Negociaciones de paz     
 
 ABC.    03/02/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

NEGOCIACIONES DE PAZ

SI en principio todo intento encaminado a lograr la pacificación del País Vasco merece favorable acogida, resulta obligado analizar las condiciones en las que se plantean las negociaciones de pacificación antes de aceptarlas y darles apoyo. Desgraciadamente, no parecen merecerlo las negociaciones emprendidas en la reunión tripartita del PNV, Herri Batasuna y el PSOE.

Ante todo, el viejo y enconado problema del terrorismo etarra ha rebasado los límites de su posible atribución a un ámbito autonómico para ser gravísimo problema nacional. No se comprende, por ello, que no tenga presencia en estas negociaciones una representación del Gobierno español. Si entre las competencias exclusivas del Estado se incluye, en el artículo 149 de la Constitución, la «seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades autónomas», ¿en qué legalidad se basa una negociación de pacificación a la que sólo asisten representantes de partidos políticos? Esta irregularidad no queda subsanada por la asistencia del socialista señor Benegas, porque, evidentemente, no representa al Gobierno. ¿Qué valor tiene, entonces, esa mesa de pacificación? ¿Qué compromisos vinculantes podría asumir? A decir verdad, el «lendakari», señor Garaicoechea, parece apuntar con más acierto a este aspecto del confuso asunto cuando se manifiesta partidario de negociar para lograr la pacificación, pero advierte la existencia de una instancia de Gobierno superior al que él preside. Pero lo verdaderamente pasmoso, es la postura de Herri Batasuna declarándose intermediario de ETA y tratando de imponer como base de la discusión la alternativa KAS. Actuar prácticamente como mandatario de ETA se aproxima tanto a la apología del terrorismo que se diría línea de tangencia con el delito. Los diputados de HB se mantienen en una actitud de incorregible rebeldía ante su deber de jurar la Constitución y tomar posesión de sus escaños. Para sectores muy amplios de la opinión pública es incomprensible que HB continúe siendo un partido dentro de la legalidad. Y aunque sin su participación carecerían de horizonte las negociaciones, tal y como se han planteado, precisamente por la participación de HB cae sobre las negociaciones una justificada y densa sombra de sospechas.

Negociar implica siempre alguna transigencia, alguna concesión, algún compromiso. Y estremece pensar cuales sean los compromisos, concesiones o transigencias que se pacten, aun con finalidad tan preferente y deseable como la paz, con un grupo terrorista que suma por centenares los asesinatos cometidos, por miles las extorsiones, por decenas los secuestros y las voladuras por cantidades de las que se ha perdido la cuenta.

Una negociación a partir de la alternativa KAS empujaría hacia una amnistía nada concorde con el imperio de la Ley y, además, aproximaría peligrosamente al reconocimiento de reivindicaciones que inciden en un anticonstitucional separatismo. El Gobierno español no podría respaldar seme ABC jante pacto.

 

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