Juicio contra etarras y militantes de Fuerza Nueva     
 
 ABC.    04/06/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

JUICIO CONTRA ETARRAS Y MILITANTES DE FUERZA NUEVA

MADRID. Uno de los supuestos autores del secuestro del industrial de Bermeo José Gara villa Legarra, «por no pagar el impuesto revolucionario», fue juzgado ayer por la mañana ante la Audiencia Nacional, así como otros dos presuntos integrantes de un comando operatorio de ETA-m encartados en el mismo sumarlo.

José Ángel Sarrionandía Uribelarre, antes de ser expulsado de la sala por desacato, reconoció haber participado en el secuestro, si bien negó su participación en los demás hechos de que le responsabiliza el fiscal.

Esto es, de tres delitos de asesinato en grado de tentativa contra el presidente de la Diputación de Vizcaya y ex alcalde de Durango, señor Amorrortu (octubre 78), y contra dos guardias civiles en el barrio bilbaíno de Achuri (marzo 79), detención ilegal del industrial de Durango, Ignacio Erdoiza Uribarrena, quien, traslado por la fuerza al monte de Gallanda, próximo a Durango, fue atado e interrogado durante dos horas sobre los problemas laborales de su empresa (abril 80), así como por diversos delitos por robo.

Los otros dos procesados, Tomás Gómez Casado y Francisco Javier Hernando Paniagua, están acusados, el primero de utilización ilegítima y asesinato frustrado de dos guardias civiles y depósito de armas, y el segundo de cooperación necesaria en robo de armas en un establecimiento de Baracaldo y depósito de armas. Ambos procesados negaron su participación en los hechos. La petición fiscal de penas se aproxima a tos cien años para Sarrionandía, cuarenta para Gómez Casado y catorce para Hernando Paniagua.

Por otra parte, Salvador Duran y Cristóbal García, acusados de Juana Caso González y José Muñoz Expósito, y del asesinato frustrado de Antonio Camacho Tejera, comparecieron ayer ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona para la vista oral del juicio.

Para Salvador Duran el fiscal solicita una pena de ochenta y seis años de prisión y para Cristóbal García veintisiete años y cinco meses.

 

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