Reunión extraordinaria del consejo de ministros. 
 "Medidas especiales" sin estado de excepción     
 
 Informaciones.    05/10/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 36. 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

"MEDIDAS ESPECIALES´ SIN ESTADO DE EXCEPCIÓN

MADRID, 5 (INFORMACIONES).

AYER, al término del Consejo de ministros extraordinario celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno, y que estuvo exclusivamente dedicado al atentado terrorista de San Sebastián, el presidente Suárez se trasladó al palacio de La Zarzuela, en donde fue recibido en audiencia por el Rey a primera hora de la noche. Aun cuando, como es normal, nada ha trascendido de esta entrevista, parece lógico pensar que el jefe del Gobierno dio cuenta al Monarca de los acuerdos adoptados en el Consejo de ministros, y concretamente de las medidas acordadas por el Gabinete.

Hacia las diez y media de la noche —y tras dos aplazamientos sucesivos sobre la hora inicialmente prevista—, el ministro de la Gobernación, don Rodolfo Martin Villa, comparecía ante las cámaras de Televisión Española, y, en emisión simultánea por ambas Cadenas, daba lectura al siguiente comunicado:

«Ante el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino, don Juan María de Araluce y Villar; de los inspectores del Cuerpo General di Policía don Luis Francisco Sanz Flores y don Antonio Palomo Pérez, y del conductor, miembro del Cuerpo de la Policía Armada, don Alfredo García López, el Gobierno, en su sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy, y previo informe del ministro de la Gobernación ha acordado:

PRIMERO: Manifiesta su dolor, que es el de todos los españoles, ante un hecho tan execrable, que merece la más enérgica condena.

SEGUNDO: Proclamar, al tiempo que hace un llamamiento a la serenidad de todos los españoles, que actuará con toda firmeza para garantizar la paz y la convivencia ciudadanas y el orden público, por todos los medios a su alcance

TERCERO: Adoptar con todo rigor las medidas especiales que la vigente legislación autoriza en supuestos como el presente.

CUARTO: Disponer lo necesario en el orden policial, efectuar los controles precisos —incluso los fronterizos—, con la colaboración en este caso de unidades militares, de acuerdo con las leyes en vigor.

QUINTO: Instruir a las autoridades gubernativas y policiales sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, e impedir a toda costa la actividad de grupos subversivos, que utilizan la violencia como norma de acción política.

SEXTO: Apoyar y respaldar a las fuerzas de orden público en el desempeño de su indispensable labor, en defensa de la convivencia ciudadana.

SÉPTIMO: Recabar la colaboración de las fuerzas sociales y de los grupos políticos, de los medios de Información y de los ciudadanos todos, para proseguir el proceso político de democratización iniciado por el Gobierno.

El Consejo de ministros ha estudiado todas las medidas que tiene a su alcance, incluida la declaración del estado de excepción, y cuantas contiene la ley de Orden Público, y que serán adoptadas si las circunstancias así lo aconsejan.

El Gobierno quiere dejar bien claro ante el pueblo español que es consciente de que actos como el que hoy condenamos, y actitudes como las que en días pasados se han producido, responden a

un frío y meditado programa para impedir la democratización de nuestra- sociedad. En su consecuencia, entiende que sólo desde la serenidad y desde la firmeza se puede asegurar la culminación de ese proceso y sentar las bases de un futuro de paz y de libertad para todos los españoles.

NO ES NECESARIO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Después de leer la nota del Consejo de ministros, el señor Martín Villa respondió a las preguntas formuladas por el locutor que presentó el programa especial. Al explicar las razones por las cuales el Gobierno no había considerado necesario adoptar el estado de excepción, el ministro dijo:

—Realmente, el Gobierno, en su sesión de esta tarde.

ha considerado, como dice la nota, todas las posibilidades que la ley de Orden Público le ofrece, y una de esas posibilidades es evidentemente la del estado de excepción. El Gobierno ha acordado su decisión, creo que no falto a ningún secreto a las deliberaciones, por unanimidad, y ello por algunas razones de orden práctico v por otras de orden político.

