Las elecciones en el País Vasco     
 
 El País.    04/03/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

OPINIÓN

ÉL PAÍS, domingo 4 de marzo de 1979

Las elecciones en el País Vasco

LAS URNAS han hablado en Guipúzcoa y Vizcaya con un lenguaje inquietante que contradice vaticinios anteriores que ahora se muestran como simples expresiones de deseos. La izquierda abertzale ha obtenido en esas dos provincias más de 210.000 votos, lo que significa casi un 17% del censo; dentro de esa cifra, los sufragios de Herri Batasuna, alineada con las posiciones políticas de ETA militar, representan a unos 137.000 ciudadanos, esto es, aproximadamente, el 10% de la población censada. Si a las cifras del nacionalismo radical se le suman los 235.000 votos del moderado PNV, el resultado es una mayoría en favor de las diversas corrientes nacionalistas, históricamente provenientes de un tronco común.

En un comentario a propósito del sondeo de Sofemasa —que en este terreno levantó una liebre bien significativa, al igual que en las intenciones de voto en Andalucía y en el descalabro de CD—, señalamos que un resultado electoral de esas características invalidaba los supuestos de hecho sobre los que descansaban algunas de nuestras valoraciones acerca de la cuestión vasca. Nuestras reiteradas afirmaciones de que el terrorismo de ETA encontraba cada vez menos respaldo popular se muestran ahora, desgraciadamente, erróneas; y nuestro pronóstico —basado en el análisis del voto negativo en el referéndum— de que el nacionalismo radical no podría sobrepasar el porcentaje del 10% sobre el censo total en las cuatro provincias, también ha sido desmentido por los hechos. Esa alteración de los datos no priva, por supuesto, de vigencia a los juicios de valor, éticos y políticos, que pueden formularse sobre los asesinatos terroristas, tanto más aborrecibles cuanto que sirven, además, para intoxicar de odio y de irracionalidad a los sectores sociales que los aprueben y para ahondar la brecha de incomprensión y xenofobia entre dos comunidades con derecho a convivir en un mismo territorio. Sin embargo, los resultados electorales obligan a una nueva reflexión sobre el significado de un movimiento con características populistas y sobre las condiciones que han engendrado no sólo la violencia asesina organizada, sino el apoyo social que recibe.

Ni que decir tiene que corresponde a los dos grandes partidos de la vida nacional el peso principal de esa tarea, en la que forzosamente se incluye la rectificación de las incomprensiones y los errores que hayan cometido. Sin embargo, las primeras reacciones del Gobierno y del PSOE no son muy esperanzadoras. El ministro del Interior, en una rueda de prensa, ha entrado en el debate como un elefante en una cacharrería; irrupción tanto más peligrosa cuanto que su nombre suena como futuro ministro para las Regiones. Convertir en sinónimos, a efectos de legalidad, el independentismo y el terrorismo no es verdaderamente admisible. Y la doctrina de que no tienen sitio en las Cortes los partidarios de la autodeterminación de Euskadi significa confundir la Constitución con los Principios del Movimiento y un Estado pluralista y parlamentario con un régimen totalitario. Es como si, en el momento en que hay que hacer lo imposible por evitar la casi segura retirada de los diputados de Herri Batasuna del Congreso, el propio ministro del Interior les mostrara la puerta con gesto imperioso. El candidato de UCD electo por Vizcaya también ha echado su paletada de arena para edificación del nuevo bunker. La afirmación del señor Rodríguez Sahagún de que UCD y Herri Batasuna son los únicos partidos con verdadera entidad en el País Vasco resulta una jactancia excesiva, quizá nacida en la euforia tras la meritoria obtención de un difícil escaño.

Otra cosa nos llevaría a concluir que el actual ministro de Industria es un sembrador de vientos que pueden desencadenar tempestades como la que azota al Ulster desde hace años. Finalmente, el ademán del Gobierno de arrojar sobre el PSOE la carga entera del mal funcionamiento del Consejo General Vasco durante el último año no está exento de razón, pero también es preciso reconocer la cortedad, tardanza y rácaneo que han presidido la política estatal hacia la preautonomía vasca.

