ETA recauda "puerta a puerta" el impuesto revolucionario  :   
 Una "exacción fiscal" sólo aplicada a gente de su confianza. 
 ABC.    22/04/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ETA recauda «puerta a puerta» el impuesto revolucionario

Una «exacción fiscal» sólo aplicada a gente de su confianza

San Sebastián.

Los terroristas de ETA, apremiados por la necesidad de gastos cada vez más fuertes, han implantado ahora un nuevo estilo de extorsión, la «exacción puerta a puerta». Los cobradores del terror llaman en oficinas, despachos y viviendas y pasan la hoja de «liquidación». Este es, no obstante, un procedimiento sólo para «contribuyentes» fieles o de confianza que, amén de pagar puntualmente, no dan cuenta a la Policía. Los demás, los reacios a «aflojar» el bolsillo o, sencillamente, de poco fiar, han de viajar a Francia para efectuar el pago. Quienes no aceptan la extorsión saben que su vida tiene un precio y, normalmente, se ven obligados a abandonar el País Vasco. Las víctimas suelen estar bien elegidas. ETA tiene buena información y hacen muy difícil la acción policial.

Los terroristas acostumbran a entablar contacto con los empresarios por medio de una carta. Las misivas enviadas por ETA m son más extensas, y empiezan con un llamamiento a su destinatario para que haga efectiva la cantidad señalada. Después se indica el plazo, que oscila en torno a los quince días, así como el dinero que se exige y la persona con la que debe entrar en contacto. «Antes del 30 de enero —dice, por ejemplo, una carta de ETA m, facilitada a ABC por un industrial— deberá tomar contacto con el señor Otxia en los medios vascos, a quien hará entrega de diez millones de pesetas en billetes usados de numeración discontinua, o en su defecto en francos franceses el equivalente a la cantidad fijada.» La misiva termina con una amenaza de muerte en el caso de que no se pague o se dé aviso a la Policía. Los «polis milis» y Comandos Autónomos se expresan en similares términos, aunque estos últimos, en lugar de indicar que se pregunte por una determinada persona en el momento de la cita, exigen que el industrial porte algún objeto acordado determinado para su identificación.

En la mayoría de los casos, cuando un empresario recibe una de estas cartas mantiene una actitud de espera, y sólo a partir de la segunda o de la tercera decide qué hacer. Si se decide por acceder al pago del chantaje, se suele abrir un período de negociaciones, donde intenta rebajar la cifra inicial. La mediación suele recaer normalmente en el familiar de algún etarra o persona vinculada a las corrientes de la izquierda abertzale, que cuente con la confianza de ambas partes. El pago del chantaje se efectúa habitualmente en territorio vasco francés. Sin embargo, son también numerosas las veces en las que la operación se desarrolla en suelo español, sobre todo cuando se trata de «contribuyentes» que pagan de forma regular y gozan de la «confianza» de la organización terrorista.

En medios oficiales se estima que la colaboración de la Policía francesa en estos momentos ha crecido. Así, se recuerda que hace unos pocos años la libertad que tenía ETA para llevar a cabo sus operaciones de captación de recursos en territorio galo era completa. En la actualidad las autoridades han puesto algunas condiciones a los liberados de ETA, tales como la carta de refugiados o el recurso al confinamiento. Esto ha vuelto desconfiados a los etarras, que de esta forma toman sus oportunas reservas. Por esta razón, generalmente, no son los responsables dé las finanzas dentro de la organización quienes acuden a la cita, sino liberados menos significativos que, eso sí, siguen estrictamente las consignas de sus superiores.

Hace cinco años un empresario de Irún denunció te hora y el lugar de la cita que debía mantener con la organización etarra en el sur de Francia. Su valor le costó la vida en un atentado que ETA se encargó de efectuar a los pocos días.

La postura de la Policía es la de intentar evitar a toda costa que se pague el impuesto revolucionario. Sin embargo, en el 95 por 100 de los casos no se obtienen resultados positivos por falta de la necesaria colaboración ciudadana. Esta falta de cooperación se hace extensiva a los empresarios por razones de miedo.

En el caso de que el empresario denuncie el haber recibido cartas en las que se le obliga al pago, la Policía le aconseja que aguarde hasta recibir una nueva misiva. Llegado este caso se le brinda te posibilidad de contar con protección policial. Sin embargo, ante esta situación el empresario, atemorizado, opta por pagar en la mayoría de los casos, o si no se inclina por abandonar el País Vasco. Pocos son los que permanecen en sus puestos. La prueba de ello es que en la actualidad pocos empresarios disponen de protección policial. Se da el caso de que personas que han pagado en sucesivas ocasiones el impuesto revolucionario, ante la persistencia implacable de las organizaciones terroristas, optan por abandonar el País Vasco, y como un acto de buena voluntad se presentan ante la Policía, poniendo en su conocimiento esta circunstancia e incluso refiriéndose a otras personas que pasan por su misma situación. Lógicamente el que abandona el País Vasco lo hace sin ánimo de volver, y la intención de trasladar la empresa a otras regiones.

ETA, informada como Hacienda

ETA conoce los recursos económicos de sus futuras víctimas. Ello obedece a sus conexiones. Sin embargo, es difícil conocer exactamente entre qué cifras oscilan las cantidades que exigen las organizaciones terroristas a los «elegidos». Apenas hace cinco años las sumas eran sustanciales y mayores que en la actualidad, pero se advirtió una evasión masiva de empresarios a otras regiones. Por esta razón, las bandas armadas han ampliado su campo de actuación, extendiéndose actualmente a cualquier profesional o propietario de un establecimiento que haya demostrado cierta solvencia. Las formas de pago son variables. Hay personas que mensualmente hacen entrega de una cantidad que oscila entre las treinta mil y cincuenta mil pesetas. Sin embargo, en la mayoría de los casos se hacen dos entregas anuales, que según la solvencia de la víctima,- pueden ir desde las 300.000 a los treinta millones de pesetas, aunque posteriormente pueden quedar rebajadas a raíz de las negociaciones que se entablen en tal sentido.

 

< Volver