De orden práctico porque el Gobierno cree que la suspensión de los derechos ciudadanos a que da lugar la declaración del estado de excepción no ofrece mayores ventajas, o no ofrece ventajas importantes, en relación con las medidas que ha tomado y a las que hace referencia esta nota.

En definitiva, la suspensión de derechos ciudadanos en el marco de la ley de Orden Público, y de acuerdo con el artículo 35 del Fuero de los Españoles, hace referencia a los derechos de reunión y manifestación, a las actuaciones policiales, y creemos que las primeras, el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, pueden estar suficientemente guardados por las instrucciones que hemos cursado a los gobernadores civiles y a las autoridades policiales. Y en cuanto a una actuación policial, se emplearán, con todo rigor, como es lógico, todas las posibilidades que nos da la legislación antiterrorismo, porque claramente estamos en un supuesto de terrorismo.

FIRMEZA Y SERENIDAD

En este sentido —continuó el ministro—, las detenciones pueden circular en un marco de mayores facilidades, e incluso la entrada en los domicilios en estos supuestos concretos también son posibles, desde un funcionamiento muchísimo más normal, y quizá sin necesidad de apelar a las facilidades que da la declaración del estado de excepción.

Por otro lado, también el Gobierno es consciente, v asi lo dice en su nota, que debe operar desde la firmeza y también desde la serenidad. El Gobierno no quiere caer y no caerá en la trampa que se le quiere tender, de que en un momento en que el país, recobrado económicamente por el proceso de estos cuarenta años, progresado socialmente por el progreso de estos cuarenta años, y deseoso de abrirse a mayores libertades, es necesario que los haga desde el orden.

He insistido muchas veces que el orden público no es negociable. He insistido muy recientemente que el orden y la libertad no son cuestiones que se contraponen, sino que son complementarias y que se necesitan.

Desde esta perspectiva, el

Gobierno sabe, en serenidad y en firmeza, que tiene posibilidades en las leyes, sin recurrir por ahora a medidas excepcionales. Pero el Gobierno está dispuesto, desde esa serenidad y desde esa firmeza, a recurrir a ellas si las circunstancias lo hicieran preciso.

LA GRAN MAYORÍA DEL

PUEBLO ESPAÑOL RESPALDA LA REFORMA

Sobre la importancia y repercusión que este atentado puede tener en el camino de la pacifica convivencia hacia la democracia que el Gobierno ha emprendido, el señor Martín Villa dijo:

El Gobierno es consciente de que la mayor parte, la gran mayoría del pueblo español, respalda el propósito de reforma política. El Gobierno sabe que cuenta con la mejor parte de la sociedad española, que son además los más, los más y los mejores. Y eso sabe que es general en el país. Y sabe que lo es también en las provincias vascas.

Por tanto, no ha creído que unas medidas tengan que circular como castigo para unas comunidades concretas que saben y conocen que respaldando la acción de las fuerzas del orden público, que realmente merecen nuestro apoyo, y apoyo con firmeza, destacando que con objeto de campañas que hemos de rechazar absolutamente, porque son intencionadas y porque llevan a resultados como el de hoy. Sabe que este proceso es posible y, por tanto, tomará las medidas que crea que son necesarias.

PROSEGUIRÁ EL PROCESO POLÍTICO

Por último, el ministro de la Gobernación añadió:

Comprendo que buena partí de la sociedad española sí pueda preguntar, después de

los sucesos de esta semana, de la jornada de 1 semana pasada, de la jornada del día 27 de los sucesos del viernes en Madrid, que claramente se desarrollaron con un fracaso total y absoluto para los que los promovieron, de los asesinatos de hoy, y éstas son las medídas necesarias.

El Gobierno cree tener en su mano todos los datos para haber decidido asi. El Gobierno sabe que así responde también a (os deseos de los más. El Gobierno insistirá por todos los medios a su alcance policiales, gubernativos y políticos— en la detención de los culpables, en en tregarlos a las autoridades policiales, como es propio en cualquier Estado de derecho. Y proseguirá su proceso político en paz v en libertad.

ASI FUE EL CONSEJO

Cincuenta minutos duró el Consejo de ministros extraordinario celebrado ayer por la tarde en la Presidencia de) Gobierno y al que asistieron todos los ministros del Gabinete Suárez. El titular de Obras Públicas, don Leopoldo Calvo Sotelo, se incorporó a la reunión un poco más tarde que los demás miembros del Gobierno, inmediatamenté después de su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas, procedente de Roma.

