Autor: Laborde Vallverdú, Enrique. 
 De prosperar la revisión legislativa que prepara París. 
 Los terroristas no podrán acogerse en Francia al Estatuto del Refugiado Político     
 
 ABC.    11/11/1982.  Página: 26. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

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NACIONAL

De prosperar la revisión legislativa que prepara París

Los terroristas no podrán acogerse en Francia al Estatuto del Refugiado Político

PARÍS (Enrique Labórete, corresponsal). El Gobierno francés, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado las líneas generales de una comunicación del ministro de Justicia, Robert Bacinter, sobre un tema, siempre actual y siempre sometido al equívoco de les interpretaciones de circunstancias: la extradición.

De acuerdo con la comunicación del ministro de Justicia, la extradición será posible, en adelante, incluso en el caso en que la persona a quien se aplique esa medida se encuentre acogida a los beneficios de la condición de refugiado político. En efecto, la extradición se ha rechazado siempre en función de cuatro criterios:

• La naturaleza del sistema político y judicial del Estado que reclama la extradición.

• El carácter político de la infracción cometida.

• El móvil político de la demanda de extradición.

• Los riesgos para la persona cuya extradición se solicita.

Una vez terminada la lectura de la comunicación de) ministro de Justicia, Robert Badinter, el Consejo de Ministros ha decidido «que la naturaleza política de la infracción no será considerada y que la extradición será concedida cuando, la persona interesada, sea culpable de delitos —en un país respetuoso de los derechos y de las libertades— que constituyen actos criminales, como captura de rehenes o hechos que hayan producido muerte de personas».

En otros términos: un acto de terrorismo cometido en un país democrático por un hombre o una mujer que, seguidamente, se refugien en Francia y pretendan obtener tos beneficios del asilo por entender que han actuado por móviles políticos, será objeto de extradición por las autoridades francesas.

Hasta ahora se ha dicho y repetido que el derecho de asilo sería objeto de una nueva definición. Pero este asunto era y es sumamente delicado porque, quien dice derecho de asilo, tiene que referirse necesariamente a la extradición. La actitud del Gobierno, justificada o explicada con escasa fuerza de convicción, no había sido otra cosa que la de una negativa pura y simple a toda demanda de extradición por «motivos políticos". En este sentido, el ministro de Justicia, Robert Badinter, dijo en unas declaraciones al diario «Le Matin» el pasado 1 de septiembre: «Si los principios en este orden de ideas son claros, hay que considerar su aplicación con todo tipo de precauciones, ya que la línea de separación entre la criminalidad de derecho común y la criminalidad política es a veces tan sutil que resulta muy difícil el precisarla.» Pero e! ministro concluyó: «Lo que es necesario subrayar es que no le bastará al autor de un crimen de derecho común el afirmar que su acto ha sido una consecuencia de sus convicciones políticas para que se le conceda la condición de refugiado político.»

TENSIÓN PARIS-MADRID. Así las cosas, el Gobierno francés ha rechazado las demandas de extradición de «carácter político», sin pararse en barras en cuanto a las complicaciones diplomáticas de esta interpretación del derecho de asilo y de tos tratados de extradición. El caso más concreto ha sido el de la tensión y las fricciones entre París y Madrid sobre las demandas de extradición de los militantes vascos de ETA refugiados en Francia. Eí 3 de agosto del pasado año, el entonces ministro español de Justicia, Fernández Ordóñez, se reunió en París con su colega francés, Robert Badinter. El ministro español le entregó un documento en el que se establecían los fundamentos jurídicos de la posición española en materia de extradición y le subrayó (según se especificó en el comunicado del Ministerio francés de Justicia) «la gravedad de ese problema, tanto para la opinión pública como para el Gobierno de España.»

«El señor Badinter —se indicaba en ese comunicado— le confirmó al señor Fernández Ordóñez la voluntad de las autoridades francesas de perseguir, en Francia, a los autores de todas las infracciones cometidas en el territorio francés y relacionadas con infracciones cometidas en el territorio español.» Asimismo se ponía de manifiesto que se había considerado «la redacción de una nueva convención de extradición, destinada a reemplazar el Tratado franco-español de 1977 para responder a las nuevas exigencias de lucha contra la criminalidad moderna de derecho común».

En efecto, el Tratado de extradición entre España y Francia fue firmado el 14 de diciembre de 1877. El artículo tercero de ese tratado ha sido el que más se ha prestado a la interpretación:

«No será intregada persona alguna sentenciada o procesada si el delito por el que se pide la extradición está considerado por la parte de quien se reclame como un delito político o como hecho conexo con semejante delito.» Esta tesis la recoge en su. artículo quinto la versión exclusivamente francesa de la ley de Extradición publicada el 10 de marzo de 1927: «No se concede la extradición cuando el crimen o delito tiene un carácter público o cuando resulta de circunstancias tales que la extradición es solicitada dentro de un objetivo político.»

Este tema del terrorismo, unido a la interpretación del derecho de asilo y a la negativa de la extradición, ha sido objeto de una detenida conversación entre el secretario general de) PSOE, Felipe González, y el recientemente nombrado embajador itinerante de Francia en Iberoamérica, Antoine Blanca.

La cuestión es que todo comienza a entrar en un orden de aclaración en el diálogo entre París y Madrid y que la determinación del Gobierno francés en materia de extradición significa que, al fin, se ha reconocido que «la línea de separación entre el derecho común y la criminalidad política» no era ni es «tan sutil´» como opinaba hace poco el ministro de Justicia, sino que era y es tan impresionante y rotunda como los Pirineos, aunque esté feo el señalar.

 

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