Por otro lado, quizá la necesidad de sacar fuerzas de flaqueza para alentar a sus bases sirva para explicar la resistencia de la dirección del PSOE a reconocer públicamente sus propias culpas en el descalabro general de la cuestión vasca y su baja como partido. La derrota de la candidatura comunista en Vizcaya, que pese a la leve ganancia de sufragios no ha logrado un solo escaño, da motivos para pensar que toda la izquierda con implantación nacional, y no sólo los socialistas, ha cometido errores en Euskadi; porque el comportamiento de Roberto Lertxundi a lo largo de este último año ha sido un ejemplo de valor y de coherencia en la defensa de unas posiciones aparentemente correctas, y muchas veces lo hemos dicho así.

Ahora bien, el PSOE tiene, por tradición histórica y por base electoral, muchas mayores responsabilidades en el País Vasco. Sus celos competitivos respecto al PNV le llevaron a la estrategia de aliarse con UCD para ocupar la presidencia del Consejo General Vasco, cargo que el señor Rubial, pese a sus indudables méritos politícos en el pasado, convirtió en un sillón vacío. La desdichada intervención del candidato por Guipúzcoa en el debate televisivo sobre el terrorismo sólo puede explicarse, a la vista de los resultados del 1 de marzo, como una tentativa en toda regla de suicidio electoral. El errático curso del señor Benegas en la cuestión de las negociaciones con ETA probablemente ha contribuido a deteriorar la posición del PSOE, tanto en los sectores que deseaban esa política (y a los que ha decepcionado que sea abandonada) como en los electores que la consideraban indeseable (y que desconfiaron del partido que inicialmente la propuso).

En más de una ocasión hemos insistido en que las medidas policiales contra el terrorismo —que es preciso continuar— sólo tienen sentido en el marco de unas medidas políticas que le confieran no sólo sentido democrático, sino que aseguren la sinceridad de las promesas de autonomía y la profundidad y amplitud de las instituciones de autogobierno. El PNV es el principal interlocutor en esa negociación, pero no el único. El proyecto de Estatuto de Autonomía finalizado pocos días antes de la disolución de las anteriores Cortes fue aprobado no sólo por el nacionalismo vasco moderado y por los socialistas, sino, también, por Euskadiko Ezkerra, la coalición de la izquierda abertzale emparentada con ETA político-militar. El Estatuto de Autonomía del País Vasco debe ser abordado por las nuevas Cortes de forma urgente y prioritaria. Y es muy importante que nadie convierta su debate en una historia entre buenos y malos desde ningún lado. El cuerpo político de la nación debe ser consciente del verdadero problema planteado en el País Vasco y deseamos que nuestros parlamentarios no traten de plantear el asunto con las características de enfrentamiento civil que contienen las declaraciones de los dos ministros que comentamos, más propias, en todo caso, para decirlas si se quiere en una campaña electoral que después de ganar unas elecciones. ¿Y Herri Batasuna? Quizá movidos por la convicción de que la ausencia de una salida política a la situación vasca y el empecinamiento en una solución militar nos arrastraría a todos —empezando por los que el jueves votaron a esas candidaturas— a la catástrofe, nos resistimos a admitir la posibilidad de que la irracionalidad, emocionalismo y rigidez doctrinaria de ese movimiento no fueran reabsorbidos, en favor de la democracia y la vía pacífica, por un verdadero régimen de autogobierno para el País Vasco. Pero mentiríamos si dijéramos que somos optimistas respecto a la reconducción del tema, la detención del terrorismo y la sustitución de la lucha armada por el debate político. Si el terrorismo continúa, el Estado tiene la obligación de defender a los ciudadanos del bandolerismo asesino. Si para en su actividad, los españoles deben saber afrontar en toda su dimensión el problema político y de convivencia planteado en el País Vasco, del que debe salirse mediante una solución negociada en las Cortes: el Estatuto de Autonomía.

 

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