Baracaldo quiere erradicar el terrorismo de su población     
 
 Diario 16.    28/01/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Baracaldo quiere erradicar el terrorismo de su población

Bilbao (Corresponsal) — Al tiempo que ETA (m) reivindicaba los atentados que costaron la vida a Alfredo Ramos Vázquez, de Baracaldo, y Luis Domínguez, de Vergara, los partidos con representación corporativa en la localidad industrial vizcaína, a excepción de HE, exigieron que «el ex policía Ros Frutos presente pruebas que ratifiquen sus declaraciones».

En su comunicado, ETA aseguró que su comando arrestó e interrogó a Alfredo Ramos «con objeto de corroborar las informaciones que ya poseíamos» y para «obtener nuevos datos de elementos fascistas y miembros de las fuerzas, represivas».

Entre tanto, los partidos PNV, PSE, UCD y PCE, con representación en la Corporación Municiapal de Baracaldo, hicieron público un comunicado conjunto en el que decían que «a raíz de las denuncias vertidas en la revista "Interviú" la vida municipal de nuestro pueblo se ha visto deteriorada».

Tras condenar todos los «atentados terroristas que hemos padecido, vengan de donde vengan», hacen un llamamiento «a los tribunales de justicia para que, con la mayor urgencia, requieran del ex policía Francisco Ros Frutos, autor de las denuncias a la revista "Interviú", un máximo de pruebas que puedan ratificar sus declaraciones».

Por otra parte, socialistas y comunistas han decidido unirse frente al terrorismo «que ha originado 12 muertos en el País Vasco asesinados en atentados, unos de ETA y otros de la ultraderecha».

El secretario general del PSE-PSOE, Txique Benegas, afirmó, sin embargo, que esto sólo podía ser un frente antiterrorista localizado en la zona de Baracaldo porque «el PSE nunca propugnará un frente antiterrorista en el que no esté incluido el partido que más votos tiene Euskadi, el PNV».

«La respuesta al terrorismo y a cualquier tipo de actuaciones fascistas —dicen socialistas y comunistas— es tarea de todo el pueblo y debe ser encabezada por el CGV.» Tras señalar .que «no es ajena en absoluto a esta situación la política de orden público del Gobierno», ambos partidos exigen «la constitución de la Junta de Seguridad y de la Policía autónoma, así como el absoluto respeto de los derechos humanos en las actuaciones policiales y el esclarecimiento e investigación de las denuncias públicamente expresadas sobre la existencia de tramas parapoliciales que actuarían como soporte de la ultraderecha».

 

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