Régimen administrativo especial para Vascongadas. 
 Es necesaria una norma con rango de Ley (según el informe redactado por Luis Jordana de Pozas y elevado al Gobierno)  :   
 Las elecciones de las Juntas Generales y las Diputaciones se efectuarán a través del cauce orgánico municipal. 
 Arriba.    28/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Régimen administrativo especial para Vascongadas

ES NECESARIA UNA NORMA CON RANGO DE LEY

[según el informe redactado

por Luis Jordana de Pozas

y elevado al Gobierno)

• Las elecciones de las Juntas Generales y las Diputaciones se efectuarán a través del cauce orgánico municipal

BILBAO. (Cifra.)—El régimen administrativo especial para les provincias de Vizcaya y Guipúzcoa puede implantarse mediante la promulgación de un decreto-ley por parte del Gobierno, señala el presidente de la comisión, que ha realizado un estudio, Luis Jordana de Pozas, en e! informe que ha sido elevado al Gobierno.

El estudio realizado por la Comisión y el informe redactado por su presidente fueron entregados en Madrid al Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el pasado día 13 de diciembre y ha sido dado a conocer a los medios informativos ayer por parte del Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya, Augusto Un Etabarrenechea.

Señala el señor Jordana de Pozas en su informe que las conclusiones que han sido eleva-dos se ajustan a las Leyes Fundamentales, en cuanto a la elección de las Juntas Generales y, en una´ segunda fase, de las Diputaciones, que se efectuaría a través del cauce orgánico municipal.

La implantación del régimen especial en estas dos provincias vascas, a juicio del señor Jordania de Pozas, necesita tina norma con rango de ley, puesto que en muchos de sus extremos el régimen especial viene a modificar precisamente el sistema tributario genera! y las bases del régimen local. Normalmente esta ley sería vetada en el Pleno de las Cortes Españolas, pero no puede excluirse la posibilidad de acudir a un decreto-ley si existen razones de urgencia que lo justifiquen. El Presidente, de la Diputación de Vizcaya se ha mostrado a favor tambien de esta solución.

Las conclusiones que tiene el estudio son cincuenta y cuatro, con una adicional que fije que una vez establecido el régimen especial de Vizcaya y Guipúzcoa, «con el pleno reconocimiento de sus instituciones tradicionales, se procederá, con participación

de las provincias afectadas a dar una forma jurídica a la totalidad de la región vascongada».

En el tema de organización destaca la creación de las Juntas Generales, a quienes corresponde el Gobierno y Administración de las respectivas provincias, y que serían elegidas democráticamente entre los municipios.

Serían competencia de estas Juntas Generales conocer y aprobar los presupuestos y las cuentas provinciales; conocer y censurar la gestión anual de la Diputación y su Presidente, así como fijar las directrices de la política provincial; elegir a la Diputación Foral y a su Presidente; resolver los expedientes de alteración de los términos municipales, oídos los Ayuntamientos afectados y a propuesta de la Diputación Pora ); establecer las bases de los reglamentos generales, dentro del ámbito de la competencia municipal; determinar, en su caso, las circunscripciones territoriales, a efectos de la elección de diputados, y las demás atribuciones que le asignen las leyes o el Gobierno de la nación.

El régimen financiero de las dos provincias vendría informado por el principio de respeto a la unidad del sistema tributario, en el que el Estado reconocería a la Diputación Foral plena autonomía en cuanto a la administración del gasto, para lo cual contaría con un sistema de financiación basado en la participación global en ingresos del Estado.

Esta participación se calcularía multiplicando el número de habitantes de hecho de cada provincia por la cantidad obtenida el dividir el presupuesto total de ingresos (restada la desgravación fiscal a la exportación) por la población total del país.

Las conclusiones abordan también los temas de vivienda, urbanismo, arquitectura, planificación provincial, seguridad social, asistencia social, beneficencia, obras públicas, educación y ciencia, patrimonio histórico-artístico y cultural, educación física y deportes, radiodifusión, televisión, turismo, agricultura, ganadería, riqueza forestal, caza, pesca, industria, comercio, tráfico y medio ambiente.

 

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