Autor: Sánchez Carrasco, Carlos. 
   Injusticia para el olivar     
 
 Ya.    19/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

19-XI-77

ECONOMÍA

TRIBUNA ABIERTA

INJUSTICIA PARA EL OLIVAR

Ochocientos mil jornaleros, doscientas mil familias, dos millones de hectáreas fuertemente

concentradas en las provincias de menor renta, 6 por 100 de la producción final agraria, un precio

evidentemente bajo y decepcionante para e1 sector. Ese es el cuadro que plantea el olivar español, antaño

fuente de divisas y hoy verdadero rompecabezas para todos, incluida la Administración Pública.

El Gabinete actual no ha sabido encontrar el justo medio del problema, al que ha considerado un simple

asunto económico sin más, y, como tal, le ha aplicado un aumento del 20 por 100 sobre los precios

garantizados del año anterior. Una solución que va a traer cola, bien en forma de problemas de orden

público, bien en forma de abandono de las explotaciones y paro. No se le puede pedir a nadie que se

ocupe en labores que le lleven directamente a la ruina.

Existen en manos del FORPPA estudios, presentados por representantes del sector, que sitúan los costes

por encima de las 120 pesetas/kilo para plantaciones de más da 30 kilos de aceituna por olivo, que en

cualquier país se consideran rentables.

Pero un somero repaso a los principales costes servirá para tomar conciencia de lo ridículo del precio

aprobado por el Consejo de Ministros. Según el anuario del Ministerio de Agricultura, la producción

media por hectárea en España es de 1.050 kilos, que suponen, aproximadamente, 175 kilos de aceite, con

un producto bruto a 96 pesetas el kilo, de 16.800 pesetas hectárea.

A esa cantidad hay que restar los gastos de transporte y de almazara, que dejan la anterior cantidad

reducida a unas 14.700 pesetas. La recogida del fruto, a destajo, costará este año 10 pesetas el kilo, con lo

que de las 14.700 pesetas de producto bruto quedan para el agricultor pesetas 4 200 por cada hectárea de

cultivo medio en España.

NO creo que ningún Consejo de Ministros ni ningún otro organismo colegiado de menor rango suponga

que con 4.200 pesetas por hectárea se puede cultivar nada en absoluto. No quiero entrar en el detalle

porque seria aburrido e innecesario para el lector, aunque sí recordar que el olivar se poda, se abona, se

labra, necesita tratamientos, paga una contribución, etc. Todo eso, más el beneficio correspondiente a

cualquier actividad, tiene que lograrse con 4.200 pesetas por hectárea. Así, por decreto.

Compartimos plenamente con el señor Fuentes Quintana, responsable de nuestra economía, la necesidad

de frenar la inflación mediante un sacrificio conjunto de la sociedad justamente repartido. Pero tenemos

forzosamente que discrepar en que el tratamiento a los olivareros haya sido justo. Lo que ha ocurrido en

este caso, como en tantos otros sectores agrícolas, es que la falta de presión social de los grupos agrarios

se vuelve contra ellos y los lleva a la discriminación.

Unos millares de obreros navales gaditanos han hecho variar la opinión del Gobierno en política de

astilleros. Los incidentes en Cádiz fueron demasiado violentos y pudieron degenerar en algaradas

continuas. Los créditos llegaron y los pedidos, con ellos.

Otra multitud de empresas del INI, de capital público, encuentran enormes dificultades en la coyuntura

que atravesamos y los miles de millones acuden rápidamente a proteger unos puestos de trabajo en

peligro. HUNOSA, ENSI-DESA, ENASA, etc., encuentran fondos para ir trampeando en la crisis, a la

espera de mejores perspectivas. Tienen presión social suficiente como para hacerse valer en tan difíciles

momentos.

El campo, no. Y por eso diremos, y continuaremos diciendo que está discriminado, que se le está

forzando a tomar decisiones drásticas que terminen con esta situación injusta y humillante.

El año pasado las subvenciones al aceite de soja alcanzaron cuatro mil millones de pesetas para un

consumo de 150.00 toneladas, aproximadamente. Quiere decir que cada litro de aceité de soja llegaba al

público con una bonificación de 26 pesetas. Un aceite producido por agricultores extranjeros, que veían

cómo les llegaba un suplemento financiero a sus explotaciones a cargo del erario nacional español.

LA supervivencia del olivar en España, cuyas dimensiones humanas y económicas ya conocen, pasa

por la subvención al consumidor. El aceite de oliva, sea cual sea su rendimiento por hectárea, no puede

competir con sus homólogos de soja o de girasol, cuyo cultivo es mecanizable.

La solución de arrancar olivos ya ha sido adelantada por el ministro de Agricultura, incluso la ha cifrado

en 40.000 hectáreas al año, en una operación de saneamiento de estructuras en parte a cargo del FORPPA,

que este año saldrán de los beneficios que el Fondo obtendrá de la venta de sus "stocks", comprados a 80

pesetas y vendidos a 96.

No se puede ir en contra del saneamiento del olivar porque sería irracional. Hay explotaciones de

rendimientos bajos que no pueden pretender eternizarse bajo la tutela del dinero público, aunque otros

sectores sí puedan hacerlo. Pero el saneamiento de estructuras es un trabajo lento. Mientras se completa

hay que ir tirando, y a los precios que el Consejo decretó para la campaña que se inicia, lo único que se

puede ir tirando, y bien lejos, es la esperanza de futuro.

EN España el problema de los olivareros y del olivar no es un asunto económico. Es un problema regional

en un momento de políticas regionales.

Así lo ha entendido la CEE, que permite la supervivencia de sus olivares mediante la subvención directa

anual de 200 millones de Unidades de Cuenta (unos 18.000 millones de pesetas) al consumo, mientras

que se protege de entradas a bajo precio mediante unos "prelevements" que desaniman las importaciones.

Y el importador, cuando adquiere mercancía del extranjero, colabora al mantenimiento del propio sector

comunitario, mediante la acción del FEOGA. que recoge los fondos generados por los "prelevements´´

para revertirlos como subvención al consumo. • El trato actual con el campo supone una política equivocada

por parte del Gobierno, más atento a mantener el orden público que a realizar su papel de distribuidor

equitativo del malestar. Y las políticas equivocadas, si no se enderezan a tiempo, pueden

llevar a pésimos resultados para todos.

CARLOS SÁNCHEZ CARRASCO

 

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