Autor: Sánchez Carrasco, Carlos. 
 Son otra cosa. 
 Precios agrícolas y salarios     
 
 Ya.    09/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

SON OTRA COSA

PRECIOS AGRÍCOLAS Y SALARIOS

La subida de salarios origina inflación por dos cauces. Por la vía de los costes, en los que la mano de obra

es un factor primordial, y por la vía de la demanda adicional de bienes que crea, al poner a disposición del

consumo —el ahorro en estas situaciones inflacionarias es muy poco atractivo—nuevas disponibilidades

de dinero que aviven la demanda.

La subida de los precios agrarios no debe ser vista con los mismos criterios antiinflacionistas aplicados a

los salarios porque son conceptos diferentes que inciden en la tasa de inflación y en la economía general

de forma bien distinta.

Un precio agrario no es la retribución salarial del agricultor en una economía social de mercado, que es el

modelo adoptado por el partido y el Gobierno de UCD. Es la suma de diversos cotes, originados en su

mayoría fuera del sector, que al agricultor, si toma la decisión de producir, no le queda más remedio que

aceptar.

Por tanto, un nivel de precio igual al coste de producción sin beneficio no es inflacionario por la vía del

aumento de demanda (el agricultor no obtiene renta a ese nivel) ni por la de los costes de producción (si el

componente salarios del precio agrícola no se retribuye en mayor medida que en otros sectores, lo que no

ocurre prácticamente nunca.

El nivel de los precios agrícolas no es una causa de inflación, sino un resultado de ella, pues la recibe toda

y la refleja en muy pequeña medida.

Otro enfoque se produce cuando el Gobierno decide emprender una lucha antiintlacionaria y tiene que

repartir dividendos pasivos a la sociedad nacional, en la que el componente urbano supera en número y

capacidad de presión al componente rural.

Es en esta situación (inflación fuerte y medidas gubernamentales contra ella) cuando se produce el

deterioro del sector primario, que puede llegar rápidamente al caos si la tasa inflacionaria es fuerte y la

situación anterior ya muy delicada, como es nuestro caso.

EN situaciones de emergencia sociopolítica, como la que hoy atraviesa España, el campo es siempre el

perdedor. No se aplican criterios equitativos en la fijación de precios agrarios —absolutamente

imprescindibles cuando la producción supera el consumo o está próximo a él-, sino consideraciones

políticas de abaratar la cesta de la compra.

Ese abaratamiento de los precios de los alimentos se hace, evidentemente a costa de los ingresos brutos

del productor, que no ve a la vez disminuir sus gastos de producción originados fuera de su control.

La caída de su ingreso neto, que muchas veces es una simple pérdida, obliga al agricultor, en primer

lugar, a recortar su consumo personal que ya es el más bajo de toda la sociedad. Pero después, y ahí está

la diferencia más clara entre precio agrícola y salario, a ir entrando en la ciénaga de la descapitalización

de su empresa con la consiguiente merma de productividad y aumento posterior de los costes de

producción.

Por todo lo expuesto, el Gobierno que no acepte el coste de producción como base de cálculo del precio

de sostenimiento no sólo reparte injusticia social en el orden ético, sino que envilece la productividad

futura de uno de los sectores tradicionalmente menos productivos.

LA vía correcta tiene que tomar en consideración el coste medio—concepto cuyas desviaciones se

encargará de matizar una adecuada política fiscal—, y si el precio resultando no conviene al índice de

precios al consumo sólo queda el recurso de la subvención directa a aquél con los recursos allegados por

una fiscalidad justa y por la recaudación de un sistema de comercio exterior eficiente, moderno y

adecuado al de los países que nos rodean.

Como la política del actual Gabinete no es esa, ni mucho menos, España se encontrará, en primer lugar,

ante una reacción cada vez más violenta de los agricultores, y después con unas estructuras productivas

deterioradas y de imposible homologación con las europeas. Amén del absoluto abandono electoral del

partido en el poder por parte de la población agrícola, más atenta cada vez a las voces que la incitan hacia

posturas extremas, en vista de la total ineficacia de los cauces que, teóricamente, se le ofrecen para el

diálogo.

Ni ética, ni económica, ni políticamente los criterios gubernamentales de fijación de precios agrarios

pueden encontrar un paliativo a su inoperancia y a su insensatez. Por ello es necesario un cambio

profundo en los conceptos y en las personas que no han comprendido la profundidad del problema que

tienen plan.

Carlos SANCHEZ CARRASCO

 

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