Autor: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (SECONDAT). 
   Mandar no es gobernar     
 
 Diario 16.    08/04/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA

Catedratico de Derecho Politica

Mandar no es gobernar

El espectacular «registro» policial del barrio del Pilar constituye la última prueba de que el Gobierno confunde el mando con la autoridad. Al relativo desprecio por las formas jurídicas exhibido en la expropiación de Rumasa y en la reforma de la ley de Elecciones Locales, se añade esta peligrosa prueba de un afán mandón más que ejecutivo.

Conveniente en una democracia es que el Gobierno gobierne. Los Ejecutivos débiles generan situaciones de inestabilidad e inseguridad que favorecen la aparición de los autoritarismos de cualquier clase. Pero los legítimos afanes por conseguir los objetivos programados o por dar la sensación de firmeza, no deben convertir la acción de gobernar en una simple acción de mandar.

El «Diccionario de la Real Academia Española» nos precisa que no es lo mismo «gobernar» y «mandar». Esto último, mandar, es «ordenar el superior al subdito; imponer un precepto», mientras que gobernar es «mandar con autoridad».

En un Estado de de/echo, los titulares de tos poderes públicos se hallan revestidos de la autoridad que les proporciona su legitimación democrática. Mandan con autoridad, o sea, gobiernan, porque fueron elegidos por los ciudadanos, legitimación de origen, y porque cumplen las normas jurídicas establecidas, legitimación de ejercicio. El superior que ordena al subdito, verbigracia, el que manda, se mueve en otras coordenadas, sin importarle demasiado lo que puedan decir o dejar de decir la Constitución y los otros preceptos del ordenamiento jurídico.

Alarmas

Creo que es conveniente recordar ahora estas ideas generales, porque el Gobierno de Felipe González parece no dar mucha importancia a las reglas jurídicas. Sus apologistas repiten que tenemos al fin «un Gobierno que gobierna». Sería lamentable que dentro de poco sea preciso interpretar el slogan propagandístico dándole el sentido de que «tenemos un Gobierno que manda».

La primera alarma sonó en la madrugada del 23/24 de febrero, cuando se nos informó de que se había expropiado, por un real decreto-ley, las acciones de las sociedades del llamado grupo Rumasa. A las pocas horas "conocíamos el texto de la disposición, que era ciertamente impresentable. El Gobierno reconoció sus errores en la siguiente edición del «Boletín Oficial del Estado», veinticuatro horas después, pretendiendo revitalizar algo que había nacido jurídicamente muerto.

En la historia de España se recordará esta expropiación como el prototipo de los casos en los que los Gobiernos desvirtúan con errores formales las razones de fondo que pudieran tener.

Luego se produjo la publicación de la ley orgánica relativa a las elecciones locales antes de que transcurrieran los tres días del plazo legal para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad. Nueva polémica innecesaria y llamada de atención al Gobierno por parte del Tribunal Constitucional.

Y cuando parecía que estábamos en una fase jurídica menos conflictiva, tiene lugar la entrada indiscriminada y masiva de IB Policía en los domicilios de los ciudadanos de un barrio madrileño de 70.000 almas. Otra vez, una decisión gubernamental de dudosa constitucionalidad.

No puede invocarse en apoyo de la legalidad de tales registros, sin necesidad de autorización o mandamiento judicial previos, el artículo 4.° de la ley orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, pues esta norma se aplica a ios presuntamente integrados o relacionados con elementos terroristas, o con los que defienden o encubren a esos criminales después de cometido el delito. Cuesta admitir que todos los habitantes del barrio del Pilar son sospechosos.

Tampoco es correcto alegar que la Policía portaba unos mandamientos judiciales en blanco, que fueron rellenados "con los nombres y circunstancias de los titulares de los domicilios que se opusieron al registro. Espero que no sea cierta la noticia, pues una orden en blanco es un instrumento antijurídico, de uso peligroso, con el que se puede atentar gravemente a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Estoy seguro de que en España no hay un juez que se preste a esa operación de firmar mandamientos de registro en blanco.

Partido dominante

Mandar no es gobernar. Cuando un partido político obtiene un gran éxito en las urnas electorales y se convierte —como ha sucedido en España con los socialistas— en partido dominante, con mayoría absoluta en las Cámaras parlamentarias, está especialmente obligado a respetar los principios y las normas del Estado de derecho.

El profesor Maurice Duverger, en su último libro, «La République des citoyens», analiza la diferencia que existe entre la Francia de hoy, con los socialistas controlando la Asamblea Nacional y formando Gobiernos monocolores confortablemente instalados en el Parlamento, y la Francia anterior de Cámaras divididas, sin un partido hegemóníco en ellas. Y el profesor de París mantiene la tesis siguiente: No importaba demasiado que los actos del Parlamento careciesen de control, cuando se trataba de Asambleas débiles y divididas; pero «esta práctica se convierte en peligrosa en el momento en que la disciplina de un partido mayoritario somete a los diputados a la voluntad de sus dirigentes». Y Duverger concluye. «En tal caso, la jerarquía de las normas debe extenderse hasta lo más alto, obligando al legislador a respetar las reglas inscritas en la Constitución, norma fundamental de la que todas las demás emanan.»

Este respeto escrupuloso a la norma constitucional es el que no se patentiza en todas las actuaciones del Gobierno, a pesar de que aquí el PSOE es más dominante que el PS francés.

 

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