Una nueva política contra el terrorismo     
 
 ABC.    30/12/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Una nueva política contra el terrorismo

El asesinato de dos guardias civiles en la estación de Irún, sumado a la angustia sobre la suerte que haya podido correr finalmente don Saturnino Orbegozo, el anciano industrial guipuzcoano secuestrado por ETA, y por el que sus familiares se resisten a pagar el rescate con cívica abnegación, vuelven a lanzar sobre la actualidad nacional el monstruoso espectáculo de la violencia terrorista. Conforme al código de su conducta, un hecho y el otro deben entenderse como mensaje de la política de ETA, según el cual los terroristas se encuentran dispuestos a plantarle cara al actual Gobierno de la misma forma que lo hicieron frente a los anteriores.

Ahora bien, el hecho de que ETA —y de quienes sobre ella ejercen un control remoto o próximo— defina así su propósito de continuar la beligerancia no tiene por qué traducirse necesariamente en el mismo género de resultados que los obtenidos por el terrorismo hasta la fecha. Todo dependerá de la medida en que el actual Gobierno sea capaz de modificar la línea de respuesta ofrecida por el Estado desde que las actuaciones terroristas se extendieron por España. La modificación habría de incluir componentes cuantitativos, de mayor presión en las acciones represivas, añadiéndose para ello cuantos recursos se estimen necesarios y convenientes, y habría de aportar también la modificación de la respuesta nacional a las acciones y pretensiones de ETA, componentes cualitativos.

Entre éstos, muy especialmente, el arrumbamiento de estrategias tenidas por políticas —tales como las excarcelaciones de presos que no se encuentren condenados por delitos de sangre (pues la estructura del terrorismo es como la de una pirámide con bases muy diversas de complicidades) y la aplicación de cuantos recursos permiten nuestras leyes, no sólo en lo que concierne a la severidad de las penas, sino también en lo que pudiera corresponder a una ampliación de los supuestos penales en relación al terrorismo.

La debilidad política que, completando los efectos de una legislación permisiva, respalda las excarcelaciones citadas, coopera al mantenimiento de la mencionada estructura piramidal del terrorismo de ETA. En medio de las dudas que han entorpecido la política de Estado aplicada hasta ahora, se ha permitido que subsistieran las condiciones necesarias para que la estructura central de ETA se mantuviera intacta, mientras se mantenían las circunstancias que hacen posible su funcionamiento en niveles poco menos que óptimos para la acción terrorista. La función y la estructura de ETA permanecen intocadas.

Otro asunto es el de las circunstancias sociales en que el terrorismo pudo medrar.

En ello sí se ha producido una modificación favorable, aunque insuficiente. La protesta social contra la acción terrorista y la condena política de ella, por parte de los partidos, no cubren todavía, a nuestro juicio, los niveles de respuesta necesarios. Sus eficacias, aparte de pertenecer al orden de lo complementario, no llegan tampoco a donde debieran por razón de la ausencia o de la presencia mínima de las otras eficacias que debieran pedirse a quienes tienen en sus manos la responsabilidad del Estado. Y conste que cuando nos referimos a éstas no señalamos única ni exclusivamente el aparato central, sino que queremos aludir también a cuanto compete a las propias fuerzas autonómicas con responsabilidad política mayoritaria. La autoridad, autonómica es también autoridad del Estado.

Por eso resulta de grave irresponsabilidad, en lo que específicamente concierne al problema terrorista, que se hagan afirmaciones de exclusiva y propia legitimación para estar «contra el Poder central». Eso, más que una supuesta defensa de las competencias autonómicas, puede contribuir, cuando menos, a extender la confusión sobre la legitimidad de la lucha contra el terrorismo.

El actual Gobierno, que al menos en términos verbales ha respondido esperanzadoramente al actual desafío terrorista, tiene sobre sí responsabilidades históricas en este frente. Una determinada izquierda, alucinadamente, asumió como positivo el fenómeno ETA durante los años setenta, por malentender que era un componente de utilidad objetiva en la lucha contra la dictadura. Las consecuencias de ello son patentes, de manera especial desde el momento posterior en que por inercia de esa primitiva posición fue bloqueada desde algunos puntos de la izquierda la posibilidad de una respuesta por parte de los anteriores Gobiernos democráticos; respuesta que podría haber sido sustancialmente eficaz hace ya bastante tiempo.

La respuesta política frente a ETA, digámoslo para finalizar, y al hilo de este asesinato en Irún de dos servidores del orden público, sólo puede consistir en el urgente final de cuantas inhibiciones y complejos bloquearon hasta ahora la respuesta suficiente y democrática del Estado. Respuesta que no por ser democrática dejará de ser vigorosa y disuasoria.

 

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