La reunión comenzó a las 6,35 de la tarde, a los pocos minutos de la llegada a pie, al palacete de la Presidencia, del ministro de la Gobernación. Momentos antes, el señor Martín Villa manifestó a los informadores su profundo pesar por la muerte del presidente de la Diputación de Guipúzcoa y los policías de su escolta. «Hemos sido compañeros en el Consejo del Reino —dijo el ministro refiriéndose al señor Araluce— y hoy era uno de mis mejores colaboradores. Para mañana (por hoy) teníamos prevista una reunión en mi despacho.» El ministro de la Gobernación estaba sensiblemente emocionado.

Poco antes de la llegada del señor Martín Villa, lo había hecho el ministro de Relaciones Sindicales, don Enrique de la Mata, quien también conversó con los periodistas durante unos minutos. «Es realmente impresionante para mí dijo el ministro—, como ustedes pueden imaginar; es un acto salvaje e incomprensible en los tiempos que queremos vivir. Estoy profundamente impresionado.» Más adelante, un periodista le preguntó si el asesinato del señor Araluce Villar podría

alterar o entorpecer el proceso de democratización, y el señor De la Mata contestó: «Esperemos que no.»

Al parecer, el presidente del Gobierno habría convocado la reunión del Gabinete nada más conocer el atentado contra el presidente de la Diputación de Guipúzcoa. La reunión estaba fijada, en principio, para las seis de la tarde. Los ministros militares y de Información fueron los primeros en llegar a Presidencia del Gobierno. A continuación Jo hicieron los restantes miembros del Gabinete. Sus rostros reflejaban seriedad y preocupación. Sobre las siete y media de la tarde, finalizado este Consejo extraordinario, comenzaron a abandonar el palacete de la Presidencia Los últimos en salir fueron los ministros militares, el titular de Información y Turismo y el ministro de la Gobernación, quien volvió más tarde para consultar con el presidente del Gobierno su posterior alocución en Televisión Española, recocida integramente al comienzo de esta información.

¡Si articulo 35 del

a Fuero de los Españoles, al que hizo referencia el señor Martín Villa en sus declaraciones a TVE., dice textualmente: «La vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente, mediante decreto ley, que taxativamente determine el alcance y duración de la medida.»

Por otra parte, el decretoley número 2/1966, de 18 de febrero de este año, revisé el de Prevención del terrorismo 10/1975, de 26 de agosto, regulando al mismo tiempo la competencia para el enjuiciamiento de tales delitos. Las disposiciones derogatorias del decreto afectaron a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y disposición final segunda del decreto-ley 10/1965 antiterrorista, referido a las penas máximas a aplicar en los supuestos incluidos en el decreto, las penas a prisión menor, enjuiciamiento de los delitos incluidos, registros domiciliarios, garantías de defensa de los procesados, delitos de Prensa y casos de negligencia.

En su disposición adicional, el decreto de revisión del d« terrorismo determinaba que los artículos 13 y 14 (referidos, respectivamente, al plazo legalmente establecido para poner a disposición de la autoridad judicial a un detenido y los registros domiciliarios en caso de urgencia, mantendrían su vigencia durante el plazo de un año. La disposición adicional determinaba igualmente que el Gobierno remitirá a las Cortes, en el más breve plazo posible, un proyecto de ley regulando las facultades extraordinarias de la autoridad gubernativa en caso de terrorismo.

• UNIDADES MILITARES COLABORARAN EN LOS CONTROLES FRONTERIZOS

• SE IMPEDIRÁ LA ACTUACIÓN DE GRUPOS SUBVERSIVOS QUE UTILIZAN LA VIOLENCIA COMO NORMA DE ACCIÓN POLÍTICA

• EL GOBIERNO RECABA LA COLABORACIÓN DE TODOS

• «SOLO DESDE LA SERENIDAD Y DESDE LA FIRMEZA SE PUEDEN SENTAR LAS BASES DE UN FUTURO DE PAZ Y DE LIBERTAD»

5 de octubre de 1976

INFORMACIÓN

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