trastornos económicos insolubles en la empresa con la absorción de esas mejoras sociales, la realidad es que su comportamiento era antisocial y ha sido servidora de un pretexto gravísimo de utilización por quienes aspiran a restaurar en nuestro país el viejo clima social de la violencia.»

En este planteamiento advertimos un sofisma, algo habitual en la dialéctica de nuestro tiempo —en España y fuera de España—. Pero no por habitual debe ser admitido. Máxime cuando andan en juego circunstancias tan graves como la vida de un hombre, la validez de nuestras vías sindicales de diálogo y la existencia de un grupo terrorista que no repara en medios para conseguir sus fines. Se dice que tiene "difícil respuesta" contestar por qué si la empresa bajo amenaza de muerte accedió a las peticiones laborales, no lo había hecho antes del secuestro mediante la negociación pacífica. ¿Es esta una interrogante difícil? En absoluto: lo que la empresa ha hecho al firmar el convenio no es establecer un acuerdo laboral, sino ceder a las presiones de un chantaje para salvar la vida de un hombre.

No hay consideraciones económicas, ni sociales, ni empresariales en la actitud de Tortinasa a la hora de la firma del convenio. Así lo entendieron hasta los propios obreros —e incluso los obreros despedidos—, que se negaron a mantener ningún tipo de reivindicación mientras el chantaje durara. La empresa se ha limitado a cumplir unas condiciones impuestas por los secuestradores para lograr la libertad del señor Huarte. Si estas condiciones gravan o no excesivamente la economía de la empresa misma, no lo podemos decir porque no lo sabemos. Pero aseverar —como hace el articulista— que todo ello demuestra que «la actitud de la empresa era antisocial», vuelve a ser un sofisma, además de una grave acusación. Porque lo único que se ha demostrado es que la familia Huarte ha estado dispuesta en todo momento a aceptar las condiciones de la E. T. A. para lograr la liberación de don Felipe. Algo que nos parece humanitario y justo. La actitud de la Delegación de Trabajo de Pamplona, no reconociendo validez a un convenio independientemente de que en el futuro la empresa y los trabajadores mantengan lo ya acordado— que se firmó bajo la coacción y el chantaje, corrobora cuanto decimos.

Pero más grave es la acusación que tan destacado comentarista político hace cuando escribe:

"Hay que plantear el tema, con carácter general, sobre quienes deterioran la buena fe, la rectitud, el prestigio, la solución institucional, de los Sindicatos españoles, a quienes se obliga a bailar en la cuerda floja, echándose frecuentemente encima de ellos ante las demandas obreras, y se les obliga a arrostrar impopularidad, para después no atender otro lenguaje que el de las metralletas. Y lo que es más grave, esta empresa ha probado suficientemente que las demandas obreras no eran irracionales. Dejo a la reflexión de los empresarios españoles y del Gobierno un asunto de tanta gravedad, principalmente para los propósitos nacionales de convivencia."

Desde estas páginas una y mil veces hemos insistido que entre las metralletas y el diálogo de sordos hay vías de entendimiento y defensa de sus intereses por parte de empresarios y obreros que deben y pueden reconocerse: la huelga y el despido libre, dentro de sus Justos cauces. Y de hecho se reconocen en todos los países de economía medianamente desarrollada que no practiquen sistemas e ideologías políticas totalitarios.

"El dinero no tiene una consideración privada respecto a su posesión, sino también pública en cuanto a su circulación y destino...", dice el señor Romero en otro apartado de su artículo, y:lo suscribimos. Cuanto más si el dinero en vez de ser privado es público, como es el dinero de la Organización Sindical, editora de "Pueblo". En atención a dicha consideración pública —cuando menos—, "Pueblo" debería haber meditado la publicación del artículo que comentamos: en manos de un abogado defensor de los secuestradores, si éstos son detenidos algún día y Juzgados, podría exhibirse como prueba atenuante de su execrable acción.

La moraleja de toda esta historia es que obreros y empresarios españoles tienen —ya lo creemos— capacidad de negociar (y negociar no supone necesariamente estar siempre de acuerdo, sonriéndose a la cara). Lo que falta muchas veces son cauces. Y lo preocupante es que en el portavoz del cauce por naturaleza de esa negociación —la Organización Sindical— se hayan repartido culpas y perdones, en un evidente servicio a la confusión, que es precisamente lo que más perturba en estos momentos esos propósitos nacionales de convivencia a los que el articulista alude.

 

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