El gobernador civil de Vizcaya explica los motivos de la negativa. 
 La tensión social existente podría saltar con la manifestación de HB     
 
 ABC.    18/05/1982.  Página: 40. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

NACIONAL

MARTES 18-5-82

El gobernador civil de Vizcaya explica los motivos de la negativa

La tensión social existente podría saltar con la manifestación de HB

BILBAO. El Gobierno Civil ha decidido no autorizar la manifestación de Herrt Batasuna contra Lemoniz, ante «el muy elevado grado de emotividad y tensión existentes en amplios sectores de la comunidad vizcaína», que podrían saltar con la manifestación que mantienen en sus «slogans» un tono violento y en la oportunidad un carácter de réplica y provocación.

El gobernador civil de Vizcaya explicó a la Prensa que «es público y notorio que la central nuclear de Lemóniz ha sufrido varios atentados terroristas y que han sido asesinados trabajadores y técnicos de la construcción».

también dijo que, con ocasión del funeral por Ángel Pascual Múgica, se mostró la reacción social contra el trágico suceso y sus autores, de la misma forma se expresó en la manifestación convocada por las instituciones públicas y a la que asistieron miles de personas. «Los citados hechos violentos han sido objeto de constantes y reiteradas muestras de condena y dolor por parte de los poderes público, partidos, centrales, entidades públicas y privadas.»

El gobernador civil resalta que los medios informativos reflejan el ambiente social de tensión, y alude al reconocimiento de la Constitución del derecho de reunión y manifestación, que descansa sobre la exigencia de que se produzca de forma ordenada y pacífica. «Y, en este caso, la manifestación que se solicita "aparece como réplica y contradicción, y no soto de forma dialéctica", de le actos masivos celebrados en Bilbao los días 6 y 7 de mayo pasados.»

Por último, señaló que el «slogan» «Lemóniz, demolición» tiene un evidente tono violento y propósito destructivo, significativo de las actitudes de fondo. Por ello, de ninguna manera puede ampararse en el derecho de reunión pacífica. El Estado democrático «tiene suficientes cauces para que los ciudadanos expresen las diferencias de opinión a través de las instituciones».

 

< Volver