Autor: Pablo, F. L. De. 
   "Serias dificultades de arreglo" entre el Estado y el Gobierno vasco     
 
 Ya.    23/07/1983.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Sábado 23-VII-1983

nacional

«Serias dificultades de arreglo» entre el Estado y el Gobierno vasco

Como era de esperar, el encuentro en la Moncloa entre el jefe del Gobierno español y el lendakari del Gobierno autónomo vasco no logró más que «relajar tensiones», pero mantuvo, según Felipe González, las «percepciones contradictorias» sobre los problemas pendientes. Se constató el «distanciamiento en la comunicación» y las «serias dificultades de arreglo», sobre todo en los problemas económico-financieros y en la diferente interpretación que ambos interlocutores dan a las leyes de ordenación de los sectores básicos de competencias exclusivas del Estado.

Dos comisiones examinarán las posibilidades de acuerdo sobre las transferencias pendientes y las

diferencias económico-financieras

En septiembre, nueva cumbre para analizar los avances

El lendakari vasco reconoció, sin embargo, que las casi nueve horas de reunión, con una cena de por medio en los jardines de la Moncloa, contribuyó a «clarificar la voluntad de entendimiento, poner de manifiesto que no hay intención mutua de mantener la tensión o la crispación y reafirmar la convicción de que Euskadi se muestra solidario hacia el resto del Estado».

Discrepancias económico-financieras

La reunión sirvió, por lo menos, como subrayó el presidente del Gobierno, para hacer un catálogo de los problemas a resolver; encargar a dos comisiones que preparen los acuerdos técnicamente y comprometerse para que, hacia mediados de septiembre, se compruebe si esas comisiones han logrado acercar diferencias. La comisión técnica examinará las discrepantes concepciones económicas existentes acerca de los conceptos de si la inversión nueva es o no transferible junto a las inversiones de reposición y de mantenimiento de las competencias que asuma la comunidad, así como la incidencia de ese traspaso en la planificación presupuestaria del Estado y de Euskadi. De otra parte, se analizará el tema del Insalud, la revisión del cupo de aportación de la comunidad vasca, a las cargas del Estado y la participación de aquélla en el Fondo de Compensación Internacional.

En esta comisión económico-financiera que se reunirá la próxima semana por separado con la comisión mixta de transferencias, estarán presentes los técnicos del Estado que participaron en la redacción de los pactos autonómicos y el informe Enterría, que dio origen a la LOAPA, como Jaime Trevollez y Francisco Fernández Marugán. Este último asistió como asesor del presidente a la «cumbre de la Moncloa», así como Mario Fernández, vicelendakari vasco, y Pedro Luis Uñarte, consejero de Economía del Gobierno de Vitoria.

En definitiva, se trata de que, de acuerdo con lo establecido por los pactos autonómicos, el Gobierno quiere lograr un control de la inversión nueva a efectos de coordinar toda la inversión pública del

Estado, así como la planificación. Pero la distinción entre inversión de reposición (gastos de conservación, mejora y sustitución de los servicios transferidos) y la inversión nueva no estaba en la Constitución, ni en los estatutos, ni en la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ni tampoco en el concierto económico con el País Vasco. Simplemente, esta distinción es fruto de los pactos autonómicos que los vascos no aceptan porque ellos no participaron y porque estiman que incrementan sus aportaciones financieras al Estado. Al limitarles la inversión nueva a las propuestas que haga la comunidad para incluir en el Fondo de Compensación Interterritorial —al que el País Vasco contribuye, aunque también se beneficia de él— pierden el control sobré recursos financieros en competencias que son propias de la comunidad.

Si a esto se añade que las leyes básicas de ordenación de los grandes sectores de competencias del Estado —la Universidad, la enseñanza, el régimen local, la reforma de la Administración, la propia LOAPA— introducen criterios armonizadores y generalizadores para el ejercicio delegado de algunas de estas competencias a través de convenios con las comunidades autónomas, se comprenderá que los

vascos hablen de que sedes recorta el techo de competencias de su Estatuto y se les equipara al de las demás autonomías.

Para el Estado, en cambio, es básico controlar la inversión pública y homogeneizar y generalizar el proceso autonómico desacuerdo con los pactos que suscribieron con UCD hace dos años y de los que nació la LOAPA. Los recursos a esta ley, que habrá de sustanciar el Tribunal Constitucional, parece que se retrasarán al final de la semana que viene o principios de la primera de agosto —en todo caso, antes de las vacaciones—, pero podrían corregir algunos de los desaguisados jurídicos que introdujo el consenso entre UCD y PSOE, hace ahora dos años, urgido por la premura de reducir te presión de los cuarteles, tras el abortado golpe del 23 de febrero del 81.

Urgencias electorales

La tensión y dramatización de las resoluciones entre el Gobierno Central y Euskadi vienen también impuestas por la escalada de la violencia de los grupos que apoyan al terrorismo y que obligan al PNV a mostrarse intransigente por la cercanía de las elecciones autonómicas de marzo y los anuncios de que sí, en este último intento de diálogo con el Gobierno socialista no se llega a un acuerdo, Garaicoechea disolvería el Parlamento vasco y convocaría elecciones para otoño, quizá en el peor momento para los socialista de Euskadi, dada la crisis surgida en Vizcaya por la dimisión de García Damborenea, que es el «Alfonso Guerra» del socialismo vasco.

Felipe González, en cambio, mostraba en la madrugada del viernes una línea de firmeza en la defensa de los símbolos de la nación y las competencias del Estado, rechazando las afrentas que estos1 símbolos tienen que sufrir en Euskadi, cuando en esa misma madrugada el presidente del Gobierno, en relación con los sucesos de Rentería, dio más importancia al desprecio a la bandera nacional ´que a los enfrenamientos que se habían suscitado, con el resultado de numerosos heridos.

El pacto de Arzallus

A pesar de la distancia entre las posiciones y de las dificultades para llegar a un arreglo, al menos se consiguió un acuerdo sobre la antigua propuesta del presidente del PNV, Arzallus, al final del mandato de Suárez. Pacto que hace un mes nos recordaba el presidente del PNV a un grupo de periodistas en Madrid. Se trata de un sistema de consulta mutua sobre aquellas leyes que bien el Gobierno de la nación entienda que pueden afectar a la autonomía vasca o que el Parlamento de ésta estime que pueden rozar las competencias del Estado. Estas consultas previas no supondrán vinculación alguna por parte de los respectivos poderes a la opinión del otro, sino que se intenta ensayar un método para evitar posteriores conflictos. Pero si no se llegara a un acuerdo, el conflicto se remitiría al Tribunal Constitucional.

De hecho, este método de consultas, si bien no puede ser un sistema de diálogo, puede convertirse en .el reconocimiento práctico de la diferencia de la autonomía de Euskadi respecto a la de las demás regiones. Diferencia que sirve de pretexto, junto con la violencia terrorista, para que el PNV continúe en su política de «arrancar concesiones en continuos chalanees con Madrid».

 

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