La Comisión de Suplicatorios deja en suspenso su decisión sobre Monzón y Letamendía  :   
 Parece que se van a pedir más datos al Tribunal Supremo. 
 ABC.    09/10/1979.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LA COMISIÓN DE SUPLICATORIOS DEJA EN SUSPENSO SU DECISIÓN SOBRE MONZÓN Y LETAMENDIA

Parece que se van a pedir más ciertos al Tribunal Supremo

A las diecinueve treinta horas de ayer finalizó la reunión a puerta cerrada de la Comisión de Suplicatorios del Congreso, que había de omitir dictamen sobre la concesión, o no, de los suplicatorios contra los diputados de Herri Batasuna, Monzón y Letamendia.

Los representantes de los grupos en la Comisión se negaron a hacer declaraciones al término de la misma, señalando que la reunión era secreta y que se había acordado no decir nada sobre la misma. El presidente de la Comisión, José Ramón Pin Arboledas, manifestó que «la reunión se ha celebrado a puerta cerrada y, por tanto, su contenido es secreto, al Igual que si ha habido o no dictamen».

No obstante, Efe pudo saber que la Comisión había emitido dictamen, que será ratificado por el Pleno de mañana, en el sentido de dejar en suspenso la decisión final sobre dichos suplicatorios, y solicitar, del presidente del Tribunal Supremo, la remisión del testimonio de los «particulares pertinentes» de otros sumarios en trámite ante la Sala Segunda en los que figuren como denunciados los diputados antes citados.

Las mismas fuentes precisaron a Efe que, mediante la interpretación del articulo 71.2 de la Constitución, y teniendo en cuenta que ya existe un precedente de 1904, se trata de aplazar la decisión de la Comisión hasta que se conozcan más pruebas sobre ambos diputados, ya que tras la solicitud del primer suplicatorio — por el que la Comisión debía ahora emitir dictamen— se les han imputado posteriormente otros delitos similares, que, por su importancia, la Comisión estima debe conocer para poder pronunciarse definitivamente.

LA JUBILACIÓN DEL PRESIDENTE DE SALA NO RETRASA EL PROCESO

En relación con comentarlos aparecidos, que afirman una supuesta paralización de las acciones judiciales contra los diputados vascos, señores-Monzón y Letamendía (debido a la jubilación del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo), fuentes próximas al Ministerio de Justicia han puesto de manifiesto que son totalmente inexactos, toda vez que al producirse la vacante de dicha presidencia entra en funciones automáticamente el sustituto legal: o sea el magistrado más antiguo de la Sala, funcionando sus dos secciones en la misma forma en que venían haciéndolo; es decir, formadas por un presidente y dos o cuatro magistrados, según los casos. Debiendo significarse también que la plantilla de la repetida Sala Segunda del Tribunal Supremo consta de diez magistrados, además del presidente, número suficiente para cubrir permanentemente el servicio.

En cuanto al hecho de la jubilación de dicho presidente de la Sala Segunda, don Adolfo de Miguel, las mismas fuentes puntualizan :

1. Los funcionarios de las carreras judicial y fiscal se jubilan, necesariamente, a los setenta años.

2. Los magistrados del Tribunal Supremo y miembros de la carrera judicial y fiscal, con categoría de magistrado o fiscal puede, excepcionalmente, ser prorrogados en el servicio activo hasta los setenta y dos años.

3. La ley de 18 de marzo de 1966 (artículo 18) permitía un sistema de prórrogas anuales, concedida discrecionalmente por el Ministerio, hasta que el Interesado hubiera cumplido los setenta y cinco años, si éste así lo solicitaba, sistema que actualmente quedará sin vigencia.

El hecho de que los presidentes de dos Salas del Tribunal Supremo (así como otro magistrado de una Audiencia territorial, quienes superan todos los setenta y dos años), no hayan, sido prorrogados en sus cargos (en uso de las facultades discrecionales del Ministerio de Justicia.), no supone otra cosa que una completa congruencia con el proyecto de ley por el que se independiza el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del poder judicial (ya aprobado por el Gobierno y remitido al Congreso), en el Que textualmente en la disposición adicional se dice:

«Quienes hubieran cumplido los setenta y dos años y estuvieren gozando de prórroga serán jubilados automáticamente al día siguiente de la publicación de la presente ley.»

Es completamente lógico, por tanto, que no se concedan desde la fecha de la remisión al Congreso del proyecto de ley unas prórrogas de edad, cuya duración sería, en cualquier caso, de muy pocos meses. La decisión, como puede verse, no tiene otras connotaciones que las de pura congruencia con el proyecto aprobado.

 

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